Los gobiernos vasco y español acuerdan negociar, durante seis meses, el "decreto digital" para evitar la vulneración del Estatuto de Gernika (Consejo de Gobierno 21-01-2020)
21 de enero de 2020
- La negociación bilateral paraliza, durante medio año, la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional para acordar su interpretación y aplicación
- Esta negociación es parte del acuerdo de investidura que establece que ambos gobiernos trabajarán para sustituir la litigiosidad de las discrepancias por el acuerdo político
- El Gobierno Vasco considera que el Real Decreto Ley 14/2019, bajo pretexto de garantizar la seguridad pública, instaura un sistema control desmedido y jerárquico en un Estado descentralizado, que vulnera el principio de autonomía política y la competencia de autoorganización de Euskadi
- Además, no hay razones que justifiquen la excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que han llevado a una tramitación tan urgente de esta ley
Los gobiernos vasco y español ha acordado abrir un periodo de negociación bilateral de 6 meses para dirimir las diferencias en torno al “Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones”. Antes del próximo 5 de febrero, el Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y la Ministra de Política Territorial, Carolina Darias, comunicarán en un escrito conjunto al Tribunal Constitucional la apertura del proceso negociación de las discrepancias en el seno de la “Comisión Bilateral de Cooperación”.
El objetivo de esta negociación es acordar la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Disposición Adicional Única, disposiciones transitorias primera y segunda, así como la disposición final ya que, el Gobierno Vasco considera que su redacción actual vulnera las competencias de Euskadi contempladas en el Estatuto de Gernika. Además, el Gobierno Vasco cree que no están justificadas las razones de “excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad” que llevaron al Gobierno español a una tramitación tan urgente de esta ley de contenido tan importante y que modifica hasta 7 leyes que regulan la documentación nacional de identidad, la identificación y firma electrónica ante las administraciones públicas, los datos que obran en poder de las administraciones públicas, la contratación pública o el sector de las telecomunicaciones.
La apertura de este proceso negociador paraliza, durante seis meses, la materialización del recurso ante el Tribunal Constitucional y es fruto del acuerdo de investidura que señala que ambos gobiernos trabajarán para sustituir la litigiosidad de las discrepancias por el acuerdo político.
VULNERACIÓN DE LA AUTONOMÍA POLÍTICA Y LA AUTOORGANIZACIÓN
El Gobierno Vasco considera que el Real Decreto Ley, bajo el pretexto de garantizar la “seguridad pública”, el “orden público” o la “seguridad nacional”, instaura un sistema de control ilegítimo, desmedido y jerárquico en un Estado descentralizado que vulnera el principio de autonomía política y la competencia de autoorganización de Euskadi, sobre todo, en dos campos:
- Identificación y firma electrónica y ubicación de determinadas bases de datos: el Gobierno español establece la previa autorización estatal basado en un informe vinculante de la secretaria de seguridad del Ministerio de Interior (con silencio negativo) para que las administraciones públicas puedan utilizar un sistema propio de identificación distinto a aquellos del certificado y sello electrónico. Además, prohíbe el uso de sistemas de identificación y firma basados en tecnologías de registro distribuido hasta que el Gobierno español lo regule y obliga a que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento y gestión de esos sistemas de identificación y firma, así como los censos, padrones, datos fiscales, datos médicos, etc. estén dentro del territorio español y de la Unión Europea.
- Seguridad en materia de telecomunicaciones: El Gobierno Vasco considera grave que el Real Decreto Ley permita intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas públicas de Euskadi sin que se describa en qué consistirá la intervención, ni las condiciones en las que se realizará, ni la duración máxima que tendrá. No se concretan ni justifican los motivos o criterios que abren la posibilidad de intervención en la red pública de telecomunicaciones sin orden judicial previa.
SANCIONES DESMEDIDAS
Además, el Gobierno Vasco cree que hay una falta de proporcionalidad entre algunas infracciones y sus sanciones. Hay previstas medidas innecesarias y excesivas, cautelarísimas, que no se adecúan al fin propuesto.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Finalmente, el Gobierno Vasco cree que esta norma afecta de una manera grave y restrictiva a los derechos y libertades fundamentales de los artículos 18 y 20 de la Constitución Española ya que el Gobierno español extiende sus efectos a los contenidos que se transmiten y, con ello, a la libertad de expresión.
