La viceconsejera de Trabajo propone al Ministerio que Donostia sea Capital Española de la Economía Social 2023
8 de julio de 2022
- Traslada el acuerdo de la Mesa vasca de Diálogo Social para completar las competencias de Osalan con la transferencia del Instituto, y contrastan los nuevos planes de choque contra el fraude en contratación
La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, ha trasladado este viernes formalmente al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la solicitud para que Donostia sea Capital Española de Economía Social en el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea.
En una visita realizada por varios asuntos de agenda compartida entre ambos Gobiernos, la viceconsejera ha formalizado la propuesta de capitalidad, recordando el papel de la economía social muy específicamente en Gipuzkoa, con una función no sólo de desarrollo económico sino vertebradora y de cohesión social. Un papel que se ve reforzado con el apoyo expreso del Departamento de Trabajo y Empleo que dirige la Vicelehendakari Idoia Mendia, pero también de la Diputación de Gipuzkoa y los ayuntamientos. En el caso concreto de Donostia, ha destacado su carácter referente asociativo empresarial y su compromiso con estrategias que apuestan por la atracción del conocimiento y por la innovación, uno de los retos de la Estrategia 2030.
Todo ello, ha explicado Pérez Barredo, "justifica y avala suficientemente la postulación de Donostia como capital española de la Economía Social en 2023", para lo cual ha planteado al secretario de Estado una agenda de eventos en los que participaría la totalidad de las familias de la Economía Social.
En el encuentro mantenido en Madrid esta mañana, la viceconsejera también ha planteado al secretario de Estado la oportunidad de materializar la transferencia del centro que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene en Barakaldo, y que ha sido respaldada expresamente por la Mesa de Diálogo Social de Euskadi. Este traspaso fue ya reclamado por la Vicelehendakari a la ministra Yolanda Díaz en la primera reunión que mantuvieron ambas en Vitoria en octubre de 2020, y figura en el cronograma orientativo para completar las transferencias.
Pero, además, el pasado 15 de diciembre el grupo de trabajo de salud laboral de la Mesa, al aprobar la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud Laboral 2026, hizo pública una declaración por la que considera que "el pleno y eficiente ejercicio de las competencias de la CAPV en materia de prevención de riesgos laborales requiere la asunción de los medios personales y materiales todavía pendientes de traspaso, como es el Centro que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene en Barakaldo, e insta a que se produzca lo antes posible. Todo ello sin perjuicio de los convenios de colaboración que sea necesario suscribir con otras comunidades autónomas para la prestación de asistencia a otros servicios y agencias ubicados fuera de la CAPV".
Previamente a esta reunión con el secretario de Estado, la viceconsejera y la subdirectora de Inspección de Trabajo del País Vasco, Icíar González Carrasco, han mantenido un encuentro con la directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carmen Collado, con quien han contrastado la evolución de los planes de choque compartidos, muy específicamente los desplegados este año para evitar fraudes en la nueva contratación derivada de la reforma laboral.
