22. Ley de modificacion de la Ley de Gestion de Emergencias.

Actualizar algunos aspectos del sistema vasco de protección civil y emergencias, en aspectos tales como el refuerzo de la concertación e interrelación de las actuaciones de las distintas instituciones y servicios, así como el rol de la iniciativa social reconociendo y su complementariedad con el nivel público.

Suplir algunas carencias en la regulación vigente en aspectos tales como la organización de la previsión y alerta; los derechos y deberes de la ciudadanía; las obligaciones de autoprotección, o  el régimen sancionador.

La modificación propuesta en esta Ley no tiene como pretensión alterar los fundamentos básicos del sistema de gestión de emergencias, sino consolidarlos.

• Regular los derechos y deberes de la ciudadanía en cuanto a su formación y de la información sobre riesgos y medidas de protección contra los mismos, al tiempo que procurar su implicación en los mecanismos de respuesta ante emergencias.
• Regular los derechos y deberes de autoprotección, mecanismos de estímulo al cumplimiento de tales deberes y la contribución, en su caso, de las personas o empresas que incrementan los riesgos existentes a las cargas públicas que tales riesgos suponen. Vincular a la gestión de emergencias y la protección civil a todas las organizaciones públicas o privadas relevantes para la seguridad por  presentar elementos de vulnerabilidad, o por su potencial peligrosidad.
• Reforzar los mecanismos de previsión y prevención, mediante la creación de una red de alertas.
• Reforzar legalmente las estructuras y servicios de emergencias y protección civil. Crear una escala de “protección civil y emergencias” y conferir el rango de autoridad pública al personal de atención de emergencias y protección civil que coordine los operativos de emergencia.
• Regular un régimen de distinciones y reconocimientos en protección civil y atención de emergencias.
• Regular un régimen sancionador adecuado al principio de tipicidad que contemple las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de autoprotección o las alarmas malintencionadas, etc.

• Empresas y Ciudadanía en general.
• Profesionales del sector.
• Cuerpos de Bomberos.
• Voluntariado de protección civil.
• Funcionariado.