Por Decreto 25/1996, de 23 de enero (BOPV de 26 de enero), se procedió durante el curso 1996/97 a la implantación del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, dejándose de impartir las enseñanzas correspondientes a séptimo y octavo curso de la educación general básica.

Posteriormente, en los años académicos 1997/98 y 1998/99 se implantaron respectivamente el primero y segundo curso del segundo ciclo de educación secundaria obligatoria, extinguiéndose las enseñanzas homólogas, es decir, 1.º y 2.º curso del bachillerato unificado y polivalente.

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 97/1997, de 29 de abril (BOPV de 7 de mayo), en el curso 1997/98 comenzaron a impartirse las enseñanzas correspondientes al primer curso de bachillerato en todos los Institutos de la CAPV, excepto en lo que se refiere a la enseñanza a distancia, bachillerato nocturno y modalidad de bachillerato artístico, así como los ciclos formativos.

En el año académico 1998/99, finalizó el proceso de instauración del bachillerato y se consolidó la implantación de los ciclos formativos de grado medio y superior, sustituyendo con ello las enseñanzas correlativas, es decir, tercero de bachillerato unificado y polivalente, el curso de orientación universitaria y la formación profesional de primer grado, y progresivamente la formación profesional de segundo grado.

La culminación de este proceso ha significado en su conjunto, la extinción de las antiguas enseñanzas de bachillerato unificado polivalente (BUP), curso de orientación universitaria (COU) y formación profesional de 1.º y 2.º grado, y la instauración de las nuevas enseñanzas correlativas de 2.º ciclo de la ESO, bachillerato LOGSE y ciclos formativos de grado medio y superior, ajustando la estructura del sistema educativo a las previsiones de la Ley 1/1990, que extiende el período de la enseñanza básica obligatoria hasta los 16 años, y tras la superación de la enseñanza secundaria obligatoria permite acceder a los estudios de bachillerato, o bien a los ciclos formativos.

La educación secundaria obligatoria, etapa sin precedentes en la tradición planificadora del país, no identificable ni con la antigua educación general básica, ni con el bachillerato unificado y polivalente, se presenta con unos rasgos definitorios en cuanto a objetivos, alumnado y profesorado, induciendo no sólo un curriculum notablemente innovador –a la medida de un alumno o alumna en un estado evolutivo de aparición del pensamiento hipotético-deductivo, característico del pensamiento científico-, sino además una tipología de centros novedosa, fuertemente demandada por los agentes sociales, y que deben ser provistos del profesorado de enseñanza secundaria adecuado en su segundo ciclo.

La LOGSE, en un intento de superar las disfunciones observadas en el bachillerato unificado y polivalente y la formación profesional de régimen especial, ha diseñado una etapa secundaria no obligatoria de gran versatilidad que abre indistintamente las puertas del mundo universitario o del mercado laboral, sintetizando en un nuevo paradigma de centro, la tradicional dicotomía instituto de bachillerato – instituto de formación profesional; se trata del instituto de educación secundaria que oferta bachilleratos y ciclos formativos, sin perjuicio de la existencia de institutos específicos de formación profesional superior.

Por otro lado, la constante regresión de los índices de natalidad registrada en el País Vasco, así como un flujo migratorio de saldo negativo en estos últimos años, ha determinado una notable reducción de la población escolar. Constituyendo la optimización de recursos un principio general de la Administración y expresamente el primer criterio del desarrollo del mapa escolar, el Departamento procedió a una racionalización del sistema educativo, de modo que, partiendo de la actual localización y organización de los centros, se crearon 27 nuevos institutos de educación secundaria por procedimientos de fusión, proceso legalizado a través del Decreto 163/1997, de 1 de julio (BOPV de 4 de julio), de adaptación de los centros docentes, derivado de la implantación de la enseñanza postobligatoria.

El resultado final fue una transformación de la fisonomía de la red de centros de la enseñanza pública: centros de ESO independientes, institutos de educación secundaria e institutos específicos de formación profesional superior.

La reforma educativa no sólo ha transformado la fisonomía de la red de centros de la enseñanza postobligatoria; sus efectos son de mayor trascendencia en el ámbito de las especialidades, que como consecuencia de las necesidades derivadas de la nueva ordenación, se convertirán en polo de referencia de la adscripción del profesorado.

Por Real Decreto 1701/1991, de 19 de noviembre, se establecieron las especialidades del Cuerpo de profesores y profesoras de educación secundaria, a las que deberá adscribirse el profesorado de dicho Cuerpo, determinándose las áreas y materias que deberá impartir el profesorado respectivo en la ESO y Bachillerato.

Posteriormente, por Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, se establecieron las especialidades de los Cuerpos de profesores y profesoras de educación secundaria y de profesores técnicos y profesoras técnicas de formación profesional, regulándose asimismo la adscripción del profesorado afectado a dichas especialidades, según la correspondencia establecida en dicha disposición.

En consecuencia, han surgido nuevas especialidades (economía, informática, tecnología, psicología y pedagogía), y especialmente se han diversificado en el mundo de la formación profesional, estrechamente vinculado a un desarrollo científico-tecnológico y a un mercado laboral en vertiginoso cambio, para darse cita en los IES tanto las especialidades de bachillerato como las de ciclos formativos.

Novedosos han sido igualmente para el sistema educativo el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, que fijó en su artículo 13 los aspectos básicos de los programas de diversificación curricular; la Orden de 10 de julio de 1998, que implantó las enseñanzas de formación básica para las personas adultas en la CAPV, implantación que se llevó a cabo en el año académico 1998-99; el Decreto 289/1998, de 27 de octubre por el que se adaptan las finalidades y estructura del Centro Vasco de Educación Básica a Distancia (CEVEBAD) al nuevo concepto de educación básica establecido por la LOGSE, y que conforma tres centros, uno en cada una de las capitales de los tres territorios históricos; el Decreto 100/1998, de 2 de junio, y el Decreto 332/1999, de 28 de septiembre, que reestructuran la enseñanza postobligatoria; y el Decreto 118/1998, de 23 de junio, que establece y ordena la respuesta del alumnado con necesidades educativas especiales y la Orden de 30 de julio de 1998 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación que lo desarrolla.

Finalmente, se ha de añadir, la transformación de la realidad socio-lingüística de los centros, como consecuencia de la sucesiva promoción de alumnos y alumnas de modelos bilingües, que ha determinado la posesión de un específico perfil lingüístico por parte del profesorado.

La concurrencia de todo este cúmulo de factores genera un panorama inédito en el ámbito de la educación secundaria postobligatoria, decantando la aparición de plazas con renovadas connotaciones en cuanto a especialidad y perfil lingüístico, que serán definidas por medio de la oportuna relación de puestos de trabajo (RPT).

En consecuencia, las Administraciones educativas precisan estructurar sus plantillas sobre la base de las especialidades y perfiles adecuados al nuevo sistema, proyectando un ámbito de condiciones objetivas que se sustanciarán en una relación de puestos de trabajo, y un ámbito de condiciones subjetivas que definan las especialidades desde las que se puede optar a dichas plazas.

En este sentido, la disposición adicional 12.ª del Real Decreto 1635/1995, ya habilitaba a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas para poder establecer criterios y procedimientos para la redistribución del profesorado por la implantación del segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la formación profesional en la forma que determine cada Administración. Posteriormente, el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, recoge en su disposición adicional decimoquinta la misma habilitación.

A tal fin, esta Administración educativa ha diseñado un procedimiento de redistribución que se estructura en dos actuaciones sucesivas, una primera de fijación y readscripción en el centro de destino actual, que se va a llevar a cabo conforme al decreto que ahora se presenta y que motiva la presente memoria, y una segunda a realizar a través del concurso de traslados que se convoque inmediatamente después de finalizar la anterior.

La relación de puestos de trabajo con que se va a actuar es la correspondiente al curso 2000/2001. Esto quiere decir, como luego se expondrá, que los efectos de la adscripción van a ser al 1 de septiembre del 2000, fecha de efectos, igualmente, del posterior concurso de traslados. Implantada la reforma, siendo este curso 1999-2000 el de su consolidación, es ahora, con la visión general que la plena implantación produce, cuando se puede diseñar una relación de puestos de trabajo con vocación de futuro, que garantice una mínima permanencia de las plazas que se contemplan. Hacerlo con una RPT anterior hubiera sido aventurado.

El procedimiento de adscripción en centro se realiza partiendo del principio de mantener en los centros que ya tienen profesorado con destino definitivo al máximo número de éste. Justifica este principio la siempre invocada estabilidad de los claustros. La labor educativa exige una continuidad de proyectos y una planificación a un medio plazo que no se puede realizar sin la permanencia del profesorado en su centro. En cumplimiento de este principio se ha diseñado el procedimiento que a continuación exponemos, el cual consta de dos fases, una primera de fijación-mantenimiento de la adscripción y una segunda de readscripción en el propio instituto que, a su vez, se diseña con tres turnos sucesivos.

En la primera fase se fija a cada profesor y profesora en el puesto de trabajo correlativo a su especialidad y perfil lingüístico. En definitiva, no supone más que mantener a cada uno en la plaza que se encuentra, siempre que exista tal plaza, claro está. Si se habla de puesto correlativo no es más que porque aún no se ha formalizado la correspondencia de especialidades establecida en los ya citados Reales Decretos 1701/1991 y 1635/1995 y en el Decreto 162/1997, de 1 de julio, sobre la adscripción de los profesores y profesoras de enseñanza secundaria y de los profesores técnicos y profesoras técnicas de formación profesional a las especialidades de la formación profesional específica.

Finalizada la fase anterior se procede a la segunda fase, de readscripción en el propio instituto, que se realiza en tres turnos sucesivos de participación voluntaria. Guía esta fase el ya invocado principio de mantenimiento de plantillas y de máxima fijación en el propio centro, como ya se irá exponiendo.

El primer turno de esta segunda fase posibilita la readscripción en plazas de perfil lingüístico 2 del profesorado que teniendo acreditado el mismo era titular de plazas sin exigencia de perfil. Su razón de ser es que de esta manera se liberan plazas a las que puede acceder personal no fijado en ese momento que no tiene conocimiento de euskera, colectivo este que como es obvio resulta más difícil de colocar. Asimismo, este turno permite la readscripción de los no fijados en plazas de la misma especialidad y perfil lingüístico diferente de la que se es titular, entendiendo que estamos ante una transformación lingüística de la plaza, figura prevista en el Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes.

El segundo turno permite la readscripción en plazas de otra especialidad. Se establece este turno, igualmente, para un mayor aprovechamiento de los recursos humanos existentes. En general, el cambio se produce hacia especialidades nuevas en las que hay un considerable menor número de personal funcionario que de plazas vacantes. En la medida en que estas plazas se cubran por readscripción de personas del centro se cumplirá el doble objetivo perseguido, el que se produzca la liberación de plazas a las que se puedan fijar personas del centro y, consecuentemente, el que una mayoría del profesorado actual permanezca.

El acceso a otra especialidad se puede realizar reuniendo alguno de los cuatro requisitos que se indican, siendo prioritario en todo caso el anterior sobre el posterior. El primer requisito es el de la posesión de la especialidad. Esta deriva de la oposición y por tanto de una acreditación directa de competencia para su desempeño.

El segundo requisito es el de posesión de alguna de las titulaciones establecidas en el anexo. Estas son las titulaciones establecidas por los Reales Decretos 1635/1995 y 777/1998 para el acceso a plazas de esas especialidades hasta que finalice el calendario del proceso de implantación del sistema educativo establecido por la LOGSE.

El tercer requisito es el acceso por experiencia. Se posibilita el acceso por experiencia a plazas de economía, formación y orientación laboral, informática optativa de la educación secundaria obligatoria o del bachillerato y a las de la formación profesional específica. Se facilita este acceso por tratarse bien de especialidades nuevas para las que no hay profesorado especialista, este es el caso de la economía y de la formación y orientación laboral, bien de plazas correspondientes a módulos profesionales que en muchos casos han sido puestos en marcha por profesorado con destino definitivo en otras especialidades del propio centro que no puede acceder a las mismas ni por especialidad ni por titulación. Durante los últimos años la formación profesional se ha ido desarrollando ampliamente, de modo que en los centros se han ido instalando e impartiendo especialidades y módulos de la formación profesional específica que se han impulsado por el propio profesorado de los institutos. Es habitual que profesores y profesoras sin las titulaciones específicas recogidas en los reales decretos citados hayan puesto en marcha y hayan impartido y sigan impartiendo a día de hoy esas enseñanzas. Este capital humano es necesario aprovecharlo, máxime si consideramos que no existe otro personal con su experiencia y formación que pueda sustituirlo. En definitiva, se trata de consolidar en unas plazas a personal con destino definitivo en el propio centro que de hecho ya las viene desempeñando.

El cuarto y último requisito es el de formación. Por esta vía únicamente se puede acceder a plazas de formación y orientación laboral. Esta habilitación deriva del artículo 8 del Decreto 162/1997, que posibilita el acceso por formación a plazas de esta especialidad durante el período de implantación del sistema educativo establecido por la LOGSE.

Para concretar las condiciones de acceso por experiencia y formación el texto se remite a una orden que va a regular los criterios de configuración de las relaciones de puestos de trabajo reservadas al profesorado de secundaria y las condiciones de adscripción de este profesorado a las especialidades derivadas de la LOGSE.

El turno tercero de la segunda fase posibilita la adscripción de quienes en ese momento del procedimiento ni se han fijado ni se han readscrito. Son plazas que se crean por restos horarios y cuyo desempeño supone compartir dos centros o impartir dos especialidades. Su futuro está en fase de consolidación, por lo que se ofertan voluntariamente en este momento para aquellas personas que, a pesar de su futuro incierto y de que su desempeño frente a otras plazas en principio puede resultar más oneroso, prefieren adscribirse a ellas que quedarse sin titularidad de plaza alguna.

En cada momento del proceso el profesorado se ordena para ejercer sus derechos por un mismo baremo. En primer lugar se colocan quienes ostentando la condición de catedrático o catedrática con anterioridad a la entrada en vigor de la LOGSE, tuvieran destino definitivo en la plaza obtenida en los concursos de traslados específicos para los extinguidos Cuerpos de Catedráticos numerarios de bachillerato o Profesores numerarios y psicólogos de centros de enseñanzas integradas (estos últimos se integraron en el Cuerpo de catedráticos por la Ley 30/1984, de 2 de agosto). Se trata, en definitiva, de aquellas personas que siendo del extinguido Cuerpo de catedráticos no se han movido de la última plaza que obtuvieron en alguno de los concursos específicos para aquel Cuerpo. Al ser este el primer momento en la historia de la enseñanza secundaria en que hay profesores y profesoras que no pueden continuar en sus centros de destino, consideramos que esta prioridad viene justificada porque estas personas continúan en plazas que en aquel momento estaban reservadas a su cuerpo y que por tanto se diferenciaban del resto. Hay que añadir, además, la dificultad que significaba su acceso pues no se puede olvidar que solamente existía una plaza de catedrático o catedrática de cada especialidad por centro. Quienes posteriormente a la entrada en vigor de la LOGSE han cambiado de destino lo han hecho voluntariamente, a plazas a las que podían acceder junto al resto del profesorado de enseñanza secundaria, utilizando como mérito su condición, por lo que no hay justificación para que se les extienda esta prioridad. Es decir, ya han utilizado los mecanismos ordinarios de movilidad aplicables a todo el profesorado de enseñanza secundaria para acceder al puesto en que actualmente se encuentran.

El criterio general de ordenación, a salvo de la prelación anterior, viene determinado por una igual valoración del tiempo de servicios como funcionario o funcionaria de carrera en el cuerpo desde el que se participa y del tiempo ininterrumpido como funcionario o funcionaria de carrera con destino definitivo en el instituto en el que se participa. Se ha optado por conjugar la importancia que tradicionalmente ha tenido entre el colectivo la ordenación por la antigüedad en el cuerpo junto al principio ya tantas veces invocado de la estabilidad de las plantillas. La readscripción viene inspirada por la idea de mantener en su propio centro al mayor número de profesores y profesoras, es decir, por dar importancia al hecho de que un claustro se mantenga a lo largo del tiempo. Primar la permanencia en el centro es consecuencia de lo anterior.

Respecto al Capítulo V, efectos, destaca la figura del personal desplazado. Esta se creó por primera vez en la nueva redacción dada por el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, al artículo 4 del Real Decreto 1701/1991, para regularse posteriormente en términos prácticamente iguales en la disposición adicional decimotercera del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre. Así, quien no obtenga puesto de trabajo en el procedimiento de adscripción queda desplazado o desplazada de su centro de destino. A este profesorado se le permite adquirir la condición de suprimido si así lo desea. Se permite esta opción a ser suprimido por el hecho de que cabe deducir que quien quiere serlo manifiesta una voluntad de obtener otro destino, con lo que antes llegará a integrarse definitivamente en una comunidad educativa, lo que no sucederá con el desplazado, que bien puede estar alternativamente durante años en su centro y en otros en función de las disponibilidades horarias que en su destino de origen hubiera. La limitación del derecho de opción a cinco días viene motivada por la necesidad de publicar los resultados de la adscripción con antelación a la inmediata convocatoria del concurso de traslados.

Los efectos del proceso son de 1 de septiembre de 2000, como no podía ser de otra manera si decimos que estamos en un procedimiento de redistribución cuya segunda fase es el concurso de traslados a convocar inmediatamente después de que quede resuelta esta primera de la adscripción. Es más, operando, como se ha dicho, con la relación de puestos de trabajo del curso 2000-2001 necesariamente había de ser así.

Se dice expresamente, por si cupiera duda alguna, que el personal que aquí resulte desplazado o suprimido podrá participar en el concurso de traslados que se convoque inmediatamente después de la publicación en el BOPV del resultado de la adscripción, lo que esperamos sea a principios del próximo mes de marzo. El ser la adscripción y el posterior concurso de traslados dos partes de un todo, la redistribución del profesorado de secundaria, hace necesario que así sea, ya que en otro caso la redistribución no sería completa.

Las disposiciones adicionales primera y segunda contemplan a dos colectivos, el del personal laboral y el de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de profesores y profesoras especiales de institutos técnicos de enseñanzas medias (antiguo personal vario), que excluidos de participar en el procedimiento de adscripción forman parte del profesorado que imparte docencia en los niveles educativos cuyas plantillas ahora se pretende estructurar. Entendemos que la normativa reguladora del proceso de redistribución del conjunto del profesorado ha de contemplar la situación de todo el personal de estos niveles con relación de empleo indefinida, con independencia de su vinculación jurídica.

El personal laboral tiene una relación jurídica de empleo que le vincula con su puesto de trabajo mientras éste exista. De este modo, mientras en el centro donde el laboral fue contratado exista una plaza de su especialidad tiene derecho para continuar en la misma. En los centros en los que coexistiendo personal laboral y personal funcionario no hubiere puestos para todos ellos, el laboral continuará en su plaza, siendo el funcionario, que dispone de una movilidad perfectamente regulada, el que sale desplazado; parece éste el máximo grado de conciliación alcanzable en derechos e intereses considerando los diferentes regímenes jurídicos que les afecta a unos y otros. En todo caso, no debe perderse de vista -a diferencia de lo que ocurría en la adscripción al primer ciclo de la ESO- que el personal laboral tiene aquí una escasísima presencia, en torno al uno por ciento, con respecto al personal funcionario, y que únicamente coincide de modo general en dos centros resultantes de fusiones previas. En este sentido se dicta la disposición adicional primera.

Se regula igualmente en la misma disposición el supuesto de que no permanecieran las funciones para las que fue contratado el personal laboral y, en ese caso, se prevé se le adjudique otro destino. Si bien la desaparición de las funciones para las que fue contratado podría suponer una extinción de la relación laboral por causas objetivas, no es menos cierto que ni ése era el compromiso asumido por la Administración con los procesos de publificación, ni es una posibilidad cierta desde el momento en que la propia Ley de Función Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes prevé que el personal laboral fijo docente que no se funcionarice conservará su relación jurídica inicial, siendo sus plazas declaradas a extinguir. Además, difícilmente un juez de lo social admitiría una extinción o, en su caso, despido para estos supuestos, por entender que el empleador -la Administración, con toda su dimensión- dispone de suficientes puestos de trabajo en el conjunto de su estructura y organización para recolocar al laboral afectado cuando fuera preciso. Al no poder el personal laboral participar en procedimientos de provisión de plazas, se prevé la adjudicación de un nuevo destino antes del proceso de adjudicación de principio de curso, por ser éste el momento donde se adjudican las plazas sin ocupante al personal funcionario sin destino definitivo y a los interinos e interinas. Para entonces ya se ha resuelto el concurso de traslados con lo cual los funcionarios y funcionarias de carrera ya han optado a nuevos destinos si les interesaba y, entonces, lo que se oferta es lo que ha quedado vacante.

La disposición adicional segunda prevé la situación de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de profesores y profesoras especiales de institutos técnicos de enseñanzas medias. Este personal es el antiguo personal vario sin clasificar que se funcionarizó conforme a lo establecido por el Real Decreto 1467/1988, de 2 de diciembre, sobre clasificación de personal vario que presta servicios en centros públicos docentes no universitarios. El artículo tres del Real Decreto establece que este personal continuará desarrollando los mismos cometidos que venía realizando a la publicación del presente Real Decreto. Añade en el último párrafo que las relaciones de puestos de trabajo de los centros docentes no universitarios a los que se adscriban tendrán en cuenta las características de este personal. De este modo, las relaciones de puestos de trabajo contemplarán los puestos de este personal, que continuará adscrito a las mismas. El problema puede surgir con el de la especialidad de educación física que actualmente conviven en centros con profesores y profesoras de esta especialidad del Cuerpo de secundaria. En algunos de estos institutos no va a haber lugar para ambos. En aplicación del Real Decreto 1467/1988 la relación de puestos de trabajo de esos centros contemplará la plaza del antiguo personal vario.

La disposición adicional segunda prevé, asimismo, el supuesto de que hubiera que suprimir el puesto de estas personas por falta de funciones, en los mismos términos que lo hacía la disposición primera para el personal laboral. Tal y como se dispone para el personal laboral, el antiguo personal vario en caso de no poder continuar en su destino se le asignará otro puesto en el momento anterior a la adjudicación de comienzo de curso.

La disposición adicional tercera hace una previsión específica para los centros fusionados, a los que ya nos hemos referido al inicio de esta memoria cuando repasábamos cronológicamente las actuaciones habidas en la aplicación de la reforma.

La disposición adicional cuarta viene a concretar determinados aspectos de la ya mencionada figura del personal desplazado. Quien se halla en esa situación conserva su destino en el centro del que es desplazado o desplazada, pero impartiendo docencia en otro centro. No obstante, siempre que en su centro hubiera necesidad horaria suficiente retornará al mismo. Esta necesidad se puede producir por diversas causas, entre ellas las más comunes serán porque una o uno de los destinados en el mismo se encuentra ausente con reserva del puesto de trabajo o porque hay horas liberadas en la especialidad al acceder a la dirección del centro alguna persona de la especialidad. Responde, por tanto, a la circunstancia contrastada de que en los institutos es habitual que sin existencia de una plaza más, sin embargo, por una circunstancia u otra, se liberen horas que permitan mantenerse en el mismo a quien en otro caso hubiera debido adquirir la condición de personal suprimido.

Como ya dijimos más arriba el profesorado desplazada puede optar por la condición de suprimido. Como se ve son dos figuras prácticamente idénticas cuya diferencia únicamente estriba en el hecho de que el suprimido no conserva vinculación con su último centro de destino más allá del derecho preferente para obtener plaza en el mismo en el concurso y de que está obligado a participar en los procesos de provisión de puestos hasta obtener nuevo destino. Parece así que la situación del profesorado desplazado es más favorable para quien se queda sin horas en su centro pues tiene todos los derechos del suprimido más las ventajas propias de su condición.

La última disposición adicional, la quinta, viene a regular la situación particular producida por la creación del Instituto de Bachillerato a Distancia, que surge por desagregación del IES Rekaldeberri de Bilbao, y que se produjo por Decreto 332/1999, de 29 de setiembre, con efectos desde el inicio del curso académico 1999-2000. Quedaban pendientes de determinar los profesores y profesoras que teniendo su destino definitivo en el IES Rekaldeberri se habían de adscribir al nuevo centro desagregado de aquél. Esta disposición adicional viene a cumplir esa función, al establecer los criterios de determinación del profesorado que se ha de adscribir al IBD de Bizkaia.

El borrador de decreto se ha negociado con la representación sindical en el seno de la Comisión Técnica de Planificación.

Por otra parte, se han recabado los preceptivos informes de la Dirección de Planes de Euskera, Consejo Escolar de Euskadi, la Dirección de Función Pública, Dirección de la Oficina de Control Económico, Asesoría Jurídica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 18 de enero de 2000,