I. El concepto básico

El diseño de una Política Pública de Memoria se asemeja a la construcción de una plaza pública. Un lugar de encuentro social abierto en el que, siempre que se respete una mínima ética cívica, se debe poder estar y pasar con libertad. Es la Plaza de la Memoria. En este espacio desembocan varias calles que guardan recuerdos asociados a dolores vividos, sentidos y percibidos de distinto modo. La plaza es el lugar de encuentro a pesar de todo.

En la historia de los últimos 80 años, en nuestra sociedad se acumulan cuatro grandes dolores sociales provocados por experiencias traumáticas de violencia y vulneración de derechos humanos: la Guerra Civil, la Dictadura, ETA y los contraterrorismos ilícitos.

Son cuatro calles de recuerdo de sufrimientos injustos que conectan con dolores ubicados en distintas zonas de nuestro cuerpo social. Según su biografía, según el barrio, la calle, la casa y la familia en la que haya vivido y recordado, cada persona se relaciona con este pasado a través de percepciones y sensibilidades diferentes.

Estas cuatro calles desembocan en nuestra Plaza de la Memoria. No se trata de equiparar, comparar o compensar unas y otras historias de dolor. Se trata de constatar una realidad social que nos retrata.

II. Un factor determinante de la memoria

La memoria es la facultad que nos permite mantener presente el recuerdo de lo sucedido. Se asienta en la referencia de hechos objetivos que retenemos, pero se configura subjetivamente en cada persona. No hay dos memorias exactamente iguales. Por este motivo, la memoria pública es construcción poliédrica, dinámica e incluso conflictiva.

III. Los dos fundamentos de una política pública de memoria

En la política pública de memoria del Gobierno Vaco confluyen dos fundamentos. Por una parte, la responsabilidad ética y política de recordar, conmemorar, compartir y transmitir una memoria democrática con la finalidad de que sea conocida, usada y resignificada. Por otra parte, la voluntad de canalizar, sin pretender imponer un relato único o monolítico, la participación y la expresión del pluralismo en su configuración.

IV. La necesidad de una política pública de memoria

La memoria no es una obligación, sino un derecho ciudadano. Responde a la voluntad de compartir una reflexión crítica sobre acontecimientos violentos de nuestra historia reciente que supusieron una violación de derechos humanos sostenida y socialmente traumática.

V. La misión de una política pública de memoria

Una política pública de memoria no se reduce a la actualización del sufrimiento. Es más que eso, proyecta valores. El dolor no es un valor, ni puede ser un principio de autoridad memorial que sustituye a la razón. El sufrimiento es una experiencia cuyo testimonio forma parte de la memoria. La misión principal de una política pública de memoria se orienta a rescatar, destacar, conmemorar y transmitir los valores y esfuerzos democráticos que, en medio de graves episodios violentos, pugnaron por defender la dignidad, la igualdad, la libertad… Los recuerdos de estas luchas constituyen el patrimonio público que debe ser conservado.

VI. Los objetivos primero y último de una Política Pública de Memoria

Su objetivo primero es canalizar, promover y dar expresión a un diálogo ciudadano y creativo entre las memorias democráticas que conviven en relación con las experiencias social y políticamente traumáticas del pasado. Su objetivo último es contribuir a la construcción dinámica y productiva de una ágora, una plaza pública, un encuentro social de valores para conseguir mayores cotas de igualdad, libertad y democracia.

VII. El límite de una Política Pública de Memoria

La gestión de este diálogo libre y plural entre memorias sólo tiene un límite: debe poner a salvo unos mínimos democráticos. No se puede utilizar para excluir, ni equiparar acontecimientos. Tampoco para reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de guerra, terrorismo, violencia o conculcación de derechos humanos. Debe servir con intención de verdad y justicia al valor superior de la dignidad humana y a los derechos y libertades que de éste se derivan.

VIII. La Política Pública de Memoria y las víctimas

El testimonio de las víctimas tiene un valor muy destacado en la construcción de la memoria. No obstante, una política pública de memoria no tiene por objetivo a las víctimas, sino al conjunto de la ciudadanía a cuya responsabilidad apela. En caso contrario, las víctimas quedan solas en su propio recuerdo y quienes no han sido víctimas quedan fuera de la memoria colectiva. Una Política Pública de Memoria debe disolver esta separación entre víctimas y ciudadanía. Una separación que encierra perpetuamente a la víctima en su condición y que sitúa al ciudadano como mero espectador respetuoso o solidario, pero sin implicación directa. Una Política Pública de Memoria sugiere un recorrido ético de implicación ciudadana.

IX. La Política Pública de Memoria y la actividad conmemorativa

La actividad conmemorativa debe ser algo más que instalar un recordatorio, una placa, una instalación, un mural o decretar una fecha. No hay nada más invisible que un monumento. La cotidianeidad y su oficialización lo convierten en algo ineficaz e indiferenciado. La actividad conmemorativa necesitará hitos visibles, pero será necesario incorporar una reflexión añadida sobre el dinamismo de su creación, mantenimiento y vigencia. Este es uno de los grandes retos de una Política Pública de Memoria.