El Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco atendió en 2022 a 14.411 personas

20 de enero de 2023

• En sus oficinas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
• El 85,5% de los temas abordados estaban relacionados con conflictos derivados de rupturas de pareja
• Incremento del 8% en el número de atenciones respecto a 2021
• De los procesos de mediación finalizados, el 82,1% ha concluido con acuerdos
• Irune Muguruza: "La experiencia vasca, referente estatal: es el único servicio público de acceso directo y universal de estas características"
• Evita o previene la judicialización de las relaciones familiares, para que sus protagonistas alcancen un acuerdo consensuado
• Mañana sábado, Día Europeo de la Mediación: el 21 enero 1998 el 21 enero de 1998 se aprobó la Recomendación europea 98/1 para el desarrollo de la Mediación Familiar 

Vitoria-Gasteiz 20 01 2023

El Servicio de Mediación Familiar del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vascos ha aumentado su actividad: en el año 2022 atendió a un total de 14.411 personas en sus sedes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, lo que supone un incremento del 8% con respecto a 2021. 

Este servicio, gratuito y disponible para cualquier familia residente en la Comunidad Autónoma que quiera resolver un conflicto familiar fuera del ámbito judicial, lleva 26 años en activo y, año tras año, su demanda aumenta.

2022 ha cerrado con un total de 2.219 expedientes atendidos -que se corresponden con 2.219 familias- lo que supone un incremento del 6% respecto a 2021 (2.093 expedientes). De ellos, 745 corresponden a pre-mediaciones, 978 a mediaciones y 496 a seguimientos.

Por territorios, Bizkaia, que suma más del 56% de los expedientes, ha acrecentado un 10% los casos atendidos, Araba-Álava, que supone el 20% de los expedientes, ha observado un incremento del 5,5%, y Gipuzkoa, que aporta el 24% de los casos, ha experimentado un aumento del 7%.

Según la directora de Familias e Infancia, Irune Muguruza, “los datos reflejan un incremento continuo en la demanda del Servicio de Mediación Familiar en los tres Territorios, por ello, en 2022 se ha reforzado el equipo y se ha elevado el presupuesto, que asciende a 840.000 euros anuales”.

“El servicio se inicia con una primera cita presencial, que se puede solicitar a través del teléfono o del correo electrónico, en la que el equipo explica el procedimiento y, en caso de que la persona manifieste su interés, se da comienzo a la fase de pre-mediación que consiste en explicar el proceso de mediación a las partes implicadas para que decidan si inician la mediación. Una decisión que deben ratificar con la firma de un documento de compromiso” detalla Muguruza. En 2022 se llevaron a cabo 745 intervenciones de pre-mediación.

Firmado el compromiso se inicia el proceso de mediación en el que las familias o parejas en conflicto se reúnen con la persona mediadora en diferentes sesiones, en las que trabajan sus puntos de vista y los contrastan con la otra parte para tratar de resolver el problema que les ha llevado a mediación.

El objetivo del servicio es lograr un acuerdo entre las partes en el que se establece qué va a aportar cada parte para resolver el problema. En 2022, el equipo de mediación acompañó 978 expedientes de mediación, de los cuales un 82,1% consiguió llegar a acuerdos. Por el contrario, un 16,6% decidieron poner fin a la mediación y en el 1,3% de los casos, la mediación resultó inviable.

El servicio incluye una fase de seguimiento del acuerdo firmado por las partes, que suele llevarse a cabo pasado un año de su firma. En 2022 se hizo seguimiento a 496 acuerdos.

Muguruza estima necesario “revisar el nivel de cumplimiento o la viabilidad que tiene el acuerdo pasado un tiempo. Si las partes deciden que el acuerdo que tomaron ha quedado obsoleto o no se corresponde con sus necesidades, pueden pactar su modificación e incluso podrían solicitar un nuevo proceso de mediación para revisar el estado del conflicto y buscar otra forma de acuerdo más acorde a la realidad”.

Tipo de conflictos

El 85,5% de las familias que acudieron al SMF en 2022 plantearon conflictos derivados de la situación de ruptura, mientras que el 14,5% restante (un porcentaje que va en aumento, año tras año) presentaban otro tipo de conflictos familiares (desacuerdos entre hermanos/as, conflictos intergeneracionales, etc.). Entre las familias atendidas, muchas de ellas tenían hijos e hijas a cargo.

Tolosa

En el año 2021 se abrió una nueva sede del servicio en Tolosa, con la intención de facilitar el acceso a la ciudadanía de la comarca de Tolosaldea. Los datos obtenidos en 2022 (48 expedientes) constatan un incremento progresivo en el número de personas que han acudido a la mediación familiar, duplicando el número de expedientes trabajados respecto al año anterior.

Análisis por género

El acercamiento al servicio lo realizan mayoritariamente las mujeres (68,2%) y en las pre-mediaciones se observa mayor presencia femenina (59,95%). En cambio, en los procesos de mediación, el porcentaje de presencia de las mujeres (51,4%) se va igualando al de los hombres.

Experiencia internacional

Durante el año 2022 se ha llevado a cabo una experiencia novedosa: una colaboración internacional e institucional con el Centro Judicial de Mediación de la provincia de Entre Ríos -Argentina- para iniciar una co-mediación familiar entre dos partes, una de ellas residente en Entre Ríos y otra en Donostia/San Sebastián.

Sedes

El Servicio de Mediación Familiar-SMF del Gobierno Vasco atiende en las capitales de los tres Territorios Históricos: en Vitoria-Gasteiz (calle Santa Olaja de Acero 1); en Donostia-San Sebastián (calle Larramendi 1), y en Bilbao (Santutxu 69). Desde 2021 también atiende un día por semana en Tolosa (edificio Gorosabel).

El SMF en Euskadi cuenta con equipos multidisciplinares compuestos por personas educadoras o trabajadoras sociales, abogados/as y psicólogos/as, en cada Territorio Histórico. 

La experiencia del SMF de Gobierno Vasco es un referente estatal ya que es el único servicio público de acceso directo y universal de estas características, con la relevancia que tiene de cara a evitar la judicialización de las relaciones familiares, en la medida que sus protagonistas puedan alcanzar un acuerdo consensuado con carácter previo al procedimiento judicial o, incluso, en una fase post judicial.