El Consejero Azpiazu clausura la cumbre Biscay ESG Global Summit

19 de junio de 2019

 

 

 

BISCAY ESG SUMMIT 2019

INTERVENCION DE PEDRO AZPIAZU

 CONSEJERO DE HACIENDA Y ECONOMIA DEL GOBIERNO VASCO

“FINANZAS ALTERNATIVAS: CÓMO SER SOSTENIBLES E INCLUSIVOS”

 Bilbao, 19 de junio de 2019

 

Arratsaldeon guztioi:

Quiero agradecer a los organizadores la oportunidad que me brindan de participar en la clausura de esta tercera cumbre sobre inversión responsable (ESG).

Creo que durante esta jornada han tenido ustedes el privilegio de escuchar a un completo panel de personas expertas, que estoy seguro les han brindado una perspectiva de 360º sobre la cuestión, ya que ha reunido a gentes de la empresa, de la consultoría, de las agencias de calificación y de la academia.

En Euskadi tenemos una larga tradición en el compromiso con la responsabilidad social empresarial.

Siento si omito alguna referencia importante, pero no me puedo olvidar del papel de las instituciones públicas como la Diputación Foral de Bizkaia, que como vemos continúa con la tarea, del Gobierno Vasco y de otras administraciones públicas.

Y también del trabajo de entidades privadas como la fundación Novia Salcedo, de la propia Euskalit dentro de su modelo EFQM, o directamente de las empresas que hace quince años constituyeron IZAITE, que ya entonces se definió de forma pionera como asociación de empresas por la sostenibilidad.

Desde aquellos primeros movimientos que nacieron del impulso de Naciones Unidas en 1992, del Global Compact de 1999 o del Libro Verde de la Comisión Europea de 2001, se ha producido un enorme avance en el que nuevamente ha desempeñado un papel esencial Naciones Unidas.

Recuerden ustedes que cuando empezó esto de la Responsabilidad Empresarial estaba de moda la afirmación de Milton Friedman de que lo que las empresas debían hacer era ganar dinero y cumplir las leyes; y punto.

Y de que junto a ello se impuso rotundamente el paradigma de creación de valor para los accionistas (shareholder value), a pesar de que el manager por excelencia Jack Welch dijera que era la idea más absurda del mundo, algo en lo que estamos profundamente de acuerdo.  

Las dificultades han sido y son muchas, pero se dice que no hay nada tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado, y la verdad es que aunque ha costado lo suyo, la idea de sostenibilidad se ha abierto paso y se ha convertido en un referente universal de la mano de la formulación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas formulados en 2015.

También se ha convertido en un referente esencial para el Gobierno Vasco, cuyo compromiso viene de muy atrás, no en vano hace ya más de un decenio que adoptó como lema el desarrollo humano sostenible. Pero que en la presente legislatura ha dado un paso bien significativo al  formular su propia Agenda Basque Country 2030.

¿Qué significa esta agenda?

Pues significa que el Gobierno focaliza su acción política en torno a los ODS, de tal manera que el Programa de Gobierno queda imbricado directamente en los mismos: contamos con 15 objetivos del Programa de Gobierno, desplegados en 175 compromisos y 650 iniciativas, todo ello con directa referencia a los 17 ODS. También están vinculados a ellos 15 instrumentos de planificación y 100 indicadores principales.

Este es un marco que es objeto de seguimiento, porque de lo que se trata es de poner en marcha un proceso de aprendizaje.

Es verdad que todavía lo tenemos en rodaje porque va con cierto retraso y porque tenemos pendiente desplegar desde el Eustat todos los indicadores de seguimiento,  de la misma manera a como lo hacemos, por ejemplo, con los indicadores de la estrategia Europa 2020.

Pero estamos en ello, y vamos aprendiendo de nuestros propios análisis y de los que realizan otros.

Por ejemplo, el Observatorio de la Sostenibilidad ha publicado recientemente un análisis de las Comunidades Autónomas a través de 200 indicadores que se aproximan a las Metas de los ODS que es sumamente interesante.

El País Vasco ocupa un liderazgo indiscutible en términos sintéticos y también en la mayoría de los 17 ODS. Pero también cuenta con algunas sombras con apartados mejorables o muy mejorables como son los Ecosistemas y la Energía. Ya los indicadores de la estrategia 2020 nos habían llamado la atención sobre la baja cuota de las energías renovables, por lo que esto no nos coge del todo por sorpresa.

Pero de lo que todo esto nos habla, es de que tenemos que seguir perfeccionando nuestro modelo de planificación y de políticas dentro de este marco para monitorizar nuestro progreso y tomar medidas correctivas para mejorar.

Bien; las palabras introductorias que he pronunciado hasta aquí me parecen un marco necesario para encuadrar mi intervención.

Por dos razones: primera porque como podrán suponer, la perspectiva que yo me propongo brindar es la que deriva de la experiencia del Gobierno Vasco con las finanzas sostenibles a través de las emisiones de deuda, en particular a partir del primer Bono Sostenible Euskadi 2018, que ha tenido continuidad en 2019.

Segunda, porque ese compromiso de acción ha surgido precisamente porque venía abonado por otro más amplio en favor de la sostenibilidad mantenido por el conjunto del Gobierno.

Decía que la idea de sostenibilidad y la Agenda 2030 son una referencia universal que es compartida y comprendida por todo el mundo. Luego podremos entrar en discutir matices porque una cosa es la proclamación de los principios y otra las prácticas.

Pero desde mi experiencia política, me parece que a la idea de finanzas sostenibles le cuesta mucho más penetrar en la mentalidad de la gente en general.

Desde un punto de vista tecnocrático la racionalidad es clara: tratándose de una economía capitalista, no cabe duda de que el crecimiento económico y la transformación estructural de la economía está dirigida por la financiación.

Atraer financiación hacia inversiones que procuran beneficios medioambientales y sociales puede constituir una palanca transversal de enorme impacto para la consecución de los ODS.

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el emisor por comprometido que esté con la sostenibilidad preguntará, y de hecho pregunta (yo también lo hice), si obtiene ventajas en costes, lo que de entrada no tiene una respuesta evidente.

Por eso al final los que hemos abrazado las finanzas sostenibles lo hemos hecho sin duda en alguna medida movidos por la convicción y porque encaja con nuestra visión del mundo, pero no por ello deja de ser cierto que el momento determinante de la decisión pasa por la comprensión de que esto no trata sólo de nosotros sino de cómo está cambiando el mundo exterior, y de que ese cambio a la larga nos va a demandar a todos y a todas que estemos a la altura.

Una vez que se adopta esta perspectiva la decisión de emprender el camino está abonada.

Luego, hay que tener en cuenta que en el ámbito del sector público hay una dificultad añadida, que deriva de que las administraciones funcionan con un principio de unidad de caja y de cuentas, donde no hay ingresos finalistas.

En nuestra experiencia esto dificulta la percepción de la contribución de las finanzas a la sostenibilidad, e incluso a veces suscita en algunos representantes políticos infundados temores de que las inversiones medioambientales y sociales vinculadas al bono queden sujetas a algún tipo de condicionante de los mercados.

Pero atención, porque también el sector público está sometido a un permanente proceso de transformación estructural que depende de los nuevos retos sociales y de las opciones políticas, y la financiación juega un papel importante en esa transformación.

También hay que considerar las dificultades de gestión añadidas que vienen por un conjunto de regulaciones que obligan y que imponen determinadas cargas que hay que asumir. Hay que reconocer que esto tiene a menudo un claro efecto disuasorio.

Como es sabido, inicialmente ha sido una organización privada, la International Capital Market Association (ICMA) la que ha guiado la aplicación de los Principios de los Bonos Verdes, los Principios de los Bonos Sociales y las Directrices de los Bonos Sostenibles; que son todos ellos los documentos que constituyen la referencia obligada para este tipo de emisiones.

Los bonos verdes son los que comenzaron antes; la primera emisión fue del Banco Europeo de Inversiones en 2007 y los Principios de los Bonos Verdes datan de 2013 y luego recibirían un gran impulso con la cumbre de París de 2015.

Hay buenas razones por las que los inversores privados muestren sensibilidad medioambiental en sus decisiones ya que frente a la llamada “tragedia del horizonte” por la que los efectos quedan fuera del alcance temporal de las inversiones, hoy se aprecia que si se cumplen determinados compromisos de la lucha contra el cambio climático muchos activos pueden quedar sin valor, lo que se denomina activos varados (stranded assets).

Además, se ha demostrado que el proceso de lucha contra el cambio climático supone la emergencia de riesgos tecnológicos y de riesgos de regulación que afectan de manera decisiva a los negocios y que deben ser evaluados.

Los Bonos Verdes no nacieron por tanto como un producto de la solidaridad intergeneracional sino de una genuina preocupación de mercado por el riesgo.

Los Bonos Sociales han llegado más recientemente, de hecho los Principios de los Bonos Sociales son de 2017. Se trata de un tipo de bono cuyos fondos se destinan a financiar o refinanciar proyectos sociales que producen resultados positivos.

Pues bien, de la combinación de ambos tipos de proyectos verdes y sociales surge el concepto de Bonos Sostenibles a los que se aplican los mismos pilares y recomendaciones de los Bonos Verdes y de los Sociales, que en particular hacen referencia a:

1. Uso de los fondos
2. Proceso de evaluación y selección de proyectos
3. Gestión de los fondos
4. Informes

Esta figura del Bono Sostenible es a la que responden las emisiones del Gobierno Vasco.

Como sabemos todos, la actividad del Gobierno es eminentemente social, por su gasto en educación, salud, empleo y protección social; y por ello no sorprende que en la distribución de activos elegibles llevada a cabo el peso de la parte social haya sido de un 81% y el de la medioambiental un 19%.

En los contactos con los inversores nos hemos encontrado con algunos que se decantan claramente bien por los Bonos Verdes o por los Bonos Sociales, pero también con la experiencia de emisores consolidados que defienden la opción de los Bonos Sostenibles.

Esta es una cuestión abierta para el futuro, aunque para el Gobierno su distribución del gasto y su bajo nivel de necesidad de financiación entraña una dificultad para llegar a emisiones benchmark en cada uno de los tipos de bonos.

Desde el punto de vista de la gestión el proceso parte en primer lugar de la elaboración de un Marco del Bono Sostenible que dé respuesta a los cuatro pilares antes comentados, es decir: 1) explicitar el uso de los recursos señalando las actuaciones elegibles, que es la parte más extensa del Marco, 2) definir el proceso de selección y evaluación de proyectos, 3) decir cómo se van a gestionar los recursos, y 4) cómo se va a informar de los resultados.

En el caso de nuestro Marco, las categorías elegibles son las siguientes:

• Vivienda asequible.
• Acceso a servicios esenciales de Educación y Salud.
• Avance Socioeconómico.
• Generación de empleo.
• Energía Renovable.
• Transporte Limpio.
• Prevención y control de la contaminación.
• Gestión sostenible del agua y las aguas residuales.
• Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática.
• Eficiencia Energética
• Adaptación al Cambio Climático.

En el propio Marco se explican esas categorías y cómo están perfectamente integradas en los instrumentos de planificación; y en las presentaciones del Bono Sostenible se informa además de las partidas o programas de los Presupuestos de 2018 y 2019 en las que están recogidas.

El Gobierno ha constituido un Comité de Bonos Sostenibles, formado por cuatro representantes del Departamento de Hacienda y Economía y por un representante de cada uno de los siguientes departamentos: Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda; Empleo y Políticas Sociales, Salud y Educación, Desarrollo Económico e Infraestructuras.

El Comité contribuyó en su momento a identificar las categorías del Marco y sus contenidos presupuestarios y con posterioridad a evaluar e informar de su cumplimiento, como enseguida voy a comentar.

A continuación es preciso recabar un informe de segunda opinión con carácter previo a la salida al mercado. En nuestro caso la agencia elegida fue Sustainalitycs, quien tras realizar la revisión del Marco en cada uno de sus cuatro pilares ha concluido que cumplen con los criterios establecidos en los Principios de los Bonos Verdes y los Bonos Sociales y que en conjunto el Marco es sólido, fiable y transparente.

Antes de transcurrido el año desde la emisión inaugural estábamos obligados a presentar el informe de impacto en su doble dimensión de asignación de los recursos y de impacto; y eso es lo que hemos realizado de la mano de Metroeconomica y lo que hemos explicado a los inversores recientemente y lo que exponemos en la web del departamento.

En el informe de asignación de 2018 se recoge cómo se han priorizado las inversiones verdes respecto al marco inicial, de manera que han representado el 32,4% del total de los 500 millones de euros emitidos.

En el informe de impacto se recogen detalladamente los indicadores para los distintos proyectos, que en el caso de los sociales se expresan normalmente en número de beneficiarios, y en el de los verdes en indicadores diversos, pero entre los que sobresalen la reducción de emisiones que en el presente caso se cifra en la no emisión de 60.585 toneladas de CO².

Además de los indicadores directos, el análisis de impacto también ha estimado el valor añadido y el empleo vinculados directa e indirectamente a los programas de gasto elegidos, impacto que se cifra respectivamente en 200 millones de euros de valor añadido y en 8.400 empleos.

Esto da una idea del importante papel de las actuaciones públicas en el sostenimiento de la actividad y el empleo.

Hasta aquí una breve síntesis de nuestra experiencia.

Puede parecer que las implicaciones de la financiación son modestas a luz del volumen del presupuesto de una entidad como el Gobierno Vasco. Pero creemos que su valoración debe ir más allá.

En nuestro Road Show del pasado año en nuestra visita a Dusseldorf, tuvimos ocasión de aprender de la amplia experiencia del Estado de Renania del Norte Westfalia y no olvidamos cómo sus representantes nos decían que la financiación sostenible había llegado a tener una influencia clara en el debate político de asignación presupuestaria.

Ahora vemos claro que con el tiempo éso es posible. Que en la experiencia de esta legislatura vemos cómo la financiación refuerza y a la vez enlaza con los compromisos de alto nivel del programa de gobierno y que puede ayudar a avanzar en los mismos.

Para mí el mecanismo que puede promover ese avance está íntimamente ligado a una palabra anglosajona que es casi mágica y que verán ustedes repetida por doquier a partir de ahora: esa palabra es disclosure. 

En efecto, hay que revelar, exponer, transparentar de manera profunda lo que nuestras organizaciones hacen y lo que nuestras organizaciones son. De eso depende todo el futuro de la financiación sostenible. Los inversores demandan y merecen un alto nivel de transparencia y todos estamos obligados a proporcionársela y a no decepcionarles.

En nuestra propia experiencia hemos visto que hasta ahora algunos inversores siguen sus propios análisis mientras que otros tienden a remitirse cada vez más a agencias especializadas.

Pero lo que ocurre es que a pesar de los progresos a los que me he referido, estamos todavía ante un estado de la regulación claramente insuficiente porque no contamos con una clara determinación de los estándares.

Afortunadamente la Comisión Europea se ha puesto manos a la obra a partir de su plan de acción para Financiar el Desarrollo Sostenible adoptado en marzo del año pasado (Comunicación COM (2018)97).

A partir de ahí se abre un campo enorme de avance que aunque en principio se va limitar a los bonos verdes, supone que vamos a contar con un marco más claro en una triple dimensión:

1. la de clasificar las actuaciones susceptibles de ser consideradas,
2. la de definir los estándares de los bonos y
3. la de desarrollar indicadores comparados de la huella de carbono de las inversiones.

Estoy convencido que con esos avances en la regulación y en la transparencia, y con el compromiso de nuestras organizaciones por una buena gobernanza y por la sostenibilidad social y medioambiental, cuando nos juntemos aquí dentro de un año veremos que la contribución de las finanzas no ha dejado de crecer.   

 

Eskerrik asko.