Boletín Oficial del País Vasco

Primero.– La doctrina jurisprudencial, tanto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, de forma reiterada, afirma que el principio acusatorio forma parte del entramado de derechos contenidos en el art. 24 de la Constitución. En este sentido, La STC 53/89, de 22 de febrero, declara que: "es doctrina reiterada de este Tribunal en orden al principio acusatorio, que éste forma parte de las garantías sustanciales del proceso penal consagradas en el art. 24 de la Constitución". La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, proclama la vigencia plena del principio acusatorio en el enjuiciamiento de faltas (SS. 27-11-89, 20-2-87, 6-4 87). La Sentencia del Tribunal Constitucional 54/88, de 18 de abril señala que:

El proceso por faltas se diferencia del proceso por delitos en las estimaciones cuantitativas de la lesión del bien jurídico protegido y de las penas con que se sancionan. Así pues, las faltas se sustancian a través de un procedimiento conciso y simple, ausente de solemnidades, caracterizándose por regir, o manifestarse en él, los principios procesales de concentración, inmediación, contradicción, realidad y publicidad.

Como es sabido, la doctrina del Tribunal Constitucional que ha nacido con ocasión de la interpretación del principio de presunción de inocencia, exige para poder estimar cumplida dicha presunción "iuris tantum", de un lado el desplazamiento de la carga de la prueba en las partes acusadoras, quienes habrán de probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, y, de otro, la necesidad de que ningún ciudadano pueda ser condenado sin la previa realización en el juicio, de una mínima actividad probatoria, realizada a través de auténticos medios de prueba, exclusión hecha de aquellos que la ley expresamente no autoriza.

El derecho penal parte siempre de la premisa de que toda persona es inocente mientras no acredite lo contrario, y esta prueba ha de practicarse:

a) Dentro de la estructura procesal correspondiente y ante el juez o tribunal competente para juzgar en ese proceso.

b) Ha de practicarse conforme al sistema constitucionalmente establecido: derecho de defensa, derecho de información, derecho a proponer y a practicar pruebas, derecho a no declararse culpable, prohibición absoluta de cualquier tipo de tortura en cualquiera de las fases pre o procesales.

c) Que exista efectivamente una mínima actividad probatoria de cargo, a partir de cuyo instante pero no antes entra en juego el art. 741 de la L.E.Cr.

Para condenar penalmente, es necesario: Que haya certeza de la culpabilidad obtenida de la prueba practicada y valorada; que esta prueba de cargo haya llegado al proceso con las garantías debidas; que la valoración se haya hecho por el juzgador en una función que es de su exclusiva competencia.

Segundo.– Desde la inmediación y valorando en conciencia las pruebas practicadas considero que los hechos declarados probados no son constitutivos de la falta imputada atendiendo a las circunstancias que han quedado acreditadas en el juicio. En primer lugar la incomparecencia del denunciante que ha optado por una situación de indiferencia defensiva. En segundo lugar, que aunque los hoy denunciados reconocen en parte los hechos que se les imputan han indicado que tal conducta se desarrolló en un ambiente de broma. Prueba de tal afirmación es que el denunciante recuperó inmediatamente la bicicleta de su propiedad. Por ello, en atención a tales extremos, y a la escasa trascendencia de la conducta que nos ocupa y ante la no formulación de acusación por parte del Ministerio Fiscal procede dictar una sentencia absolutoria.

Tercero.– En el caso de absolución, conforme a lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas procesales.

FALLO