La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y su normativa de desarrollo, estatal y autonómica, constituyen habilitación legal suficiente para que los centros privados de diagnóstico comuniquen al Departamento de Salud los datos identificativos de los pacientes que hayan dado positivo en COVID-19. La normativa sanitaria legitimaría también la comunicación de esos datos por el Departamento de Salud a Osakidetza, a efectos de su incorporación en historia clínica de los pacientes, como medida necesaria y proporcionada para la contención de la pandemia y la preservación de la salud pública, en su vertiente asistencial.