San José presenta el Proyecto de Presupuestos de Trabajo y Justicia con el objetivo de consolidar los retos del Programa Euskadi 2020
13 de noviembre de 2019
- El presupuesto de Trabajo y Justicia asciende a 225,7 millones de euros, con un incremento del 3,8 %
- Trabajo y Seguridad Social contará con 34,1 millones de euros y para su decidida apuesta por el empleo de calidad dispondrá de la Inspección de Trabajo como herramienta fundamental para luchar contra el fraude en la contratación y la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres.
- El esfuerzo presupuestario de Justicia, 188,6 millones de euros, se destina a reforzar los servicios de atención a la víctima, justicia gratuita, gestión de penas y justicia juvenil.
- Dentro del área de Justicia, la Consejera San José ha señalado el Plan de Actuación en Violencia sobre la Mujer para avanzar en la implementación de políticas públicas en el ámbito judicial con perspectiva de género y continuar forjando un sistema judicial moderno, rápido y eficaz.
- El Servicio Vasco de Gestión de Penas aumenta su presupuesto a 2 millones de euros y ampliará la plantilla de 25 a 40 personas
En la presentación del Proyecto de Presupuestos de Trabajo y Justicia, que con un incremento del 3,8% alcanzará 225,7 millones de euros, la Consejera María Jesús San José ha destacado que su objetivo es consolidar los retos del Programa Euskadi 2020. “Con este nuevo Proyecto –ha dicho San José- esperamos consolidar los objetivos que nos marcamos cuando el PSE-EE y el PNV decidimos apostar por la gobernabilidad de Euskadi”.
La Consejera de Trabajo y Justicia ha añadido que “las dos áreas que componen el Departamento basan su actividad en la inversión sobre las personas con el objetivo de tener las y los mejores profesionales, debidamente motivados y formados para que la ciudadanía obtenga el mejor rendimiento de los servicios que prestamos. Es decir, nuestro eje de actuación son las personas, las que prestan los servicios y las que los reciben.”
El Proyecto de Presupuestos de Trabajo y Justicia para 2020 asciende a 225,7 millones de euros, con un incremento del 3,8 % respecto a 2019.
La Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social contará con 34,1 millones de euros y para su decidida apuesta por el empleo de calidad dispondrá de la Inspección de Trabajo como herramienta fundamental para luchar contra el fraude en la contratación, intensificar el control de las condiciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo, y promover la igualdad entre mujeres y hombres y en particular eliminar la brecha salarial. “Reforzar la Inspección de Trabajo – ha dicho San José- es la garantía de una mayor eficacia. En este presupuesto contemplamos la incorporación de 6 Subinspectores de Seguridad y Salud y hemos solicitado la creación de otras 10 plazas de inspectores, fundamentalmente para unidades especializadas en igualdad de género”
Además, en el presupuesto de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social para 2010 se contempla destinar 350 mil euros para el plan de acción contra la brecha salarial, desarrollar un Proyecto Piloto de análisis de la perspectiva de género en los convenios colectivos e impulsar los principios recogidos en la Declaración de Oñati: Decálogo para un modelo renovado de relaciones laborales. Precisamente la partida más significativa de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social corresponde a las transferencias al Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral - OSALAN que también tiene previstos otros 250 mil euros para el desarrollo del Decálogo para un modelo renovado de relaciones laborales que se sumaran a la partida de 270 mil euros destinada para actividades de Comunicación y Prevención dirigidas a la concienciación social en materia de seguridad y salud a lo largo del ejercicio en el que se definirá la Estrategia Vasca de Seguridad Laboral 2021-2025 y en el que OSALAN gestionará 14,6 millones de euros con los que mantener a la población trabajadora con el mayor grado de prevención de los riesgos laborales.
La Dirección de Economía Social (5,7 millones de euros) tiene previsto en 2020 planificar el desarrollo normativo de la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi, continuar con el impulso de las Empresas Participadas y diseñar el Plan Estratégico de Emprendizaje en Economía Social 2021-2024.
En lo relativo a la gestión de los recursos destinados a promoción, la Dirección de Economía Social mantendrá los ejes fundamentales de apoyo para, entre otros, la creación y consolidación de cooperativas y sociedades laborales (2 millones de euros), para la formación (923 mil euros), y para el fomento de la intercooperación y de las nuevas técnicas de gestión adaptadas a las empresas de economía social. También estás previstas campañas de sensibilización en materia de Responsabilidad Social Empresarial (184 mil euros), especialmente en las pymes, y el apoyo a la implantación de memorias de sostenibilidad en las empresas vascas.
Por otra parte, el presupuesto de la Viceconsejería de Justicia asciende a 188,6 millones de euros, que representan el 83,6% del presupuesto global del Departamento de Trabajo y Justicia. Como ha señalado la Consejera María Jesús San José, entre los principales referentes de actuación está el de dotar a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales que le permitan adaptarse a las nuevas necesidades sociales. “Entendemos la Justicia como un servicio al que debe tener acceso toda la ciudadanía independientemente de los recursos económicos con que cuente. Trabajamos con el conjunto de la sociedad para acabar con una de las lacras sociales más indignantes y nuestra responsabilidad es conseguir que las víctimas de la violencia de género estén debidamente atendidas y protegidas en los procesos judiciales”.
En este sentido, el esfuerzo presupuestario de la Dirección de Justicia (40,3 millones de euros) se orienta a la garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva mediante el sostenimiento de la Asistencia Jurídica Gratuita (15 millones de euros) de acuerdo con el nuevo Decreto que entró en vigor el 1 de enero de 2019 y dota de la máxima eficiencia a la gestión de los Turnos de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita.
“Durante 2019 –ha destacado San José- hemos trabajado con el Colegio de la Abogacía Vasca una mayor dotación económica destinada a la tutela judicial efectiva con especial atención a las mujeres que sufren la violencia intrafamiliar, de género y contra la libertad sexual y el resultado es contar con un mayor número de letrados y letradas dedicados a estas funciones. Además, la Viceconsejería de Justicia ha diseñado un Plan de Actuación en Violencia sobre la Mujer con el que avanzamos en la implementación de políticas públicas en el ámbito judicial con perspectiva de género, pero también para continuar forjando un sistema judicial moderno, rápido y eficaz”.
El Plan de Actuación en Violencia contra la Mujer incorpora el proyecto piloto Zurekin (185 mil euros) para el acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia de género, encuadrado dentro del Servicio de Asistencia a la Víctima (835 mil euros) que atiende, deriva a recursos especializados y realiza el seguimiento de las víctimas de delitos, paliando la victimización primaria y evitando la secundaria.
La Consejera San José también ha destacado el nuevo contrato del Servicio Vasco de Gestión de Penas que ampliará la plantilla de 25 a 40 personas y contará con un presupuesto de 2 millones de euros para desarrollar, entre otras acciones, las necesarias para la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y las suspensiones y sustituciones de las privativas de libertad, así como el programa GAKOA para el tratamiento de condenados por violencia intrafamiliar, de género y/o sexual.
Justicia Juvenil (9,7 millones de euros): la voluntad de mantener a Euskadi a la vanguardia en materia de reinserción y resocialización de menores infractores se pone en práctica mediante el sostenimiento y mejora de los centros educativos que configuran la red de Justicia Juvenil y como ha señalado la Consejera San José, “el incremento de un 7% en el presupuesto de la Dirección de Justicia va a permitir incidir de forma especial en la violencia filio-parental y pasar de los 10 plazas actuales hasta un total de 20. En esta legislatura hemos incrementado en más del 33% la inversión en centros de menores”. Y en esta línea, a lo largo del año 2020, se procederá a la presentación del V Plan de Justicia Juvenil.
En el caso de los Puntos de Encuentro Familiar por Derivación Familiar, que contarán con 2,1 millones de euros en 2020, el incremento durante la legislatura ha sido del 40% y ha permitido aumentar el número de PEF de 6 a 9 y están previstos nuevos espacios en Irún y Amurrio.
En el ejercicio 2020, la Dirección de Administración de Justicia iniciará el proceso de valoración de los puestos de trabajo del personal funcionario cuyo importe asciende a 175 mil euros y se procederá a la puesta en marcha de los planes de formación dirigida a alcanzar la capacitación necesaria en materia de violencia de género e igualdad y en materia de protección de datos., y realizará la evaluación del Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia 2011-2020. “Como consecuencia de la apuesta por el fomento del euskera –ha dicho San José- hemos aumentado la dotación del programa AUZIA EUSKARAZ en un 30% hasta alcanzar los 225 mil euros, y destinamos otros 396 mil euros al soporte informático del proceso de normalización lingüística”.
En el ámbito de las ayudas a la preparación de oposiciones a los cuerpos de judicatura, fiscales, o letrados de la Administración de Justicia, se aumenta en 5 el número de becas hasta alcanzar el objetivo previsto de 40, con una dotación de 264 mil euros.
En la Dirección para la Modernización de la Oficina Judicial y Fiscal (28,6 millones de euros), caben destacar las obras de adecuación de los edificios judiciales a las necesidades de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que una vez finalizadas en Vitoria-Gasteiz continuaran en el resto de juzgados con proyectos que en 2020 están dotados con de una partida presupuestaria de 300 mil euros.
También está dotada con 300 mil euros la partida destinada a la mejora y adecuación de las instalaciones del Servicio Vasco de Gestión de Penas y del Servicio de Atención a la Víctima.
Al respecto de la eficiencia energética de los edificios judiciales se contemplan 211 mil euros para la realización de proyectos pilotos, como la actuación en el Palacio de Judicial de Durango, y en base a las certificaciones realizadas sobre la sostenibilidad energética del sector público de Euskadi.
Asimismo, en 2020 la Dirección para la Modernización de la Oficina Judicial y Fiscal continuará con la mejora de las infraestructuras, aplicaciones y servicios informáticos de la Administración de Justicia, en especial en lo referente a la tramitación digital y expediente judicial electrónico e interoperabilidad con otros agentes, culminando el proyecto BATERA de renovación de Infraestructuras tecnológicas y finalizado el proceso de renovación de los Sistemas de Grabación Digital IkusBi.
