Antes de la tramitación de una norma de creación de un ente institucional ha de valorarse si no existe otro con parte de sus funciones, si no pueden realizarse las funciones desde la administración general, o desde otro organismo ya creado dotándole de herramientas que permitan de forma eficaz y eficientemente las necesidades que pretenden cubrirse. El principio básico es optar por atribuirlo a la administración general, subsidiariamente a un organismo autónomo, o a un ente público de derecho privado, y sólo en última instancia a una entidad con forma privada.

Debe perseguirse la economía y adecuada asignación de medios a los objetivos pretendidos, aprovechando donde sea posible economías de escala.

En cuanto a su organización debe optarse por estructuras planas con áreas funcionales de amplios contenidos.

Desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica y de recursos materiales se debe valorar el uso de desarrollos y herramientas corporativas, para garantizar el alineamiento con las apuestas realizadas por la Administración General.