EKONOMIAZ NÚMERO 103: CALIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS: EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN

El artículo "El marco institucional para la evaluación de políticas públicas en España", de Ángel de la Fuente Moreno y Alfonso Novales Cinca, aborda una cuestión muy relevante para potenciar la calidad de las finanzas públicas, como es el marco institucional en el que se desarrolla la evaluación de políticas públicas. En el trabajo se presentan las razones por las que es necesario evaluar las políticas públicas, tanto ex-ante como ex-post, y las principales directrices que han de guiar tal evaluación, prestando una especial atención a la independencia respecto del poder político que debería tener el órgano evaluador.

Los autores realizan una revisión de la experiencia estatal donde cuestionan los intentos pasados de instaurar una cultura de evaluación en España y tras analizar en detalle y valorar el anteproyecto que culminó en la Ley de Institucionalización de la Evaluación de las Políticas Públicas, presentan una serie de recomendaciones que servirían para mejorar la evaluación de políticas públicas.

El artículo "El valor social de la evaluación económica de las políticas públicas", de Ginés de Rus Mendoza, se centra en el análisis coste-beneficio (ACB), la herramienta de evaluación socioeconómica más consolidada y extendida cuyo objetivo es la estimación del efecto neto de los proyectos y políticas públicas sobre el bienestar social. El autor destaca la inspiración en la teoría del equilibrio general de los criterios prácticos de evaluación seguidos por el ACB, así como el indudable valor social de la información que este proporciona a la hora de seleccionar proyectos de inversión pública, programas de gasto de carácter prestacional o la elección de alternativas regulatorias, sin olvidar el diseño de otras actuaciones de la intervención pública.

Asimismo, en el trabajo se ilustra el potencial de este método para sustentar recomendaciones de política pública mediante el análisis del caso de la política estatal de subvenciones a los residentes insulares en transporte aéreo.

El artículo "Las potencialidades (y riesgos) de la evaluación de impacto en el aumento de la calidad de las finanzas públicas", de Ignacio Moral-Arce, muestra la necesidad e importancia de la Evaluación de Impacto (EI) en la mejora de las intervenciones públicas. El autor hace una completa revisión de la EI, fórmula de evaluación dirigida a medir los efectos causales originados por la introducción de programas de gasto o de medidas regulatorias, en cualquiera de los ámbitos de actuación del sector público.

En el trabajo se describen sus elementos más importantes, como el contrafactual y sesgo de selección, así como las principales metodologías existentes prestando especial atención a los supuestos necesarios para su aplicación, necesidades de información y limitaciones y riesgos en su aplicación.

El artículo "El reto de integrar la presupuestación pública con la evaluación de políticas", de Jordi Baños Rovira, ofrece una visión general del estado actual de la integración y uso de la evaluación para la presupuestación, identificando las principales dificultades descritas por la literatura y mostradas por la experiencia comparada para que esa conexión sea eficaz. Según el autor, de acuerdo con los datos disponibles sobre prácticas presupuestarias, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en general, la información derivada de la evaluación del desempeño en las políticas públicas parece jugar un papel poco significativo en la toma de decisiones presupuestarias, teniendo a su vez poca repercusión organizativa.

El autor propone una relación de recomendaciones para fortalecer la integración entre la presupuestación y la evaluación en las administraciones públicas, las cuales afectan tanto al marco institucional de las evaluaciones como al sistema presupuestario.

Borja Gambau Suelves y Carmen López Herrera en el artículo, “El papel de los Spending Review en la institucionalización de la evaluación en España: ¿qué debemos esperar?”, reflexionan sobre el papel que desempeñan los Spending Review o revisiones del gasto público en la institucionalización de la evaluación en España y lo que se debería esperar de esta figura. El trabajo se contextualiza en el reciente marco legal aprobado para la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en España. Asimismo, ofrece un balance de los hitos y metas alcanzados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mediante el uso de esta figura.

Los autores identifican los retos institucionales a los que se enfrenta la nueva normativa sobre evaluación de políticas públicas, destacando la necesidad de encontrar un encaje adecuado entre la figura de los Spending Review y las competencias encomendadas a la AIReF.

El artículo escrito por Aurelia Valiño Castro, “La evaluación económica en el análisis de las políticas públicas: el estado del arte en España”, aborda el alcance de la evaluación desde el punto de vista económico de las políticas públicas en España y su trascendencia para la toma de decisiones, la mejora en la asignación de los recursos y el bienestar ciudadano. La autora revisa el marco institucional de la evaluación económica tanto a nivel de la administración central como de las administraciones autonómicas y ofrece un panorama muy completo de las experiencias más destacables en materia de evaluación económica de las políticas públicas en el estado.

El trabajo incluye una serie de consideraciones acerca del papel jugado por la formación académica especializada en la consolidación de las actividades de evaluación y su contribución a la cultura de la evaluación.

El artículo “La importancia de los aspectos distributivos en la evaluación económica”, de Jorge Onrubia Fernández y María del Carmen Rodado Ruiz, aborda la evaluación de los efectos redistributivos de las políticas públicas, discutiendo su alcance y presentando los principales instrumentos, métodos y enfoques seguidos para llevar a cabo la medición de los cambios distributivos generados, así como su impacto en el bienestar social. En el trabajo se destaca el importante papel desempeñado en este ámbito por las técnicas de microsimulación, las cuales constituyen una potente herramienta para llevar a cabo evaluaciones de programas públicos incorporando el análisis de sus efectos distributivos.

Por último, en esta perspectiva del fomento en la calidad de las finanzas públicas, los autores concluyen con unas reflexiones sobre la importancia que tiene la creación de unidades de microsimulación que promuevan evaluaciones para poder valorar ex-ante los efectos de cualquier medida o programa que se proponga poner en marcha.

En el artículo “Conocimiento fiscal: un aspecto clave para la evaluación de políticas públicas” José María Durán Cabré y Alejandro Esteller Moré presentan los resultados de dos encuestas que permiten constatar que el nivel de conocimiento de la sociedad española sobre cuestiones fiscales básicas y sobre la descentralización impositiva es bajo. El trabajo utiliza como ejemplo de este bajo conocimiento el Impuesto sobre el Patrimonio, figura prácticamente inexistente en los sistemas fiscales de nuestro entorno. El análisis realizado permite constatar algunas paradojas de naturaleza informativa, como la contradicción entre una demanda social favorable al incremento de la recaudación por este tributo, actualmente muy reducida, lo mismo que su capacidad redistributiva, y la existencia de prácticas bastante extendidas de elusión y evasión fiscal.

Los autores reclaman la necesidad de aumentar el nivel de conocimiento fiscal de la sociedad porque, en otro caso, las preferencias sobre las cuales basar la formación de las políticas públicas estarán sesgadas.

El artículo “Recursos financieros y eficiencia del gasto público en las comunidades autónomas”, de Antonio Jesús Sánchez Fuentes, se centra en la necesidad de evaluar la eficiencia con la que los gobiernos autonómicos españoles gastan los recursos de los que disponen para financiar los servicios públicos sobre los que poseen competencias provisoras. El autor presenta un análisis ilustrativo centrado en las dos principales políticas de gasto de competencia autonómica: la sanidad y la educación.

Los resultados obtenidos muestran que pueden ser distintos los niveles de aprovechamiento de cada euro asignado para cada política, periodo y comunidad autónoma. No tener esto en cuenta además de impedir un aprovechamiento pleno de los recursos detraídos de la sociedad vulnera el principio de equidad horizontal en cuanto a la financiación de los servicios públicos por razón del territorio en el que los ciudadanos residen, pagan sus impuestos y reciben sus prestaciones de gasto público.

El artículo “La evaluación de las políticas públicas desde una perspectiva macroeconómica en el contexto europeo”, escrito por Julia del Amo Valor, Marcos Martin Mateos y Javier José Pérez García, está dedicado a la evaluación de las políticas públicas desde una perspectiva macroeconómica, tomando como referencia el contexto europeo. Los autores constatan que el marco de referencia para la evaluación de las reformas estructurales y la coherencia de los planes presupuestarios con los resultados observados ha mejorado significativamente en la UE desde la puesta en marcha del Semestre Europeo. Además, el Next Generation EU (NGEU) ha introducido un modelo de gobernanza novedoso basado en la validación y evaluación ex-ante y ex-post, aunque se considera que todavía es pronto para valorar su alcance.

En el trabajo se argumenta que las evaluaciones ex-ante realizadas en el marco de los Planes Nacionales de Reformas y los Programas de Estabilidad podrían beneficiarse de mejoras en la transparencia, tanto por la publicación de más detalles sobre las estimaciones de las autoridades fiscales, como por la publicación de conjuntos de datos que permitan la elaboración habitual de evaluaciones de carácter independiente.

En el policy letter “Is additional EU funding for economic, social and territorial cohesion through the Recovery and Resilience Facility likely to result in more investments?” Martin Weber y Chrysoula Latopoulou se preguntan en qué medida la financiación adicional proporcionada por la UE para la cohesión económica, social y territorial a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se traducirá en nuevas inversiones ante los obstáculos que podrían suponer, entre otros, las limitaciones de la capacidad administrativa y la larga duración de los procedimientos de concesión de permisos.

Los autores remarcan el cambio del sistema de financiación que supone el MRR, basado en la consecución satisfactoria de hitos y objetivos, respecto a los programas de las políticas de cohesión en los que los desembolsos se vinculan a los costes reales; y consideran que la experiencia de este nuevo modelo influirá en los debates sobre el presupuesto de la UE para el próximo Marco Financiero Plurianual y la política posterior a 2027.

En el policy letter “Payment by results and structural reforms in the post-27 Cohesion Policy Framework” Alberto Ansuategi e Iñaki Barredo reflexionan sobre el papel que pueden jugar el pago por resultados y las reformas estructurales en la configuración de la política de cohesión de la UE a partir de 2027.

Los autores, en base a diversos estudios, reflexionan acerca de la efectividad de las políticas de cohesión realizadas hasta ahora en la reducción de las disparidades regionales y señalan, entre otras, que estas políticas deberían tener en cuenta la existencia de las “trampas de desarrollo”, que no solo afectan a las regiones más desfavorecidas. Asimismo, consideran que, si las políticas de cohesión se condicionan a la implantación de reformas estructurales, las reformas deberían confeccionarse con la participación de las regiones.

En el artículo “Medidas de las Administraciones públicas vascas para hacer frente a la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania”, escrito por Iñigo Saizabal y José Ignacio Jaca, se detallan las medidas de respuesta que las administraciones vascas, en coordinación con las medidas estatales y europeas, han puesto en marcha para mitigar los impactos socioeconómicos de la crisis energética e inflacionaria a nivel global desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania.

En el trabajo se extraen varias lecciones de cómo se ha afrontado esta crisis, entre ellas, que las políticas para hacer frente a este tipo de perturbaciones inesperadas deben desarrollarse a todos los niveles administrativos, de manera multinivel, coordinada y urgente o que las medidas de apoyo público, con el fin de contrarrestar las consecuencias de la inflación en los hogares y empresas, deben ser temporales y focalizadas en los más vulnerables y, además, tienen que asegurar el mantenimiento de los incentivos para consumir menos energía y ser sostenibles.