Régimen Local

1. Las viviendas y locales que hayan sido objeto de ayudas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros para su compra no podrán ser objeto de disposición voluntaria inter vivos en el plazo de 10 años desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas junto con el interés legal correspondiente.

   Las personas titulares de viviendas o locales que hayan recibido ayudas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros por actuaciones protegidas de rehabilitación, tanto para obras particulares como para obras de comunidad, no podrán disponer voluntariamente inter vivos de tales viviendas o locales en el plazo de 10 años desde la certificación final de obra sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas junto con el interés legal correspondiente.

2. Quedan excluidas de la reversión:

   1. Las ayudas mencionadas en el apartado 1 cuando su cuantía sea inferior a 6.000 euros.

   2. Las adjudicaciones que se produzcan a favor de uno de los cotitulares de la vivienda o local, como consecuencia de procesos de separación matrimonial, divorcio o ruptura de parejas, inscritas o no en el Registro de Parejas de Hecho, y aquellas otras que se produzcan como consecuencia de la ruptura de unidades convivenciales constituidas por miembros unidos por una relación de parentesco de consanguinidad en primer grado.

3. Las personas titulares de viviendas o locales que hayan sido objeto de ayudas económicas directas en cuantía igual o superior a 6.000 euros deberán proceder a la inscripción registral de limitación dispositiva del dominio de la vivienda durante 10 años.

El uso de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico está sometido a las siguientes limitaciones:

1. Se prohíbe la realización de cualquier obra, salvo las de reparación, conservación y mantenimiento ordinario del inmueble.

2. El régimen de acceso de las personas usuarias se producirá mediante el abono de un canon mensual, que se determinará en el momento de adjudicación de la concesión, por partida alzada por unidad de alojamiento.

3. Las personas usuarias no podrán disponer de otra vivienda ni en propiedad ni por cualquier título que suponga su uso, excepto si se trata de mayores de 70 años que solicitan conjuntamente la adjudicación de un alojamiento dotacional destinado exclusivamente a personas mayores y la incorporación de su vivienda al Programa de Vivienda Vacía "Bizigune".

   En este caso, la solicitud deberá presentarse en Alokabide, S.A., indicando el municipio o municipios donde se solicita el alojamiento dotacional.

   Si el informe sobre el estado de la vivienda finaliza con una valoración favorable, Alokabide, S.A. solicitará la exención del requisito de necesidad de vivienda y la adjudicación directa de un alojamiento dotacional en la forma prevista en los artículos 12 y 16 de este decreto, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que las personas interesadas cumplen el resto de requisitos de acceso a las viviendas de protección pública.

4. El acceso se producirá por meses, por un plazo máximo de un año, susceptible de ser prorrogado anualmente en cuatro ocasiones, con las siguientes excepciones:

   1. En el caso de las personas mayores de 70 años a que se refiere el subapartado c) de este apartado, se podrá prorrogar anualmente mientras el alojamiento dotacional siga siendo adecuado a su grado de autonomía personal y mientras la vivienda cedida a Alokabide, S.A. cumpla los requisitos para seguir incorporada al Programa de Vivienda Vacía "Bizigune".

   2. En el caso de las personas que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso o estén en condiciones de que se les reconozca, se podrá prorrogar mensualmente hasta que se les adjudique una vivienda de alquiler social o a la prestación económica de vivienda.

1. Las personas titulares de las viviendas cedidas recibirán una contraprestación económica, consistente en un canon periódico que Alokabide, S.A. les abonará a partir de la recepción de las llaves de la vivienda.

2. El canon ascenderá al 80 % de la renta de la vivienda calculada al precio medio del mercado, con un máximo de 700 euros mensuales. Dicho canon se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

3. No obstante, en el caso de aquellos municipios que sean declarados zonas de mercado residencial tensionado mediante orden del consejero competente en materia de vivienda, esos límites se podrán incrementar al 95 % del precio medio atribuible para el mismo ratio por la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) al municipio donde se ubique la vivienda, salvo que dicho incremento sea inferior al límite máximo establecido en el párrafo anterior.

1. Las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía "Bizigune" deberán ser arrendadas a las personas físicas y unidades convivenciales que cumplan los requisitos previstos por la normativa vigente para el acceso a las viviendas de protección oficial, estén inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en régimen de arrendamiento y cuyos ingresos anuales ponderados no superen los 46.463,29 euros en el periodo impositivo que, vencido el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea inmediatamente anterior a la fecha de firma del contrato.

2. El límite de ingresos máximos anuales ponderados exigible a las personas arrendatarias, se actualizará el día 1 de enero de cada año teniendo en cuenta la variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo de Euskadi publicado por Eustat correspondiente al último índice interanual publicado en el momento de dicha actualización.

Podrán ser demandantes de las viviendas incluidas en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) las personas o unidades convivenciales, previamente inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda, que soliciten vivienda en alquiler y que cumplan las siguientes condiciones:

1. Tener unos ingresos brutos anuales comprendidos entre 15.000 y 46.463,29 euros, sin ponderar, con arreglo a lo previsto en el artículo 21 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, o normativa que lo sustituya.

2. El límite de ingresos máximos anuales exigible a las personas arrendatarias, se actualizará el día 1 de enero de cada año teniendo en cuenta la variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo de Euskadi publicado por Eustat correspondiente al último índice interanual publicado en el momento de dicha actualización.

3. No tener deudas pendientes por impago de rentas o cánones o por daños causados en viviendas de protección pública adjudicadas en régimen de arrendamiento, alojamientos dotacionales o viviendas asimiladas.

4. Que la renta de las viviendas, tanto inicial como actualizada de conformidad con el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no supere el 30 % de sus ingresos brutos anuales, sin ponderar.

La condición de víctima de la violencia machista contra las mujeres se acreditará por alguno de los siguientes medios: sentencia, orden de alejamiento, informe de los servicios sociales de base o especializados o de cualquier otra Administración Pública que certifiquen la existencia de episodios de violencia machista contra las mujeres.

Todas las acreditaciones deberán haberse dictado o elaborado en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la interesada de la aplicación de las medidas de acción positiva.

Las medidas de acción positiva pueden ser las siguientes:

1. La inclusión en un cupo preferencial en relación con la adjudicación en régimen de arrendamiento de las viviendas de protección pública y asimiladas y una mayor puntuación en el procedimiento de baremación.

2. La adjudicación directa de una vivienda de protección pública o asimilada.

La adopción de esta inclusión tendrá una duración de 10 años desde la fecha del correspondiente documento acreditativo. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse debido a que la situación concreta de la mujer así lo requiera y se acredite dicha necesidad mediante un informe de los servicios sociales de base o especializados.

1. Tendrán la consideración de actuaciones protegibles en materia de compra de vivienda:

   1. La compra de vivienda de protección pública.

   2. La compra de la propiedad del suelo por parte de titulares de viviendas de protección pública edificadas en derecho de superficie.

2. Las medidas financieras aplicables a las actuaciones protegibles en materia de compra de vivienda consistirán en préstamos cualificados en los casos y con los requisitos previstos en esta orden.

En el caso de compra de vivienda de protección pública la disposición del préstamo reconocido administrativamente requerirá la formalización previa de la escritura pública de compraventa, y se realizará con alguna de las entidades de crédito que hayan suscrito un convenio de colaboración financiera con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La persona beneficiaria deberá presentar la resolución de concesión en la entidad de crédito correspondiente. Asimismo, deberá presentar la escritura pública de compraventa ante la Delegación Territorial de Vivienda en el plazo de 3 meses a contar desde el otorgamiento de calificación definitiva, o desde el visado del contrato de compraventa, en caso de que este fuera posterior a la calificación definitiva.

1. En todas las promociones, salvo las de alojamientos dotacionales de régimen autonómico destinados específicamente a un colectivo determinado, se reservarán cupos de viviendas para atender las necesidades de los siguientes colectivos:

   1. Personas con discapacidad calificadas con las letras A o B del Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, o que sumen 7 o más puntos con arreglo a las letras D a H de dicho anexo.

   2. Personas menores de 36 años, incluidas las unidades convivenciales en las que al menos uno o una de sus titulares sea menor de esta edad.

   3. Personas titulares del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda.

   4. Personas con especial necesidad de vivienda.

   5. Resto de solicitantes o cupo general.

2. Las personas o unidades convivenciales que formen parte de varios colectivos serán encuadradas en los cupos de acuerdo con la siguiente prioridad: derecho subjetivo, menores de 36 años, especial necesidad y general.

3. Los cupos se determinarán con carácter provisional en la orden de inicio del procedimiento de adjudicación, teniendo en cuenta el porcentaje que cada colectivo representa sobre el total de las personas o unidades convivenciales inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda en el municipio y/o área funcional en que se ubica la promoción.

4. Si una vez finalizado el plazo para la incorporación al procedimiento, los cupos establecidos en la orden de inicio difieren sustancialmente del porcentaje que cada colectivo representa sobre el total de las personas o unidades convivenciales incorporadas al mismo, mediante orden del consejero o consejera competente en materia de vivienda se procederá a modificar los cupos con carácter definitivo.

5. Los cupos de viviendas, sean provisionales o definitivos, deberán respetar los siguientes porcentajes:

   1. Para el colectivo mencionado en el subapartado a) del apartado 1 de este artículo, se reservará el 100 % de las viviendas adaptadas.

   2. Para el colectivo mencionado en el subapartado b) del apartado 1, se reservará, como máximo, el 50 % de las viviendas no adaptadas.

   3. Para el colectivo mencionado en el subapartado c) del apartado 1, se reservará, como máximo, el 40 % de las viviendas no adaptadas.

6. Dentro del cupo de resto de solicitantes o cupo general, así como en el de personas menores de 36 años, podrá establecerse un cupo específico destinado a las personas solicitantes con niveles de ingresos comprendidos entre 21.000 euros anuales en términos de ingresos ponderados de la unidad convivencial y 46.463,29 euros anuales en los mismos términos de ingresos ponderados.

7. Las viviendas que no hayan sido reservadas en aplicación de lo previsto en los subapartados b) y c) se asignarán al resto de los cupos.

8. Las viviendas de un cupo que queden sin adjudicar a personas o unidades convivenciales del colectivo para el que están reservadas, incrementarán el cupo de viviendas destinadas al cupo general para el resto de solicitantes.

El procedimiento de adjudicación regulado en este capítulo se aplicará a las primeras adjudicaciones de viviendas de protección social y tasadas autonómicas promovidas tanto en régimen de compra como de arrendamiento por promotores privados, siempre que no se trate de promociones concertadas, acogidas a convenios con los ayuntamientos o promovidas por organizaciones del tercer sector social de Euskadi. Estas últimas podrán adjudicar dichas viviendas directamente al colectivo al que se dirijan, de acuerdo con la adecuación y siempre que esas personas o unidades convivenciales cumplan los requisitos de acceso a las viviendas de protección pública.

1. Las personas o entidades titulares de viviendas o locales que hayan recibido ayudas económicas en cuantía igual o superior a 6.000 euros en forma de ayudas y/o subsidios de puntos de interés, incluidas las correspondientes a la línea subvencional especial para el fomento de la accesibilidad, a la ejecución de obras particulares (línea 1) y a la ejecución de obras comunitarias (ayudas individuales a fondo perdido de la línea 2), no podrán disponer voluntariamente inter vivos de tales viviendas o locales en el plazo de 10 años desde la certificación de obra ejecutada sin la previa acreditación de la reversión de las ayudas percibidas, actualizadas al momento de su reintegro con arreglo al interés legal correspondiente. En esta cuantía no se incluyen las ayudas concedidas directamente a la comunidad de personas propietarias.

2. Quedan excluidas de la reversión las adjudicaciones que se produzcan a favor de uno de los cotitulares de la vivienda o local, como consecuencia de procesos de separación matrimonial, divorcio o ruptura de parejas, inscritas o no en el Registro de Parejas de Hecho, y aquellas otras que se produzcan, como consecuencia de la ruptura de unidades convivenciales, constituidas por personas unidas por una relación de parentesco de consanguinidad en primer grado.

3. Tras la notificación de la resolución de concesión de ayudas económicas en cuantía igual o superior a 6.000 euros, la persona o entidad titular de la vivienda o local deberá proceder a la inscripción registral de limitación dispositiva del dominio de la vivienda durante 10 años y entregar documento acreditativo de la misma en la Administración concedente.

4. Una vez recibida dicha documentación por la Administración concedente, se procederá a ordenar el pago de la ayuda y/o subsidio. Así mismo, el establecimiento de crédito que deba conceder el préstamo podrá proceder a la firma del contrato.

5. En las intervenciones realizadas por la persona arrendataria y autorizadas por la persona o entidad propietaria, esta última se comprometerá ante el órgano concedente a proceder a la inscripción registral de limitación dispositiva del dominio de la vivienda durante 10 años y entregar documento acreditativo de la misma en la Administración concedente.

6. Las personas o las entidades a que se refiere este artículo que hubieran transmitido por cualquier título inter vivos la propiedad o cualquier otro derecho sobre la vivienda o local, no podrán ser beneficiarias de nuevas ayudas en tanto no conste la reversión establecida en este artículo.

1. Tener entre 18 y 35 años.

2. Acreditar seis meses de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la ayuda, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. No se titular del pleno dominio o de un derecho de uso y disfrute sobre alguna vivienda, salvo que se acredite la no disponibilidad de la misma por causas de separación o divorcio, o la imposibilidad de habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada.

4. Ser titular de un contrato de arrendamiento, subarriendo o alquiler de habitaciones de una vivienda libre ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco que deberá constituir su domicilio habitual y permanente. A los efectos de esta orden, se considera alquiler de habitaciones la cesión parcial de una vivienda, es decir, de alguna de sus dependencias, realizadas con carácter oneroso por quienes sean sus personas propietarias, usufructuarias o titilares del derecho de superficie o cualquier otro derecho que no sea arrendamiento.

5. No tener vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de la persona arrendadora.

6. Abonar la renta mediante transferencia bancaria.

7. Acreditar los siguientes ingresos:

   Las personas solicitantes a título individual deberán acreditar unos ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 30.000 euros y superiores a 3.000 euros.

   La unidad familiar, en su conjunto, deberá acreditar unos ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 36.764 euros y superiores a 3.000 euros.

   En el supuesto de familias numerosas, se acreditarán unos ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 39.184 euros y superiores a 3.000 euros.

   Los ingresos máximos establecidos se actualizarán anualmente en función del Índice de Precios al Consumo interanual en vigor a fecha 31 de diciembre del año anterior a la fecha de solicitud, y se publicarán en la página web de Alokabide.

   A los efectos del cómputo de los ingresos se tendrá en cuenta o bien el periodo impositivo que, vencido el plazo de la presentación de la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud o bien los doce meses previos a la fecha de solicitud, en caso de resultar más beneficioso. Los ingresos computables serán las bases imponibles, general y del ahorro.

   Cumplir los requisitos previstos en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1. La cuantía máxima de la ayuda no podrá superar el 60 % de la renta mensual abonada por la parte arrendataria, tanto si se trata de una persona individual como de una unidad familiar.

2. En ningún caso la cuantía de la ayuda a cada persona o unidad familiar beneficiaria podrá exceder del límite máximo establecido para la prestación económica de vivienda (PEV).

3. En el supuesto de que una misma vivienda fuera compartida por dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco en los términos previstos en el artículo 25.2 de la Ley 4/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, en virtud de subarrendamiento o alquiler de habitaciones, podrá otorgarse, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta orden, hasta un máximo de dos ayudas por vivienda. Si hubiera más de dos solicitudes, se resolverán atendiendo el orden de presentación.

4. Para la concesión de dos ayudas conforme a lo previsto en el apartado anterior, será requisito indispensable que cada unidad de convivencia disponga de su propio contrato de arrendamiento, subarriendo o alquiler de habitaciones.