La Vicelehendakari presenta las bases del V Plan de Inclusión para atajar las nuevas brechas de desigualdad

28 de septiembre de 2022

•  El Plan pretender incrementar la eficacia de las prestaciones, reducir la pobreza en el empleo y prevenir las desigualdades en salud
•  “Queremos transitar de un sistema centrado en lo que pueden ofrecer los servicios, a un sistema centrado en lo que debemos ofrecer a las personas”, señala Mendia

La Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha presentado las bases del V Plan de Inclusión, que pretende incrementar la eficacia de las prestaciones, reducir la pobreza en el empleo y prevenir las desigualdades en salud. “Queremos transitar de un sistema centrado en lo que pueden ofrecer los servicios, a un sistema centrado en lo que debemos ofrecer a las personas”, ha destacado, a la vez que ha apelado a un amplio consenso en torno a la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, en tramitación en el Parlamento.

Durante la inauguración de la II Jornada de Inclusión, en la que han participado representantes institucionales y del tercer sector, la Vicelehendakari ha recordado el reto de no dejar a nadie atrás como uno de los principios esenciales del programa del Gobierno vasco, que se traducen en que “ningún miembro de nuestra sociedad quede descolgado, no sólo de un mínimo de bienestar, sino de las oportunidades de reenganche social y laboral”, y no se abra “ninguna nueva brecha de desigualdad”.

Tras reiterar el compromiso del Departamento que dirige por lograr “una Euskadi más cohesionada, con mejor empleo y con más oportunidades para todas las personas”, objetivo en el que “estamos volcados”, la Vicelehendakari ha repasado los pasos dados en los dos años de legislatura para alcanzarlo. En este sentido, se ha referido a la futura Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, para cuya elaboración se ha contado con una “participación máxima en la que no hemos dejado sin escuchar una sola opinión”, y en la que “hemos ido incorporando una gran parte de esas aportaciones recibidas”.

“Porque no nos hemos conformado con construir un modelo más ágil y fácil, ni siquiera con ampliar el campo de personas que merecen tener reconocido el derecho a la renta y mejorar las cuantías que perciben, hemos diseñado un sistema que no sólo sea el mejor refugio, sino también la mejor palanca de inclusión ante todas las incertidumbres presentes y futuras, porque no nos van a abandonar”, ha asegurado, al tiempo que ha confiado en que “los grupos parlamentarios participen también del consenso que hemos alcanzado con el tercer sector”.

Sobre el Plan de Inclusión ha asegurado que con él “vamos a transitar de un sistema centrado en los servicios, en lo que se puede ofrecer, a un sistema centrado en las personas, en lo que debemos ofrecerles”. Ese va a ser, ha añadido, el marco estratégico de los próximos cinco años.

Concreciones del Plan

En la Jornada de este miércoles en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián se suceden las ponencias y mesas de debate en las que se reflexiona sobre las políticas que se desarrollan en Euskadi para prevenir la pobreza, y en la que se han podido conocer experiencias y modelos de actuación desarrollados en otros territorios. En este marco, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, ha explicado las líneas estratégicas de este nuevo Plan, en fase de elaboración en la Comisión Interinstitucional para la Inclusión, y que será remitido al Parlamento antes de fin de año.

El documento establece retos y una serie de resultados que suponen un esfuerzo para priorizar de forma consensuada las principales transformaciones y avances que se tienen que producir en las políticas relacionadas con la inclusión, así como para definir de forma conjunta los cambios que se han de producir en la situación de la población vasca.

Entre los resultados que se espera poder alcanzar con este plan, Gurpegui ha destacado el incremento de la eficacia del sistema de prestaciones; reducir las tasas de desempleo, especialmente las vinculadas al desempleo de larga duración; disminuir la pobreza en el empleo y el porcentaje de población con bajos salarios que accede al sistema de estímulos al empleo en el marco de la RGI; reducir el gasto excesivo en vivienda, esto es, el porcentaje de población que debe destinar más del 40% de su renta a gastos de vivienda; y reducir la exclusión residencial grave, el número de personas en la calle, albergues y centros de corta estancia.

Asimismo, se busca materializar el derecho subjetivo a la vivienda incrementando el número de personas que residen en viviendas de alquiler de promoción pública, así como el de las que acceden a la prestación económica de vivienda; reforzar la capacidad de actuación de los servicios sociales en el ámbito de la exclusión social; prevenir la pobreza energética reduciendo el porcentaje de población que la experimenta; y prevenir las desigualdades en salud en cuanto a mortalidad, salud percibida, prevalencia de enfermedades crónicas y estado de salud mental entre territorios con diferentes niveles de renta y entre personas de diferentes estratos socioeconómicos.

Datos de partida

Para la definición del Plan se ha realizado previamente un diagnóstico de necesidades que ha revelado que desde la elaboración del documento anterior en 2017 han crecido en Euskadi las situaciones de exclusión social severa, que afectan al 9% de la población vasca, así como las de pobreza severa, que afectan al 6,1% de la población, el doble que en 2008, pese al incremento del PIB. Además, se han incrementado las tasas de desigualdad debido a que los ingresos del 20% más pobre crecen en mucha menor medida que los ingresos del 80% restante.

Asimismo, y pese al impacto del COVID, se mantienen las tasas de actividad y de ocupación y se reducen las de desempleo, se reduce la demanda de vivienda, pero se incrementan los precios de acceso a la vivienda en compra y alquiler, y disminuye también el número de desahucios, pero crecen aparentemente las situaciones de sinhogarismo. El diagnóstico apunta, además, que persisten las desigualdades socioeconómicas con relación a la salud, la mortalidad y a los resultados educativos, que la discapacidad, el género, la edad y el origen siguen siendo factores de riesgo en relación a la pobreza y la exclusión, y que desde 2015 ha crecido el número de personas inmigrantes, si bien la pandemia ha ralentizado los flujos migratorios.

Para la puesta en marcha del Plan se establecerá un marco estratégico con prioridades comunes, objetivos y recomendaciones que orienten las políticas de todos los agentes implicados en las políticas para la inclusión, y dos planes operativos, uno para el periodo 2023-24 y otro 2024-25 con actuaciones y proyectos tractores específicos promovidos por las administraciones públicas y por el Tercer Sector. Asimismo, el Departamento de Trabajo y Empleo articulará una línea específica de financiación para promover la puesta en marcha de proyectos.