Departamento de Salud / Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Salud Mental, Derechos humanos y calidad de cuidados

Fecha de publicación: 

Equipo de coordinación sociosanitaira

HELBURUA
El objetivo de esta iniciativa no es otro que promover y facilitar la desinstitucionalización; empezando por una mayor o mejor comprensión de la calidad de los cuidados a largo plazo que se ofrecen en la región europea de la OMS.
Se trataría de conocer mejor la cantidad y características de centros de larga estancia por una parte, e identificar las deficiencias existentes en los estándares de cuidados por otra; siempre desde el punto de vista de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

INPLEMENTAZIOA
En la primera fase se invitó a todos los estados miembro a cumplimentar una encuesta sobre los centros que ofrecen cuidados de largo plazo. La encuesta se distribuyó en los 31 países participantes y Kosovo y los resultados obtenidos fueron utilizados para construir un perfil regional sobre la propiedad, gestión e inspección de los centros y las características demográficas, clínicas, etc de los y las residentes.
En una segunda fase, se evaluó  la calidad de los cuidados y el respeto a los derechos humanos en una muestra de residencias, se observaron 25 standards que se agruparon en 5 grandes categorías:

  1. Derecho a un estándar de vida adecuado
  2. Derecho a disfrutar de la mejor salud física y mental posible
  3. Derecho a ejercer la capacidad legal y el derecho a la libertad personal y la seguridad personal
  4. Estar libre de cualquier tipo de tortura o crueldad; trato inhumano o degradante, castigos, explotación, violencia y abusos.

 75 instalaciones repartidas en  24 países de la WHO + Kosovo, en residencias de distinto tamaño, composición de plantilla, tipo de propiedad, condiciones de vida, cultura, etc.

 

Principales Resultados
Los resultados revelan que los cuidados de largo plazo que se ofrece a las personas con discapacidad  intelectual y problemas psicosociales está muy por debajo de los estándares.
Gran parte de las residencias evaluadas violaban los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, incluyendo su capacidad, autonomía, dignidad, libertad y seguridad de las personas, integridad  física y mental  o el estar libre de sufrir torturas , explotación violencia y abusos.
Algunas de las violaciones más flagrantes que se identificaron: uso de recursos mecánicos y farmacológicos para gestionar comportamientos difíciles, un cultura de impunidad total ante denuncias de casos de abuso sexual, numerosas irregularidades sobre el consentimiento informado, discriminaciones y barreras para acceder a salud de alta calidad o salud reproductiva.
Menos de un tercio de las evaluaciones realizadas obtuvieron un  aprobado, lo que indica que existe un gran margen de mejora.
Muchas de las organizaciones aprobarían con pequeños cambios o mejoras como incremento de número de camas, creación de planes  de rehabilitación personalizados mientras que otras requieren de cambios estructurales como cambios legislativos que apoyen y promuevan  la toma de decisiones autónoma.

Pese a que existan importantes diferencias entre países, en lo que a derechos humanos se refiere, existen también deficiencias que requieren de una respuesta inmediata:

Falta de conocimiento sobre la salud mental y protección de los derechos humanos

  • Falta de un enfoque personalizado sobre los cuidados: planes para promover y posibilitar la integración en la vida diaria por ejemplo.
  • Falta de actividades de rehabilitación y recreo: Muchos de los residentes no tenían nada que hacer, ni oportunidades para formarse o aprender algo en ese tiempo.
  • Falta de representación y medios legales
  • Falta alternativas a sociales o socializadoras: faltan alternativas como casas independientes, lo que perpetúa su estancia en la residencia y descarta la posibilidad de vivir una vida

 

HURRENGO PAUSUAK
Los resultados obtenidos en esta investigación indican que los siguientes pasos han de darse en dirección a la desinstitucionalización, para asegurar que los derechos humanos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial son respetados, protegidos y cubiertos por todos los proveedores de servicios de salud mental:

Revisión de las políticas y la legislación para asegurar que están alineadas con la Convención de derechos de las Personas con Discapacidad.

  • Formación en derechos humanos a los y las profesionales que trabajan en este entorno; formaciones como: planes individualizados de recuperación, estrategias para evitar situaciones difíciles, apoyo en la toma de decisiones, etc.
  • Seguimiento o control del progeso para informar y mejorar los servicios
  • Intercambio de conocimiento mediante iniciativas conjuntas, conferencias, dialogo continuo, e tc., tanto a nivel nacional como internacional.

 

Con el conocimiento obtenido de esta evaluación y con una nueva serie de herramientas  ya disponibles para la creación de capacidad y derechos de calidad en el territorio WHO, el proyecto entra en la segunda fase: La mejora de las instalaciones.

Si desea ampliar esta información puede consultar los contenidos disponibles en el documento Mental health, human rights and standards of care  que publica la propia Organización Mundial de la Salud.