La representante legal de una alumna de un colegio concertado solicita a la Administración educativa el borrado de sus datos contenidos en una aplicación informática referida al alumnado con necesidades educativas especiales. Corresponde a la Administración educativa determinar el plazo de conservación de los datos personales, cuya cancelación se pretende, al objeto de garantizar el derecho a la educación de este alumnado en los términos exigidos por la normativa educativa. En todo caso deberá cumplirse el principio de calidad del artículo 4.5 de la LOPD, que exige que los datos de carácter personal sean cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.