El Gobierno inicia la construcción de 484 viviendas de protección oficial y amplia al Edificio Cristal el equipamiento judicial de Bilbao
5 de noviembre de 2019
El Consejo de Gobierno ha celebrado esta mañana su reunión habitual.
Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Contrato Programa 2019 suscrito entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y su sociedad pública VISESA. El Contrato Programa, recoge para este ejercicio de 2019 la promoción de un total de 484 viviendas de protección oficial. De ellas, un 72% (348) serán en régimen de alquiler y serán gestionadas por la Sociedad Pública Alokabide. El 28% restante (136 viviendas), que ya estaban programadas, se promueven en la modalidad de compra.
Asimismo, en la reunión el Consejo de Gobierno ha acordado la adquisición de un total de diez locales en Bilbao, sitos todos ellos en el edificio conocido como Edificio Cristal, por importe de 2.765.000 euros. La operación de adquisición permite ampliar en 1.175 metros cuadrados el equipamiento judicial de la capital vizcaína, constituir el edificio en sede de Servicios no Jurisdicionales ligados al resto del equipamiento judicial de Bilbao y reubicar algunas dependencias de los Palacios de Justicia de Barroeta y Buenos Aires para acomodar los nuevos Órganos Judiciales ya aprobados (Juzgado de Primera Instancia nº 16) e implantar la futura Nueva Oficina Judicial.
Por otra parte, se ha aprobado en la reunión que el gobierno comenzará a abonar, en noviembre, la subida salarial de 436 puestos de trabajo de Lakua con retroactividad a 1 de enero de 2010. El Consejo de Gobierno ha aprobado, hoy, el “Acuerdo en relación con el abono de los efectos económicos de la modificación de la Relación de puestos de trabajo del personal laboral y funcionario una vez finalizado el proceso organizativo derivado de los análisis funcionales del colectivo de laborales al servicio de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. Así se materializan, a partir de este mismo mes de noviembre, las retribuciones pendientes desde el 1 de enero de 2010, tras el acuerdo sindical que ha permitido actualizar este año de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los departamentos y organismos autónomos. La medida tiene un impacto presupuestario estimado de 4,5 millones de euros. El Gobierno abonará este mes de noviembre el primer 50% de los atrasos y en mayo del 2020, el 50% restante.
