Las relaciones de puestos de trabajo se configuran como un instrumento de ordenación de las estructuras internas de la Administración de Justicia, por lo que se debe proceder a su aprobación, todo ello a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 521, 522 y 523 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La ordenación del personal y su integración en las distintas unidades que conforman la estructura de las Oficinas Judiciales, tal y como se establece en el artículo 521 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben y que, en todo caso, serán públicas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 522 de la mencionada Ley Orgánica, las Comunidades Autónomas con competencias asumidas procederán a la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo en que se ordenen los puestos de las Oficinas Judiciales correspondientes a su ámbito de actuación, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales más representativas.

Tal y como establece el apartado segundo del artículo 523 de dicha ley, en todo caso, las modificaciones de las relaciones iniciales de puestos de trabajo que se produzcan deberán tener en cuenta los principios contenidos en esta ley para la redistribución y reordenación de efectivos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Justicia y Administración Pública y el Decreto 174/2010, de 29 de junio, de normalización Lingüística de la Administración de Justicia, la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal ha elaborado la Relación de Puestos de Trabajo de las Oficinas Judiciales de esta Comunidad Autónoma de Euskadi.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública, tal y como dispone el artículo 4 del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de julio de 2011,