La Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia en Euskadi es un órgano que decide en los supuestos en que se niegue inicialmente la petición de ayuda para morir o cuando exista desacuerdo entre los profesionales (médico y jurista) encargados de verificar que concurren los requisitos para la prestación de esa ayuda. Al actuar como una suerte de segunda instancia, los miembros de la Comisión, sean profesionales sanitarios o no, tienen el derecho a acceder a la misma información que los verificadores, si bien puede que la vía de acceso de los miembros de la Comisión sea diferente en función de su especialidad profesional. En este caso, la habilitación para el acceso a la historia clínica no se encuentra en la prestación de asistencia sanitaria, sino en la propia Ley reguladora del derecho a la prestación de ayuda para morir, en cuya parte expositiva se menciona que la legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.