El Consejo de Gobierno rechaza que la Administración electoral se encargue del envío centralizado de la propaganda electoral (Consejo de Gobierno 22-11-2022)
22 de noviembre de 2022
- El Consejo manifiesta su criterio desfavorable a un cambio de la actual Ley
El Consejo de Gobierno ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos-IU de modificación de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de elecciones al Parlamento Vasco. Esta formación plantea establecer un sistema de envío centralizado y común de sobres, papeletas y propaganda electoral unificada y propone que sea la Administración electoral la que efectúe el envío centralizado.
En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno ha expresado su criterio desfavorable a la modificación de la Ley porque la Administración electoral (integrada por las Juntas electorales de cada territorio histórico y las mesas electorales) no tiene ese cometido ni esas funciones, sino que se le asigna un “carácter semijudicial”. En este sentido, cabe recordar que el artículo 13.1 de la Ley vigente se marca como finalidad garantizar “la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los tribunales”.
Las Juntas electorales no tienen encomendadas ni están preparadas para cuestiones de mecánica electoral y pura gestión, como sería si se ocuparán de la remisión masiva de material electoral. Esa atribución de funciones que se pretende con la modificación de ley propuesta no es acorde ni con su finalidad original, ni con su composición y funcionamiento actuales.
La proposición de ley también aboga por que los partidos políticos y coaliciones que pretendan hacer uso del envío único han de someterse a unos “formatos establecidos” y, además, habría que fijar reglamentariamente los elementos constitutivos de la propaganda electoral. El Gobierno Vasco considera que de esta forma se produciría una limitación y un constreñimiento de la libertad de los partidos, federaciones o coaliciones que se presenten a los comicios. De este modo, verían sometida buena parte de su actividad propagandística a los condicionamientos de una norma reglamentaria.
Por último, el Consejo de Gobierno entiende que la proposición de ley presenta incorrecciones de técnica jurídica, ya que debería de plantear la modificación de los artículos correspondientes para recoger esta nueva competencia de la Administración electoral.
