Se trata de la ley que dispone el régimen jurídico de la entidad garante en Euskadi del derecho fundamental a la protección de datos, cuya finalidad es proteger a las personas ante el tratamiento que los entes que componen el sector público vasco realicen de sus datos personales.
La necesidad de una nueva ley en nuestra comunidad autónoma venía dada por las modificaciones que se han ido dando estos años en el marco jurídico de la protección de datos tanto en el ámbito de la UE como en el estatal.
Además de otorgarle un nuevo nombre la Ley obliga a rediseñar la organización y funcionamiento de la autoridad en materia de protección de datos, ampliando a su vez el ámbito que puede ser controlado por la Autoridad Vasca de Protección de Datos, que podrá a partir de ahora vigilar la actuación de entidades que antes no podía fiscalizar.
Los cambios que propiciará la Ley llevarán a un fortalecimiento de la Autoridad Vasca de Protección de Datos frente a las demás administraciones públicas y a la ampliación de la potestad sancionadora de la Autoridad.
Se trata, por lo tanto, de una Ley importante, en la medida en que regula las bases de la organización y funcionamiento del ente que salvaguarda el derecho a la protección de datos de carácter personal en el ámbito de Euskadi, adaptándola a la normativa europea y estatal vigente.