Garamendi alerta de la "hipervigilancia" del Gobierno español a la producción normativa del Parlamento Vasco
28 de octubre de 2022
- En su intervención en la Cámara vasca, la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno advierte de la “rigidez excesiva” del Gobierno del Estado en la valoración de las leyes vascas
- Garamendi pone en valor la producción normativa del Parlamento Vasco y expresa su “respeto” a las normas aprobadas en la Cámara vasca
La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha alertado del exceso de rigidez del Gobierno español en la valoración de las leyes aprobadas por el Parlamento Vasco y ha manifestado que existe una “hipervigilancia” sobre la producción legislativa que realiza. Este control excesivo deriva en una “tutela carente de legitimidad” por parte del Estado sobre las normas acordadas y aprobadas por la Cámara vasca. Por ello, ha trasladado al Parlamento su “respeto” a las normas aprobadas por la Cámara.
Garamendi ha realizado estas manifestaciones durante el pleno control que se ha celebrado esta mañana en la que le han preguntado sobre la actitud del Gobierno español hacia las leyes del Parlamento Vasco.
Durante el mandato del lehendakari Iñigo Urkullu el Parlamento Vasco ha aprobado 83 leyes y decretos legislativos, de las que 20 han sido derivadas a negociación bilateral al ser cuestionada su constitucionalidad, en base al artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Finalmente, ante la falta de acuerdo entre las partes, la Administración General del Estado ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad a seis de esas normas vascas.
“El Estado acude a la vía del art.33.2 de la LOTC exhibiendo una supuesta capacidad de entendimiento y negociación con las autonomías y, de esta forma, pretende evitar cualquier reproche que se le pudiera hacer sobre la falta de diálogo”, ha subrayado la Consejera.
Tras subrayar que, para llegar a un acuerdo, la premisa básica es que exista un desacuerdo, Garamendi ha señalado que más que buscar resolver las discrepancias de índole constitucional, pudiera parecer que el objetivo del Gobierno español es “apuntalar de una forma más explícita las competencias estatales”.
En este sentido, la Consejera ha enmarcado el anuncio del Gobierno español en torno a los 135 acuerdos sobre conflictos competenciales cerrados en su XIV Legislatura dentro de una estrategia de comunicación que tiene como objeto “realzar y exagerar” las relaciones de colaboración entre gobiernos.
