El Parlamento Vasco aprueba la ley del Sector Público Vasco
12 de mayo de 2022
- La ley define y establece las líneas generales de la organización y el funcionamiento del sector público y es determinante para modernizar el sector público y eliminar duplicidades
- Ha salido adelante con el apoyo de PNV y PSE y la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que han incorporado al texto final varias enmiendas
El Parlamento Vasco ha aprobado hoy la ley del Sector Público Vasco, una norma que establece las líneas generales de la organización, la estructura, el funcionamiento y el régimen jurídico del sector público. Se trata de una ley determinante para afrontar los retos del nuevo modelo de gobernanza pública para organizar, racionalizar y modernizar todo el sector público y eliminar duplicidades. El texto recoge las fórmulas de atención a la ciudadanía y participación de la misma, pone el acento en los procesos de evaluación de la gestión así como nuevas medidas en favor de la eficacia y la cercanía en servicio de la administración a la ciudadanía.
La ley ha sido aprobada con los votos a favor de PNV y PSE que durante el trámite parlamentario han incorporado algunas enmiendas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que finalmente se han abstenido. Por su parte, PP+Cs y Vox han votado en contra. Tras su aprobación por el Gobierno Vasco en diciembre de 2020, el proyecto de ley elaborado por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha sido debatido y tramitado en el Parlamento Vasco hasta su aprobación definitiva casi año y medio después. La consejera Olatz Garamendi no ha podido asistir a la sesión plenaria tras suspender su agenda pública al dar positivo por Covid-19.
El texto establece principios y normas comunes aplicables al sector público vasco, a su dimensionamiento y transformación, y también a su funcionamiento como servicio público y de relación con la ciudadanía, así como los principios de interacción con la ciudadanía, sus derechos y deberes en su relación con la Administración pública vasca. Además, regula los principios que deben guiar la Administración electrónica y el impulso de la participación pública por medios electrónicos, sin perjuicio de la relación presencial en los casos en que se necesitan. La norma garantizará los derechos lingüísticos ya que establece que las dos lenguas oficiales serán lenguas de servicio, de relación y de trabajo en el conjunto del sector público vasco.
Gran parte de las previsiones legales recogidas en la ley tienen que ver con la organización, estructura y funcionamiento del sector público vasco. La ley establece el perímetro del sector público vasco, entendiendo por tal al compuesto por los sectores públicos de todas las Administraciones públicas vascas, incluidas la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las Administraciones forales de los Territorios Históricos y las Administraciones locales, todas ellas con su respectiva Administración institucional.
Con el fin de evitar solapamientos y duplicidades innecesarias e ineficaces, la ley prevé un nuevo, interesante y útil instrumento: la Comisión Interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del Sector Público Vasco. En este sentido, endurece las fórmulas para la creación de nuevas figuras de gestión, las medidas para la racionalización y dimensionamiento del sector público y prevé la creación de un Registro de Entidades del Sector Público.
Pone los pilares para que el Sector Público Vasco esté en un proceso de mejora continua que redunde en beneficio de la sociedad, ofreciendo un servicio más cercano, eficaz y moderno, de modo que la ciudadanía reciba una atención mejor y más eficiente. En definitiva, pretende la modernización y puesta al día de la Administración pública vasca y el impulso de una nueva cultura administrativa tanto dentro como fuera de la Administración.
