N.º 229, miércoles 29 de noviembre de 2000

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Otras Disposiciones

Justicia, Trabajo y Seguridad Social

5371

ORDEN de 4 de septiembre de 2000, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, en el artículo 10.22, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio en lo dispuesto en los Artículos. 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, dictada en virtud de la citada competencia, establece en su artículo 33 que los estatutos colegiales, así como su reforma, serán comunicados al Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco para su aprobación definitiva, previa verificación de su legalidad, mediante Orden que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco conjuntamente con los estatutos e inscrita en el Registro de Profesiones Tituladas.

Verificada la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa, en virtud de las competencias que me otorga la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales

RESUELVO:

Artículo 1.– Aprobación.

Aprobar los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa.

Artículo 2.– Publicación.

Ordenar la publicación de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa como Anexo a la presente Orden.

Artículo 3.– Inscripción.

Ordenar la inscripción de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa en el Registro de Profesiones Tituladas en el momento en que éste sea constituido formalmente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.– EFECTIVIDAD.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 2000.

El Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,

SABIN INTXAURRAGA MENDIBIL.

ESTATUTOS DEL COLEGIO DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE

GIPUZKOA GIZARTE LANETAN DIPLOMADUNEN ETA GIZARTE LAGUNTZAILEEN GIPUZKOAKO

ELKARGO OFIZIALA 2000 (ADAPTADOS A LA LEY 18/1997, DE 21 DE NOVIEMBRE, DEL PARLAMENTO VASCO, "DE EJERCICIO DE PROFESIONES

TITULADAS Y DE COLEGIOS Y CONSEJOS

PROFESIONALES").

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto.

1.– Los presentes Estatutos del Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa, tiene por objeto la regulación a que se refiere el artículo 33 de la Ley 18/1.997, de 21 de noviembre, del Parlamento Vasco, "de ejercicio de profesiones tituladas y de Colegios y Consejos profesionales" (en adelante, Ley 18/1997).

2.– Dichos Estatutos se denominarán "Estatutos del Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa" (en adelante, el Colegio, sin más), y tendrán la naturaleza y demás características previstas en la Ley 18/1997.

3.– Lo dispuesto en estos Estatutos se entiende referido al ámbito estrictamente profesional y colegial, independientemente de los derechos y deberes propios de la relación jurídica en virtud de la cual se ejerce una profesión.

Artículo 2.– Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social.

A los efectos de estos Estatutos, sólo tendrá la consideración de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social la persona que esté en posesión del título oficial que habilite legalmente para el ejercicio de esa profesión, y cumpla el deber de colegiación previsto en el artículo 20 para el ejercicio profesional.

Artículo 3.– Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa: caracterización y denominación.

1.– El Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa (en adelante, el Colegio) es la organización profesional colegial del Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social específica de dicho Territorio Histórico, y adopta la expresión jurídica de una corporación de derecho público, amparada por la Ley, reconocida por el poder público estatal o autonómico competente, y dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2.– Su denominación oficial será la de "Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa", a todos los efectos.

Artículo 4.– Territorio.

1.– El ámbito territorial del Colegio es el que tiene en la actualidad el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– El ejercicio profesional contemplado en los presentes Estatutos es el que tenga lugar en dicho ámbito territorial.

Artículo 5.– Fines y competencias.

1.– Son fines esenciales del Colegio los establecidos con carácter general para los Colegios Profesionales y para los Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

2.– En consecuencia, dentro del ámbito específico de este Territorio Histórico y en los términos que resulten de la normativa aplicable, este Colegio tiene como fines esenciales la ordenación del ejercicio de la profesión de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados.

3.– El Colegio tendrá las competencias conferidas con carácter general a los Colegios Profesionales (en particular, las funciones enunciadas en los artículos 24 y 25 de la Ley 18/1997) y a los Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, y las demás que se le atribuyan específicamente en la regulación proyectada a este Colegio.

Artículo 6.– Sede, domicilio y radicación.

1.– El Colegio tendrá su sede en C/ Javier de Barkaiztegi 21 entlo. C. 20010-Donostia.

2.– Los órganos y servicios colegiales radicarán en la sede del mismo. No obstante, la Junta de Gobierno podrá disponer o autorizar que dichos órganos o servicios se reúnan o se presten, en casos determinados, fuera de la sede del Colegio.

Artículo 7.– Regulación.

El ejercicio profesional de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social y este Colegio, en el ámbito del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se regirán por la Ley 18/1997 y demás legislación imperativamente aplicable, así como por los presentes Estatutos y por los Reglamentos contemplados en el artículo 8.

Artículo 8.– Reglamentos.

1.– La Junta de Gobierno del Colegio podrá aprobar disposiciones, que adoptarán la forma de Reglamentos, con observancia de lo dispuesto en este artículo en todo caso.

2.– Los Reglamentos no podrán contravenir de ninguna manera la legislación imperativamente aplicable, ni lo dispuesto en los presentes Estatutos.

3.– Dichos Reglamentos podrán regular cualquier materia o aspecto comprendidos en el artículo 1, aunque no estén específicamente previstos o regulados en la legislación o Estatutos a que se refiere el artículo 7. En particular, y a título estrictamente ejemplificativo, podrán extenderse a la regulación de turnos de actuación profesional, incompatibilidades, secreto profesional, sociedades profesionales, normativa profesional y de carácter deontológico, constitución y funcionamiento de los distintos órganos y servicios de la corporación, etc.

4.– La competencia para la aprobación de los Reglamentos, que corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio, no podrá ser objeto de atribución a ningún otro órgano, ni de delegación alguna.

Artículo 9.– Interpretación.

1.– Corresponde también a la Junta de Gobierno del Colegio la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de todas las normas comprendidas en el artículo 7, cualquiera que fuere su rango y aplicabilidad, a excepción de las que integren la legislación imperativamente aplicable.

2.– El contenido de esas disposiciones se integrará con el de la norma interpretada o aclarada, y será de obligado acatamiento para todos los órganos del Colegio o para sus colegiados.

TÍTULO II

ESTATUTO DEL DIPLOMADO EN TRABAJO

SOCIAL Y/O ASISTENTE SOCIAL

COLEGIADO

CAPÍTULO 1

Artículo 10.– Colegiación y colegiados.

1.– La colegiación es la incorporación al Colegio como miembro del mismo.

2.– En tanto pertenezcan al Colegio, sus miembros tienen la cualidad de colegiados.

3.– Los colegiados lo serán de pleno derecho en el Colegio al que se incorporen.

4.– La pertenencia a un Colegio Profesional no afecta a los derechos de sindicación y asociación.

Artículo 11.– Colegiados de pleno derecho. Colegiados "en desempleo"

1.– De conformidad con el artículo 38 de la Ley 18/1997, el colegiado lo será de pleno derecho.

2.– La cualidad normal es la de colegiado ejerciente, la cual es la única que confiere al colegiado la aptitud para el ejercicio profesional de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social.

3.– Son colegiados "en desempleo" los que, perteneciendo a la categoría colegial de colegiados ejercientes, se encuentran sin trabajo en esta profesión, y pretenden obtenerlo figurando en el INEM como demandantes de empleo. Dicha circunstancia no obstará a su continuidad en el Colegio como colegiados ejercientes.

Artículo 12.– Requisitos para la colegiación.

Para la colegiación como ejercientes son necesarios todos los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, o derecho a reciprocidad para el ejercicio, salvo lo dispuesto en el ámbito de la Unión Europea o en convenios o tratados suscritos por España.

b) Estar en posesión del título enunciado en el artículo 2.

c) No estar en situación de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, sin que haya transcurrido el plazo de la inhabilitación de que se trate.

Artículo 13.– Derecho a la colegiación.

El cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior atribuye el derecho a incorporarse al Colegio.

Artículo 14.– Solicitud de colegiación.

1.– La solicitud de colegiación deberá ir acompañada de la documentación justificativa del cumplimiento de todos los requisitos señalados en el artículo 12. El requisito del artículo 12-1-c) será documentado mediante declaración jurada del solicitante, sin perjuicio de las facultades de inspección del Colegio.

2.– La solicitud habrá de expresar, necesariamente, la clase de colegiado a la que se pretende acceder.

3.– Para cambiar de clase de colegiado bastará la solicitud formulada en tal sentido por el interesado, sin necesidad de volver a aportar la documentación que ya se hubiere aportado al Colegio con anterioridad.

Artículo 15.– Resolución sobre la colegiación.

1.– El Colegio habrá de dictar resolución sobre la colegiación dentro del plazo de tres meses desde que se hubiere presentado la solicitud cumpliendo todos los requisitos exigidos para ella.

2.– Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado al solicitante la resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de colegiación. Dicho acto presunto se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– No obstante, el Colegio podrá instrumentar reglamentariamente un sistema de colegiación provisional por resolución del órgano que se determine, con efectos de colegiación hasta que se dicte la Resolución definitiva sobre la misma.

Artículo 16.– Adquisición de la condición de colegiado.

1.– Se adquiere la condición de colegiado en la fecha en que se dicte la resolución prevista en el artículo 15, admitiendo la solicitud de colegiación que se haya formulado.

2.– En el supuesto de que se reconozca el derecho a la colegiación en la resolución de algún Recurso colegial o jurisdiccional interpuesto contra la resolución denegatoria de la solicitud, se adquirirá la condición de colegiado en la fecha en que se notifique al Colegio aquella resolución salvo que de la misma derive otra cosa.

Artículo 17.– Pérdida de la condición de colegiado, e inhabilitación.

1.– Se pierde la condición de colegiado:

a) Por baja comunicada al Colegio.

b) Por incumplimiento de los requisitos establecidos para la colegiación.

c) Por impago de cuotas atrasadas correspondientes a tres períodos, previo requerimiento al efecto. Se entenderá por período a este efecto, el correspondiente a cada recibo que el Colegio gire a los colegiados. El requerimiento habrá de comprender la indicación concreta de las cuotas atrasadas que hayan dado lugar al mismo, así como la consecuencia de baja si no fuere atendido; transcurrido un mes desde la notificación del requerimiento al moroso, sin haberse abonado todas las cuotas señaladas en el mismo, se dictará el acto colegial de pérdida de la condición de colegiado, que tendrá efectos desde que se le notifique dicho acto.

d) Por incapacidad legal.

e) Por fallecimiento.

2.– En los casos de inhabilitación, no se pierde la condición de colegiado, pero la misma quedará suspendida a todos los efectos en el período de su duración, salvo que el acto sancionador permitiese la continuidad en aspectos colegiales no vinculados al ejercicio profesional.

Artículo 18.– Derechos de los colegiados.

Los colegiados ejercientes tendrán los siguientes derechos:

a) Ejercer las funciones propias del Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social con arreglo a la regulación de la profesión.

b) Ser apoyados por el Colegio ante todo tipo de personas o entidades públicas y particulares en relación con su ejercicio profesional.

c) Elegir y ser elegidos para ocupar cargos en la Junta de Gobierno y cualesquiera órganos electivos que correspondan en el seno del Colegio, así como participar en la adopción de acuerdos de la Asamblea General.

d) Utilizar los servicios colegiales con arreglo a las condiciones establecidas para los mismos.

e) Comisionar al Colegio en sustitución procesal para el cobro en vía contenciosa o precontenciosa de retribuciones debidas como consecuencia del ejercicio profesional, satisfaciendo por ello a la corporación los derechos establecidos al respecto en los presupuestos anuales sea a través de un porcentaje del principal de la minuta reclamada o mediante otra forma distinta.

f) Ser informados periódicamente de la marcha del Colegio por medio de publicaciones, sesiones informativas, Asambleas Generales u otros medios que establezca la Junta de Gobierno, y participar en las actividades que organice el Colegio según los casos. El colegiado deberá recibir semestralmente información detallada de la marcha del Colegio, a través de cualquiera de los medios antes señalados.

g) Utilizar la denominación de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social y cuantas prerrogativas estén reconocidas a los Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales en su ejercicio profesional.

h) Expresar libremente sus ideas en los medios de comunicación del Colegio. De la no publicación o emisión de las mismas, el interesado recibirá notificación oportuna.

i) Cuantos otros derechos se derivan por conexión necesaria de los anteriores o sean establecidos por el correspondiente acuerdo corporativo.

Artículo 19.– Deberes de los colegiados.

Los colegiados ejercientes tendrán los siguientes deberes:

a) Ejercer la profesión con arreglo a las normas deontológicas y técnicas establecidas.

b) Defender los intereses confiados por los usuarios de los servicios profesionales del Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social.

c) Actualizar sus conocimientos y técnicas de trabajo, y asegurar el adecuado nivel de calidad en los trabajos realizados.

d) Cumplir estos Estatutos y sus normas de desarrollo, así como la resoluciones dictadas por los órganos del Colegio con reserva de los Recursos pertinentes.

e) Comparecer ante los órganos colegiales cuando fuesen requeridos, salvo causa justificada.

f) Comunicar los cambios de domicilio dentro de los treinta días siguientes.

g) Asistir a las Asambleas Generales.

h) Ejercer los cargos y funciones colegiales para los que fuese designado.

i) Satisfacer las cuotas establecidas.

j) Guardar el secreto profesional de todos los asuntos en los que intervenga.

k) Guardar respeto y consideración a todos los compañeros.

l) Comunicar al Colegio el intrusismo profesional y otras actuaciones profesionales irregulares conforme al artículo 11 de la Ley 18/1997.

m) Ejercer la profesión con carácter forzoso en los términos que resulten del artículo 13 de la Ley 18/1997.

n) Cubrir, mediante el correspondiente seguro, los riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir a consecuencia del ejercicio profesional, conforme al artículo 12 de la Ley 18/1997.

CAPÍTULO 2

EJERCICIO PROFESIONAL

Artículo 20.– Obligatoriedad de colegiación.

1.– Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, hallarse incorporado a este Colegio como colegiado ejerciente, salvo que se de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la pertenencia a otro Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales sea considerada por el ordenamiento jurídico para permitir aquel ejercicio profesional en este ámbito territorial, conforme al artículo 22.

b) Que quien pretenda dicho ejercicio sea habilitado conforme al artículo 21.

c) Que la legislación aplicable exceptúe efectivamente de la colegiación a los profesionales vinculados con la Administración Pública mediante relación de servicios regulada por el Derecho administrativo o laboral.

2.– Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las exigencias que deriven de la regulación contemplada en el artículo 7 de los presentes Estatutos, que habrán de ser cumplidas en todo caso.

Artículo 21.– Habilitación.

1.– Los profesionales de la Unión Europea, podrán ser habilitados por este Colegio según el ordenamiento jurídico y, dentro del mismo, conforme a este artículo.

2.– La habilitación atribuye el derecho a ejercer la profesión de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social, durante todo el tiempo para el que aquélla se haya otorgado.

3.– La habilitación no exonera del cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el ejercicio profesional en este ámbito territorial.

4.– La habilitación podrá ser temporal o indefinida, para asunto concreto o para todos, según se establezca en el Reglamento que la regule.

5.– La habilitación comenzará a regir en el momento en que entre en vigor el indicado Reglamento regulador de la misma.

Artículo 22.– Pertenencia a otros Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

También podrán ejercer la profesión quienes se encuentren incorporados a otro Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, en los supuestos y términos y con el alcance previstos en la legislación básica estatal y en la legislación autonómica vasca.

Artículo 23.– Sociedades profesionales.

El Colegio podrá determinar reglamentariamente los supuestos de ejercicio profesional mediante sociedades profesionales, y establecer igualmente su regulación.

Artículo 24.– Aseguramiento.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 18/1997, el Colegio adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del deber de aseguramiento por parte de sus colegiados, a que dicho precepto se refiere, a fin de cubrir los riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir como consecuencia de su ejercicio profesional.

Artículo 25.– Régimen de ejercicio.

El ejercicio de la profesión de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social se atendrá a lo establecido en la regulación contemplada en el artículo 7 de estos Estatutos.

Artículo 26.– Colisión con otros titulados.

En el supuesto de que algún colegiado haya sido requerido verbalmente o por escrito, de modo fehaciente o no, por alguna persona de otra profesión, o por la organización colegial de la misma, a fin de que no realice algún acto profesional por estimar que no corresponde al Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social sino a esa otra profesión, el colegiado requerido deberá ponerlo en conocimiento del Colegio a la mayor brevedad posible, manifestando al mismo tiempo su opinión sobre el conflicto.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO 1

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN

Artículo 27.– Descripción orgánica.

La organización del Colegio se estructura en los siguientes órganos:

a) La Asamblea General.

b) La Junta de Gobierno.

c) El Presidente o Decano.

d) El Vicepresidente o Vicedecano.

e) El Secretario.

f) El Tesorero.

g) Las Comisiones y Grupos de Trabajo.

h) Otros posibles órganos.

Artículo 28.– Organos de existencia necesaria.

La Asamblea General, la Junta de Gobierno, el Presidente o Decano, el Vicepresidente o Vicedecano, el Secretario y el Tesorero, son órganos que existirán necesariamente en el Colegio.

Artículo 29.– Otros órganos.

1.– Las Comisiones y grupos de trabajo existirán según resulte de lo establecido en estos Estatutos.

2.– La Junta de Gobierno podrá crear otros órganos en los términos que la misma establezca.

Artículo 30.– Relaciones interorgánicas.

1.– La Junta de Gobierno goza de autonomía para el ejercicio de las atribuciones que integran su competencia, en el marco resultante del ordenamiento jurídico vigente en cada momento.

2.– El Presidente o Decano, así como el Vicepresidente o Vicedecano, el Secretario y el Tesorero, gozan igualmente de autonomía para el ejercicio de las atribuciones que integran su competencia, en el marco resultante del ordenamiento jurídico vigente en cada momento.

3.– No obstante lo señalado en los apartados anteriores de este artículo, los indicados órganos darán cuenta de su gestión a la Asamblea General y a la Junta de Gobierno, en los términos previstos en los presentes Estatutos.

4.– Todos los demás órganos colegiales dependen jerárquicamente de la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO 2

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 31.– Naturaleza.

La Asamblea General es el órgano soberano y supremo del Colegio, y en esa condición detenta la posición y funciones que le reconocen los presentes Estatutos.

Artículo 32.– Composición.

La Asamblea General se compone de todos los colegiados de pleno derecho, ejercientes y no ejercientes, que hayan adquirido la condición de tales hasta el día anterior, inclusive, a la fecha de celebración de la Asamblea General de que se trate.

Artículo 33.– Competencia.

1.– Corresponden a la Asamblea General las competencias señaladas en el artículo 35-3 de la ley 18/1997, y que son las siguientes:

a) La aprobación y reforma de los Estatutos.

b) La elección de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno.

c) La aprobación del presupuesto y de las cuentas del Colegio.

d) Cualquier otra facultad que le atribuyan las Leyes, los Reglamentos y los Estatutos.

2.– La Asamblea General tiene competencia para tratar de cualquier otro asunto, sin perjuicio de la competencia de otros órganos del Colegio.

Artículo 34.– Clases.

1.– Tiene el carácter de Asamblea General Ordinaria la que tenga por objeto cualquiera de los siguientes asuntos:

a) La elección de las personas integrantes de la Junta de Gobierno.

b) El debate y, en su caso, aprobación del presupuesto del Colegio.

c) El debate y, en su caso, aprobación de las cuentas del Colegio.

d) El Informe de la Asamblea General sobre el conjunto de las actividades realizadas en el ejercicio inmediatamente anterior a la Junta General de que se trate.

e) El Informe de la Junta de Gobierno sobre el conjunto de las actividades previstas para su realización en el ejercicio inmediatamente siguiente.

2.– Tienen el carácter de Asamblea General Extraordinaria todas las reuniones de dicho órgano que tengan por objeto cualesquiera otros asuntos diferentes a los enunciados en el apartado 1.

3.– Las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria se regirán por las mismas normas salvo que se haya dispuesto alguna diferencia expresa en los presentes Estatutos.

Artículo 35.– Convocatoria. Tiempo y lugar.

1.– La facultad de convocar la Asamblea General corresponde a la Junta de Gobierno. No obstante, la Junta de Gobierno vendrá obligada a convocar la Asamblea General en los siguientes supuestos:

a) Para dar cumplimiento a la aprobación del presupuesto y de las cuentas del Colegio.

b) Además, cuando medie petición escrita de, al menos, el 20% de los colegiados o el 10% de los ejercientes.

2.– La convocatoria deberá ir acompañada del orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, así como del lugar, fecha y hora de la reunión. La convocatoria habrá de incluir, necesariamente, los asuntos señalados en la solicitud a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

3.– La convocatoria se transmitirá a los colegiados a través de los siguientes medios:

a) Directamente al domicilio que conste de los mismos en el Colegio, por correo, servicio de mensajería u otro análogo, al menos con diez días naturales de antelación a la fecha de celebración de la Junta General de que se trate.

b) Mediante anuncio inserto en el tablón de anuncios del Colegio, con la misma antelación.

4.– Desde la fecha de antelación indicada, estará a disposición de los colegiados en la sede del Colegio la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día.

5.– La Asamblea General Ordinaria habrá de celebrarse necesariamente dentro del primer semestre de cada año.

6.– El lugar de la reunión será la sede del Colegio, salvo que en la convocatoria se indique otro de modo expreso.

Artículo 36.– Organización.

Ocuparán la Presidencia y la Secretaría de la reunión de la Asamblea General quienes ostenten los mismos cargos en la Junta de Gobierno y, en su defecto, quienes les hayan de sustituir en esta última en caso de vacante, enfermedad, ausencia o impedimento legal.

Artículo 37.– Asistencia.

1.– Todos los colegiados tienen el derecho y el deber de asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General del Colegio.

2.– No obstante, todo colegiado puede hacerse representar por otro colegiado, cumpliéndose todos los siguientes requisitos:

a) La representación se acreditará por escrito y con carácter especial para cada Junta, en el que deberá hacerse constar el nombre y apellidos de poderdante y apoderado, lugar y fecha de la reunión de la Junta convocada, lugar y fecha de expedición del poder y firma de quien apodere, así como la expresión de hacerse representar por el apoderado en la Asamblea de que se trate con facultades suficientes para intervenir y votar en su nombre.

b) El representante designado emitirá libremente su voto en todo caso.

3.– Los miembros de la Junta de Gobierno tienen el deber de asistir a las reuniones de la Asamblea General, salvo excusa comunicada al Presidente o Decano del Colegio.

4.– Los Directores, Gerentes, Técnicos, las personas cuya función sea la de información o asesoramiento en materias jurídicas, económicas o de otra índole, y las demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos colegiales, habrán de acudir a las Asambleas Generales cuando el Presidente o Decano del Colegio requiera su presencia, en cuyo caso tendrán voz pero no voto.

Artículo 38.– Constitución.

1.– La Asamblea General se constituirá válidamente cualquiera que sea el número de asistentes.

2.– La Asamblea General se constituirá en única convocatoria a la hora señalada al respecto en la convocatoria realizada. No obstante, si mediare justa causa apreciada en el mismo momento por el Presidente, éste podrá aplazar la convocatoria de la reunión a una segunda fecha que no podrá distar más de cuarenta y ocho horas desde la primera, sin más requisito de publicidad que la comunicación en la reunión programada que vaya a aplazarse.

3.– Por otra parte, cuando el número de colegiados asistentes, presentes y representados, sea inferior al 10% del censo de colegiados, y lo requiera la importancia de la cuestión a juicio de la Presidencia, ésta podrá suspender la celebración de la Asamblea, a fin de efectuar una nueva convocatoria dentro del mes siguiente con el mismo orden del día.

Artículo 39.– Celebración de la reunión.

1.– La Asamblea General no podrá tratar de asuntos no comprendidos en el orden del día.

2.– El Presidente dirigirá las reuniones, determinando las intervenciones orales, réplicas y debates, realizando las propuestas de votación pertinentes y resolviendo cuantas dudas puedan plantearse. En particular, podrá establecer el número de intervenciones y su duración, así como los turnos a favor y en contra y el modo de deliberar y adoptar acuerdos.

3.– Al Secretario le corresponde la función de redactar el acta.

Artículo 40.– Adopción de acuerdos.

1.– Para la adopción de acuerdos será necesaria la mayoría simple, entendiendo que ésta se produce cuando los votos positivos superen los negativos. Salvo que se establezca otro quorum superior en los presentes Estatutos.

2.– Los acuerdos podrán adoptarse por votación a mano alzada o por votación nominal, abierta o secreta, de acuerdo con la decisión que adopte la Presidencia, oída la Asamblea General, según la trascendencia y carácter de los acuerdos a adoptar. Se entenderán adoptados los acuerdos por asentimiento si consultada la Asamblea General no hubiera oposición por parte de ninguno de los asistentes.

3.– Los colegiados ejercientes y no ejercientes tendrán derecho a un voto en las Asambleas Generales.

4.– El Presidente tendrá voto de calidad para supuestos de empate.

Artículo 41.– Actas.

1.– De cada reunión de Asamblea General se extenderá un acta que será aprobada en los quince días siguientes por quienes hayan ocupado la Presidencia y la Secretaría de la reunión de que se trate, quienes la firmarán seguidamente. En el caso de que en dicho plazo no se hubiere producido la aprobación del acta, la misma corresponderá a la Junta de Gobierno, y será firmada por el Presidente y Secretario del Colegio.

2.– El acta recogerá una indicación sucinta del desarrollo de la reunión y los acuerdos adoptados. También recogerá las observaciones, reparos y votos contrarios formulados por los asistentes por escrito o verbalmente en el curso de la reunión, cuando los mismos pretendan su reflejo en el acta.

3.– El Presidente del Colegio se encuentra expresamente facultado para elevar a instrumento público todos los acuerdos de la Asamblea General.

4.– Las certificaciones de las actas, que se librarán en el plazo máximo de cinco días a partir de la recepción de la petición, deberán ser expedidas y firmadas por el Secretario del Colegio con el visto bueno del Presidente del mismo.

CAPÍTULO 3

LA JUNTA DE GOBIERNO

SECCIÓN 1ª.– CONFIGURACIÓN GENERAL.

Artículo 42.– Naturaleza.

La Junta de Gobierno es el órgano que ostenta la función gestora y representativa del Colegio, y, en su virtud, dirige y administra el Colegio, ejecuta los acuerdos de la Asamblea General, y ejerce la potestad disciplinaria y las demás funciones que le atribuyan los Estatutos; todo ello, en los términos establecidos en los mismos.

Artículo 43.– Composición.

1.– La Junta de Gobierno se compone de un número de colegiados comprendido entre cinco y diez, que determinará la Asamblea General, elegidos de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.

2.– No obstante, la Asamblea General podrá ampliar el límite máximo del número de miembros componentes de la Junta de Gobierno para adecuar la proporcionalidad a incrementos del número total de colegiados, aunque la ampliación solamente producirá efecto a partir del siguiente proceso electoral a la Junta de Gobierno.

3.– Dentro de la Junta de Gobierno existirán los cargos o puestos de Presidente o Decano, Vicepresidente o Vicedecano, Secretario y Tesorero, a los que se refiere el artículo 27. Los demás miembros componentes de la Junta de Gobierno tendrán la condición de Vocales.

Artículo 44.– Duración.

1.– La condición de miembro componente de la Junta de Gobierno, tiene una duración de cuatro años desde la fecha de toma de posesión. Se exceptúa el caso de que con anterioridad se produzca otro de los supuestos de cese previstos en estos Estatutos (artículo 72).

2.– No obstante, si, como consecuencia del cese de un miembro componente de la Junta de Gobierno, antes de dicho término de cuatro años, se eligiere a otro en su lugar, la duración de este último será la que reste al primero hasta alcanzar el término de los cuatro años a que se refiere el apartado 1 precedente. Se exceptúa el caso de que con anterioridad se produzca otro de los supuestos de cese previstos en estos Estatutos (artículo 72).

3.– Los miembros de la Junta de Gobierno podrán continuar ostentando dicha condición más allá del término señalado en los apartados anteriores, cuando aún no hayan tomado posesión los resultantes del siguiente proceso electoral, y con un máximo de seis meses a contar desde aquel término, salvo que la Asamblea General autorice un mayor plazo debido a circunstancias extraordinarias y urgentes. La prolongación del mandato comtemplada en este apartado no supondrá merma de las facultades que en otro caso corresponden a la Junta de Gobierno y a sus miembros.

Artículo 45.– Competencias.

1.– Corresponde a la Junta de Gobierno la plena gestión, dirección, administración, gobierno y representación del Colegio, y a tal efecto tiene competencia para realizar toda clase de actos de disposición y de administración, para celebrar cualesquiera contratos, para detentar, adquirir, modificar y extinguir todo tipo de situaciones y relaciones jurídicas, y ejercitar acciones de cualquier orden y naturaleza sin más limitaciones que las establecidas en los presentes Estatutos.

2.– Quedan fuera de la competencia de la Junta de Gobierno los asuntos que corresponden en exclusiva a la Asamblea General, así como los que se atribuyan a otros órganos del Colegio con correlativa y expresa pérdida de competencia para la Junta de Gobierno.

3.– A título ejemplificativo, la Junta de Gobierno podrá ejercer las siguientes competencias:

a) Las enunciadas en el artículo 36-3 de la Ley 18/1997, que son las siguientes: el impulso del procedimiento de la aprobación y reforma de los Estatutos; la propuesta al órgano plenario de los asuntos que le competan; la elaboración del presupuesto y las cuentas del Colegio; la potestad disciplinaria sobre los colegiados; la asistencia al órgano plenario; cualquier otra facultad que le atribuyan las leyes, los Reglamentos y los Estatutos.

b) Resolver sobre la admisión de nuevos colegiados.

c) Establecer las cuotas colegiales a satisfacer por los colegiados, en el marco del artículo 97, y los derechos por utilización de los distintos servicios.

d) Facilitar a los Tribunales y autoridades de cualquier orden las designaciones de colegiados llamados a intervenir como Perito constituyendo a tal efecto uno o más turnos de actuación profesional, de acuerdo con las normas de funcionamiento que a tal efecto apruebe.

e) Asesorar a los colegiados en sus reclamaciones fundadas como consecuencia del ejercicio de la profesión, dentro de las posibilidades presupuestarias establecidas, pudiendo asumir su representación a tal efecto ante todo tipo de entidades públicas y personas privadas.

f) Asumir la gestión de cobro de honorarios profesionales adeudados a los colegiados, pudiendo asumir por sustitución procesal su representación, a petición de los colegiados, y en las condiciones establecidas en los Presupuestos Anuales del Colegio.

g) Establecer las normas que deben observar los colegiados en el ejercicio de la profesión.

h) Velar por la libertad e independencia necesarias a los colegiados para el cumplimiento de sus deberes profesionales y para su debido respeto.

i) Actuar para que sean cumplidas por los Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales las normas relativas al ejercicio profesional, tanto en lo relativo a la consideración debida a otros colegiados, como respecto de los destinatarios de sus servicios profesionales, exigiendo la debida corrección y un comportamiento competente profesionalmente.

j) Mantener el nivel de calidad de los servicios profesionales de los Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales y la actualización de sus conocimientos, impidiendo el ejercicio de la profesión por quienes carezcan de la titulación y conocimientos requeridos en cada caso. Combatiendo el intrusismo, y denunciando las incompatibilidades.

k) Convocar las Asambleas Generales y la elección de cargos de la Junta de Gobierno.

l) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las diferencias surgidas en cuanto a la ejecución o retribución de los trabajos profesionales realizados por los Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales.

m) Promover e impulsar el mayor nivel de empleo de los Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales.

n) Crear, impulsar y desarrollar las Comisiones y Grupos de Trabajo que sean necesarias para los fines de la corporación y otorgarles las facultades que sean procedentes.

o) Concretar acuerdos o convenios de colaboración con todo tipo de entidades públicas o privadas para el mejor cumplimiento de los fines corporativos.

p) Resolver sobre la edición de publicaciones, sea de carácter unitario o periódico, del Colegio, y determinar sus órganos de redacción y dirección en su caso.

q) Desarrollar actividades de formación mediante cualesquiera fórmulas de gestión directa o concretada con otras entidades, pudiendo promover la constitución de centros docentes o institutos universitarios y participar en sus actividades.

r) Publicar las normas orientadoras de los honorarios profesionales.

s) Defender a los colegiados en el ejercicio de sus funciones profesionales o con motivo de éstas, ante los organismos públicos y privados.

t) Ejercer el derecho de petición ante toda clase de autoridades y organismos.

u) Participar en la elaboración de los planes de estudio correspondientes a los títulos mencionados en el artículo 2.

v) Establecer los correspondientes acuerdos de colaboración con las universidades y centros de enseñanza en los distintos niveles docentes.

x) Participar en la elaboración de los programas y destinar vocales para los Tribunales de convocatorias públicas de empleo en las que se requiere el título de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social.

y) Fomentar la investigación y docencia relativas a la profesión de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social.

z) Emitir informes y dictámenes en las materias que le sean solicitadas por las Administraciones Públicas y designar Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales para sus funciones peculiares en aquellos casos en que se requiera su intervención por parte de autoridades de cualquier clase.

Artículo 46.– Funcionamiento.

1.– La Junta de Gobierno funcionará en pleno.

2.– No obstante, también podrá funcionar en comisión permanente, si la misma fuere creada por la Junta de Gobierno en pleno, en cuyo caso aquélla se regirá por lo dispuesto en los artículos 56, 57 y 58 de estos Estatutos. No obstante, todos los actos de la comisión permanente se entenderán adoptados por la Junta de Gobierno.

SECCIÓN 2ª.– PLENO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 47.– Composición.

El Pleno de la Junta de Gobierno se compone de todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno que anteriormente se han mencionado.

Artículo 48.– Competencia.

El Pleno de la Junta de Gobierno podrá ejercer todas las competencias atribuídas a la Junta de Gobierno en el artículo 45.

Artículo 49.– Convocatoria. Tiempo y lugar.

1.– La facultad de convocar al Pleno de la Junta de Gobierno corresponde a su Presidente. No obstante, éste vendrá obligado a convocar al Pleno de la Junta de Gobierno cuando se lo solicite, al menos, un 20% de sus miembros, y se indique al mismo tiempo los asuntos a tratar.

2.– Las convocatorias deberán ir acompañadas del orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, así como del lugar, fecha y hora de la reunión. La convocatoria habrá de incluir, necesariamente, los asuntos señalados en la solicitud a que se ha hecho referencia en el Epígrafe anterior.

3.– La convocatoria se transmitirá a los miembros directamente al domicilio que conste de los mismos en el Colegio, por correo, servicio de mensajería u otro análogo, al menos con 72 horas de antelación a la fecha de celebración de la reunión de que se trate, salvo que medie urgencia en cuyo caso bastará con 24 horas de antelación.

4.– El Pleno de la Junta de Gobierno se reunirá cuando menos una vez al mes.

5.– El lugar de la reunión será la sede del Colegio, salvo que en la convocatoria se indique otro de modo expreso.

Artículo 50.– Organización interna.

Ocuparán la Presidencia y la Secretaría de la reunión del Pleno de la Junta de Gobierno, quienes ostenten los mismos cargos en el Colegio.

Artículo 51.– Asistencia.

1.– Todos los miembros de la Junta de Gobierno tienen el derecho y el deber de asistir a las reuniones del Pleno con voz y voto.

2.– La asistencia ha de ser personal, sin que quepa la representación en modo alguno.

3.– El Presidente del Pleno queda facultado para requerir la asistencia al mismo, con voz y sin voto, de Gerentes, Directores y demás Técnicos del Colegio, así como de las personas que considere convenientes a efectos de asesoramiento o información en materias jurídicas, económicas o de otra índole.

Artículo 52.– Constitución.

El Pleno de la Junta de Gobierno se constituirá válidamente siempre que concurran a la reunión la mayoría absoluta de sus miembros componentes.

Artículo 53.– Celebración de las reuniones.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 39 respecto a la Asamblea General.

Artículo 54.– Adopción de acuerdos.

1.– Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 40 respecto a la Asamblea General.

2.– Quien ostente la Presidencia de la reunión tendrá voto de calidad para dirimir los empates que se puedan producir.

Artículo 55.– Actas.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 respecto a la Asamblea General.

SECCIÓN 3ª.– COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Artículo 56.– Composición.

La Comisión permanente de la Junta de Gobierno se compone de los miembros de la misma que designe ésta en un número comprendido entre tres y cinco miembros.

Artículo 57.– Competencias.

1.– La Comisión permanente de la Junta de Gobierno podrá ejercer todas las competencias atribuídas a la misma en el artículo 45, con la misma validez y eficacia que el Pleno de la referida Junta, con la salvedad expresada en el apartado siguiente.

2.– No obstante, la Comisión permanente habrá de dar cuenta de sus acuerdos al Pleno de la Junta de Gobierno en la siguiente reunión que ésta celebre, para su ratificación expresa. En el supuesto de que el Pleno de la Junta de Gobierno adoptase el acuerdo expreso de no ratificar el acuerdo de la Comisión permanente, éste quedará automáticamente revocado y sin efecto desde ese momento.

Artículo 58.– Funcionamiento.

La Comisión permanente adecuará su funcionamiento al Reglamento que lo regule, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en los artículos 49 a 55 de estos Estatutos para el Pleno de la Junta de Gobierno.

SECCIÓN 4ª.– ELECCIÓN.

Artículo 59.– Régimen electoral.

1.– Las personas componentes de la Junta de Gobierno serán elegidas de entre todos los colegiados, por la Asamblea General, mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en el modo establecido en los demás preceptos integrantes de esta sección.

2.– La Junta de Gobierno se renovará por mitades, de manera que el término de duración de una mitad de miembros de la Junta de Gobierno, coincida con la mitad del plazo de duración de la otra mitad de miembros de la Junta de Gobierno; teniendo en cuenta la duración prevista en el artículo 44 de estos Estatutos. Al término de duración de cada mitad, procederá la elección contemplada en el apartado 5 de este artículo.

3.– Las citadas mitades serán las que resulten de la Disposición Adicional Segunda de estos Estatutos.

4.– La elección, cualquiera que fuere su causa, se regirá por el sistema de listas abiertas, o sea, tendrá como referencia cada uno de los puestos de la Junta de Gobierno que sean objeto del proceso electoral, de modo individual, y con separación de los otros puestos.

5.– Las elecciones por haber expirado la duración de su mandato (artículo 72), se regirán por lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes.

6.– Las elecciones por concurrir otro supuesto de cese que de lugar a elecciones anticipadas conforme a la Sección 5ª (artículo 72), se regirán por lo dispuesto en los artículos 70 y 71.

Artículo 60.– Convocatoria.

1.– Corresponde a la Junta de Gobierno la convocatoria de las elecciones a la Junta de Gobierno, sin que dicha facultad pueda ser objeto de atribución a ningún otro órgano, ni de delegación alguna.

2.– En el período comprendido entre los tres meses y los dos meses inmediatamente anteriores al término de los cuatro años a que se refiere el artículo 44-1, la Junta de Gobierno convocará elecciones para los puestos de la Junta de Gobierno que deban renovarse, con una antelación mínima de seis semanas a la fecha de la votación, para su celebración antes de las dos semanas previas al término de dichos cuatro años.

3.– La convocatoria deberá ser cursada, para su comunicación a los colegiados, en los cinco días hábiles siguientes a aquélla.

Artículo 61.– La Junta Electoral.

1.– La Junta Electoral estará compuesta por la mitad de miembros de la Junta de Gobierno que no se renueve o por cinco personas ajenas a la misma que habrán de ser colegiados elegidos por aquella mitad. Si la Junta de Gobierno se renovase en su totalidad, será la misma la que elegirá a tales cinco personas, componentes de la Junta Electoral, por sorteo entre todos los colegiados.

2.– La condición de miembro de la Junta Electoral, es incompatible con la de candidato, interventor o representante de alguna de las candidaturas.

3.– El acto de designación de vocales de la Junta Electoral se realizará dentro de los tres días hábiles siguientes al acuerdo de convocatoria de las elecciones.

4.– Dentro de los dos días hábiles siguientes a la designación de dichos vocales, se convocará a todos los miembros de la Junta Electoral para la constitución de dicho órgano.

5.– La Junta Electoral tiene atribuídas todas las competencias relativas a las elecciones, a excepción de las expresamente reconocidas a otro órgano en esta Sección.

Artículo 62.– Censo electoral.

1.– El censo de los colegiados con derecho a voto será expuesto en la sede colegial dentro de los siete días naturales desde la convocatoria, y se mantendrá así ininterrumpidamente hasta el día de la votación.

2.– En la semana siguiente a esa fecha podrán formularse reclamaciones ante la Junta Electoral, la cual las resolverá en los tres días hábiles siguientes a su presentación. Cuando las resoluciones modifiquen el censo inicialmente expuesto, serán publicadas junto a éste.

Artículo 63.– Candidaturas.

1.– Cada candidatura habrá de cumplir todos los siguientes requisitos:

a) Deberá referirse al puesto concreto de la Junta de Gobierno, de entre los que sean objeto de elección (Presidente o Decano, Vicepresidente o Vicedecano, Secretario, Tesorero, o Vocales).

b) Solamente podrá contener colegiados ejercientes.

c) Habrá de ir acompañada de un curriculum vitae de cada candidato.

2.– Podrán presentarse candidaturas conjuntas para todos o parte de los puestos objeto de la elección, pero habrán de especificar las personas aspirantes a los puestos concretos de que se trate, y se entenderá sin perjuicio de que la elección se proyecta a cada puesto individualmente considerado. El curriculum vitae habrá de ser también individualizado para cada candidato.

3.– En el supuesto de que cumpla con todos los requisitos expresados en los apartados 1 y 2 anteriores, la Junta Electoral proclamará cada candidatura dentro de los dos días hábiles siguientes a la finalización del plazo de propuesta. Si no cumpliere alguno de dichos requisitos, rechazará la candidatura sin posibilidad de subsanación alguna.

4.– Las listas de las candidaturas proclamadas y la documentación necesaria para el voto por correo serán remitidas por la Junta Electoral a los colegiados dentro de la semana siguiente a la fecha de la proclamación.

5.– Los candidatos podrán renunciar a su inclusión en el proceso electoral hasta tres días hábiles antes de la fecha de la votación, excluída ésta.

6.– Si no se hubiere presentado ninguna candidatura, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones para los puestos en los que concurra tal circunstancia.

Artículo 64.– Unica candidatura.

1.– En el supuesto de que no resultare proclamada más que una candidatura, se considerará elegido el candidato comprendido en la misma, sin que proceda votación alguna.

2.– Dicha circunstancia será indicada en la comunicación que se haga conforme al artículo 63-4, y se pasará seguidamente a la toma de posesión e inicio de funciones a que se refiere el artículo 69.

3.– En otro caso, se observará lo dispuesto en los artículos siguientes sobre campaña electoral, votación, escrutinio y resultados, e incidencias y recursos electorales.

Artículo 65.– Campaña electoral.

Las candidaturas proclamadas podrán efectuar, con cargo a los presupuestos del Colegio, la impresión y envío de su programa electoral en condiciones de igualdad, de acuerdo con las posibilidades de que disponga el Colegio y las limitaciones que establezca la Junta Electoral.

Artículo 66.– Votación.

1.– El día señalado para la votación se constituirá la Junta Electoral en funciones de mesa electoral para presidir el proceso de votación en el local señalado en la convocatoria. Los miembros de la Junta Electoral podrán ausentarse temporalmente de la votación, pero siempre habrán de estar presentes dos de ellos al menos.

2.– La emisión del voto podrá realizarse mediante alguna de las siguientes maneras:

a) Los colegiados podrán emitir personalmente su voto durante el horario señalado para la votación, que será de al menos ocho horas, de acuerdo con los demás pasajes aplicables de este artículo.

b) Asímismo podrán emitir su voto por correo, enviando al Colegio la papeleta de votación contenida en un sobre cerrado contenido en otro sobre firmado y cerrado en el que conste el nombre y número de colegiado remitente. Los sobres y papeletas de voto por correo, que se ajustarán en formato y color al modelo uniforme facilitado por el Colegio, deben recibirse en éste antes de finalizar la votación y después de la proclamación de candidatos. A este efecto, se procederá a registrar en un libro, a cargo del Secretario General del Colegio o quien asuma sus funciones, los sobres recibidos previo cotejo de las firmas, consignando las incidencias ocurridas, en su caso, para posibilitar la comprobación por parte de los candidatos o sus interventores el día de la votación.

3.– Una vez constituída la mesa electoral, se iniciará la votación a la hora señalada, comprobándose por un miembro de la mesa el derecho del votante a participar en la votación y se introducirá dentro de la urna la papeleta de votación contenida en el sobre facilitado a este respecto. Podrán habilitarse una o más urnas distribuyendo entre ellas por orden alfabético a los electores, permaneciendo siempre a cargo de cada una de las urnas al menos un miembro de la mesa. A disposición de los electores habrá en todo momento papeletas impresas con los nombres integrantes de cada una de las candidaturas, y sobres de votación para contener las mismas.

4.– Cada candidatura podrá designar hasta tres interventores. Con independencia de dicha designación, los propios candidatos y el representante de la candidatura, en su caso, pueden también actuar en el proceso de votación. Un candidato, interventor o representante de cada una de las candidaturas podrá asistir en todo momento con voz y sin voto a las sesiones de la mesa electoral, pudiendo formular a ésta sus peticiones o reclamaciones, y hacer constar en acta las menciones que estime necesarias, sin interrumpir el curso de la votación.

5.– Cada elector sólo puede dar el voto a una determinada persona con referencia a cada puesto de la Junta de Gobierno objeto de elección. Pero podrá votar a todos, a parte, o a uno sólo de esos puestos en la misma papeleta, con especificación de los puestos y los correspondientes candidatos a que se refieran.

6.– El voto emitido personalmente anula el voto enviado previamente por correo. De recibirse más de un voto por correo remitido por el mismo elector, sólo se computará el recibido en primer lugar.

7.– Una vez concluída la votación, se procederá a incluir los votos válidos recibidos por correo, abriendo el sobre exterior de remisión, e introduciendo en la urna el sobre interior que contiene la papeleta de votación.

8.– Serán nulos los sufragios emitidos en modelo distinto del oficial, o que tengan adiciones, enmiendas o alteraciones que dificulten conocer con claridad el sentido de la elección efectuada por el votante o cuando se contengan en el sobre de votación papeletas de más de una candidatura.

9.– Será válido el sufragio cuando en el sobre se contenga más de una papeleta de la misma candidatura, pero sólo se computará como un sólo voto a favor de ésta.

10.– Será también válido el sufragio cuando contenga candidatos renunciados, o no proclamados, si bien computando solamente el voto a los candidatos que subsistan.

Artículo 67.– Escrutinio y resultados.

1.– Inmediatamente después de celebrada la votación, se procederá al escrutinio, abriéndose el sobre de votación y leyendo en voz alta el contenido de la papeleta.

2.– Una vez concluído el escrutinio, se proclamará como candidatura electa, con referencia a cada puesto de la Junta de Gobierno objeto de elección, la que haya obtenido más votos favorables que cada una de las demás que se han presentado.

3.– A tal efecto, se levantará acta expresiva de dicha proclamación, así como del desarrollo de la votación, incidencias o reclamaciones formuladas por los electores, candidatos, miembros de la mesa e interventores de las candidaturas, y la resolución adoptada por la mesa al respecto, número total de electores, de sufragios emitidos, de votos válidos, nulos y en blanco, y el resultado final de la elección para cada una de las listas. El acta será suscrita por un miembro de cada candidatura o su representante o interventor, y los miembros de la mesa, uniéndose a la misma las papeletas o sobres de votación sobre los que se hubiera formulado expresamente alguna reclamación y solicitado su unión al acta. Los demás votos computados sin incidencia serán destruídos por los servicios administrativos del Colegio.

Artículo 68.– Incidencias y recursos electorales.

1.– Corresponde a la Junta Electoral resolver en primera instancia las controversias e incidencias del proceso electoral.

2.– Contra los acuerdos de la Junta Electoral podrá interponerse recurso ante el Consejo Profesional Autonómico de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales del País Vasco dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. Transcurridos cinco días hábiles desde la interposición sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderán desestimados por silencio administrativo, quedando agotada la vía corporativa; dicho acto presunto se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Los recursos se intepondrán ante la Junta Electoral que los remitirá con su informe al Consejo Profesional Autonómico de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales del País Vasco dentro del día hábil siguiente.

Artículo 69.– Toma de posesión e inicio de funciones.

1.– Una vez transcurrido el plazo establecido para recurso en el artículo anterior desde la proclamación de los resultados sin haberse interpuesto ninguno contra la misma, o desestimado expresa o tácitamente en vía colegial el que, en su caso, se hubiere interpuesto, podrán tomar posesión los candidatos elegidos.

2.– En el caso del artículo 64, una vez transcurrido el plazo establecido para recurso en el artículo anterior desde la proclamación de la candidatura sin haberse interpuesto ninguno contra la misma, o desestimado expresa o tácitamente en vía colegial el que, en su caso, se hubiere interpuesto, podrán tomar posesión los candidatos pertenecientes a la única candidatura proclamada.

3.– La toma de posesión tendrá lugar el día en que se produzca el término de los cuatro años a que se refiere el artículo 44-1, o el día natural siguiente, y el inicio de funciones de los elegidos comenzará en este último día en todo caso.

4.– En el supuesto de que, a consecuencia del ritmo de los plazos de las fases anteriores, se hiciere imposible el cumplimiento de lo señalado en el apartado 3, la toma de posesión se producirá dentro de la semana siguiente a las fechas señaladas en los apartados 1 y 2, y el inicio de funciones comenzará en el mismo momento.

Artículo 70.– Vacantes posteriores.

Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno antes del término de los cuatro años a que se refiere el artículo 44-1, como consecuencia de los otros supuestos de cese contemplados en el artículo 72, serán cubiertas por elección específica del puesto al que correspondan, pero con observancia del límite del plazo al que se refiere el artículo 44-2.

Artículo 71.– Elecciones anticipadas.

Las vacantes mencionadas en el artículo 70 darán lugar a elecciones anticipadas, a las que se aplicará lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes con la única salvedad consistente en sustituir la referencia al "período comprendido entre los tres meses y los dos meses inmediatamente anteriores al término de los cuatro años a que se refiere el artículo 44-1" (expresión contenida en el artículo 60-2), por la referencia a los tres meses siguientes a la fecha en que se produzca el supuesto de cese.

SECCIÓN 5ª.– CESE.

Artículo 72.– Supuestos.

Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos:

a) La expiración de la duración de su mandato, en los términos expuestos en el artículo 44.

b) Otros supuestos de cese, que serán la dimisión, el fallecimiento, la censura, y el previsto en el artículo 59-4 de estos Estatutos.

Artículo 73.– Dimisión.

1.– La dimisión no precisará aceptación alguna de los órganos colegiales, y será efectiva desde que sea comunicada al Presidente del Colegio. No obstante, se aplicará a partir de ese momento la regla del artículo 44-3 de estos Estatutos.

2.– Se considerará como dimisión la inasistencia de un miembro de la Junta de Gobierno a tres reuniones consecutivas del Pleno sin haber formulado excusa o justificación alguna. No obstante, la dimisión se entenderá producida si, requerido al respecto por el Presidente del Colegio, no manifestare excusa o justificación alguna en el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la notificación de dicho requerimiento. En otro caso, no procederá la dimisión por esta causa.

3.– En los mismos términos señalados en el apartado precedente se considerará dimisión la inasistencia a tres reuniones consecutivas de la Comisión permanente de la Junta de Gobierno, aplicándose todas las reglas allí mencionadas sin excepción alguna.

Artículo 74.– Censura.

1.– La Asamblea General podrá censurar a todos, a parte o a alguno de los miembros de la Junta de Gobierno, en los términos y con los efectos previstos en este artículo.

2.– A tal efecto, los colegiados, ejercientes o no, en número no inferior al veinticinco por cien del número de colegiados, podrá proponer la moción de censura contra todos, parte o alguno de los miembros de la Junta de Gobierno. La moción de censura se presentará por escrito, firmado por todos los proponentes, con indicación de su nombre, domicilio y DNI, y habrá de expresar sucintamente las razones de la moción, pero no indicará nombre alguno para sustituir a los censurados.

3.– En el plazo de un mes desde la presentación de la moción de censura, una vez constatado que la misma cumple todos los requisitos, habrá de convocarse y celebrarse la Asamblea General que vaya a tratar del asunto. La Asamblea General no podrá tratar de ninguna moción de censura, si no va incluída en el Orden el Día, al que habrá de acompañarse copia de la moción de censura propuesta.

4.– Una vez iniciada la reunión de la Asamblea General de que se trate, y llegado al punto de la moción de censura, la misma se someterá a debate, a cuyo efecto un representante de los proponentes (o el primero de sus firmantes), explicará el contenido de la moción; acto seguido podrán intervenir los miembros de la Junta de Gobierno objeto de la moción; después podrán intervenir los asistentes a la Asamblea General de acuerdo con las normas de su funcionamiento; y terminará con una nueva intervención del representante de los proponentes (o el primero de sus firmantes), seguida de la intervención de los miembros de la Junta de Gobierno objeto de la moción.

5.– Inmediatamente después se someterá a votación separada para cada uno de los mimebros de la Junta de Gobierno objeto de la moción, y se entenderá que prospera si vota a favor de la misma el setenta y cinco por ciento de los asistentes a la reunión de la Asamblea General.

6.– Se considerarán censurados los miembros de la Junta de Gobierno respecto a los que haya prosperado la moción mendiante la votación que se refiera a ellos.

7.– La censura se entenderá producida por el mero hecho de esa votación, y comportará el cese del miembro censurado sin necesidad de ningún otro requisito. Los indicados censura y cese tendrán efectividad desde el mismo momento en que tenga lugar la votación mencionada. No obstante, se aplicará a partir de ese momento la regla del artículo 44-3 de estos Estatutos.

8.– Si una moción de censura no prosperase respecto a un miembro de la Junta de Gobierno, sus proponentes no podrán volver a presentar otra contra el mismo miembro en el plazo de un año desde la fceha de la reunión de la Asamblea General en la que se haya tratado del asunto.

CAPÍTULO 4

EL PRESIDENTE O DECANO, Y OTROS ÓRGANOS COLEGIALES

Artículo 75.– El Presidente o Decano.

1.– El Presidente o Decano del Colegio, además de las competencias que le corresponden como miembro de la Junta de Gobierno, tiene atribuídas las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno y de otros órganos colegiales.

b) Asistir como representante del Colegio a las Asambleas del Consejo General.

c) Las señaladas en el artículo 45-3-o) y v) de los presentes Estatutos, referentes a acuerdos o convenios de colaboración, independientemente de que también las ostente la Junta de Gobierno. Sin perjuicio de su validez y eficacia, el Presidente o Decano habrá de comunicar a la Junta de Gobierno, para su conocimiento, todo ejercicio de esta competencia.

d) Todas las que deriven para él de las previsiones contenidas en los presentes Estatutos.

2.– El Presidente o Decano encarna la representación legal del Colegio y de la Junta de Gobierno ante todo tipo de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y en todas las actuaciones de cualquier naturaleza que les corresponda. No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Cuando el Presidente o Decano concurra en representación del Colegio o de la Junta de Gobierno, a algún acto o contrato cuya decisión o autorización corresponda a otros órganos colegiales, no se alterará su competencia representativa pero habrá de aportar la certificación acreditativa de la adopción de esa decisión o acuerdo por el órgano colegial competente. En particular, el Presidente o Decano podrá firmar contratos y convenios en nombre del Colegio, siempre que la suscripción de los mismos haya sido autorizada por el órgano colegial que resulte competente a tenor de estos Estatutos.

b) En caso de litigios, expedientes, cuestiones administrativas, gubernativas, judiciales y de otro carácter público, en los que participe el Colegio como demandante o como demandada o con cualquier otro carácter, el Presidente o Decano tendrá la competencia, no sólo para representar al Colegio y a la Junta de Gobierno, sino también para decidir el ejercicio de las acciones o el personamiento en su caso, con plenos efectos, sin perjuicio de someter posteriormente a ratificación de la Junta de Gobierno.

3.– En caso de vacante, enfermedad, ausencia o impedimento legal, sustituirá a quien sea titular del cargo de Presidente o Decano del Colegio, con todas sus mismas competencias, el Vicepresidente o Vicedecano del Colegio, o quien, a su vez, sustituya a éste.

Artículo 76.– El Vicepresidente o Vicedecano.

1.– El Vicepresidente o Vicedecano del Colegio, además de las competencias que le corresponden como miembro de la Junta de Gobierno tiene atribuídas las siguientes:

a) Sustituir al Presidente o Decano según el artículo 75-3.

b) Colaborar con el Presidente o Decano en el ejercicio de las competencias de éste, cuando sea requerido para ello.

c) Todas las que deriven para él de las previsiones contenidas en los presentes Estatutos.

2.– En caso de vacante, enfermedad, ausencia o impedimento legal, sustituirá a quien sea titular del cargo de Vicepresidente o Vicedecano, con todas sus mismas competencias, el miembro de la Junta de Gobierno que designe libremente ésta.

Artículo 77.– El Secretario.

1.– El Secretario del Colegio, además de las competencias que le corresponden como miembro de la Junta de Gobierno, tiene atribuídas las siguientes:

a) Llevar los libros de actas y la custodia de los sellos y documentos oficiales del Colegio, así como la extensión personal o mediante persona habilitada de las certificaciones y comunicaciones correspondientes en cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

b) Recibir todas las solicitudes y comunicaciones que se dirijan al Colegio, y dar cuenta de ellas al Presidente.

c) Redactar la Memoria Anual.

d) Dirigir los servicios administrativos y asumir la jefatura de personal del Colegio de acuerdo con los Estatutos.

e) Todas las que deriven para él de las previsiones contenidas en los presentes Estatutos.

2.– En caso de vacante, enfermedad, ausencia o impedimento legal, sustituirá a quien sea titular del cargo de Secretario, con todas sus mismas competencias, el miembro de la Junta de Gobierno que designe libremente ésta.

Artículo 78.– El Tesorero.

1.– El Tesorero del Colegio, además de las competencias que le corresponden como miembro de la Junta de Gobierno, tiene atribuídas las siguientes:

a) La dirección y supervisión de la llevanza de los libros de documentación contable y cuentas anuales para su ulterior consideración por la Junta de Gobierno y después por la Asamblea General.

b) La formulación del presupuesto económico del Colegio y el control económico del mismo.

c) La recaudación o ingreso y el pago, así como la custodia de los fondos del Colegio.

d) La fiscalización en materia contable y económica del Colegio y, en particular, la intervención a ese respecto de las operaciones de ingresos y gastos.

e) Todas las que deriven para él de las previsiones contenidas en los presentes Estatutos.

2.– En caso de vacante, enfermedad, ausencia o impedimento legal, sustituirá a quien sea titular del cargo de Tesorero, con todas sus mismas competencias, el miembro de la Junta de Gobierno que designe libremente ésta.

Artículo 79.– Los Vocales.

1.– Ostentarán la condición de vocales todos los miembros de la Junta de Gobierno que no ocupen ningún cargo dentro de la organización interna de la misma.

2.– Los vocales, además de las competencias que les corresponden como miembros de la Junta de Gobierno, tienen atribuídas todas las que deriven para ellos de las previsiones contenidas en los presentes Estatutos.

CAPÍTULO 5

LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

Artículo 80.– Naturaleza.

Las Comisiones y Grupos de Trabajo son aquellos órganos colegiales que se crean para finalidades concretas, careciendo de facultades decisorias salvo que su normativa reguladora establezca otra cosa.

Artículo 81.– Creación.

Corresponde a la Junta de Gobierno, la creación de cualesquiera Comisiones o Grupos de Trabajo, con independencia del ámbito territorial que vayan a tener.

Artículo 82.– Regulación.

Las Comisiones y Grupos de Trabajo, se regirán por lo dispuesto en los Reglamentos que puedan dictarse al amparo del artículo 8 de los presentes Estatutos.

CAPÍTULO 6

ATRIBUCIÓN Y DELEGACIÓN DE

Artículo 83.– Atribución de competencias.

1.– La Junta de Gobierno podrá atribuir las competencias del Colegio a los diferentes órganos del mismo, así como modificar las atribuciones precedentes, todo ello en los términos que libremente disponga.

2.– Dicha facultad podrá ejercerse, también, en relación a competencias atribuídas a determinados órganos en virtud de los presentes Estatutos, para atribuírselas a otros distintos, con las siguientes excepciones:

a) Aquéllas respecto a las que estos Estatutos hayan indicado expresamente que no son atribuibles a otro órgano.

b) Las de la Junta Electoral.

c) Las del Presidente o Decano, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Contador de la Junta de Gobierno.

3.– Las competencias que resulten de dicha atribución tendrán el carácter de propias del órgano que las detente, sin perjuicio de su posible modificación ulterior.

Artículo 84.– Delegación de competencias.

1.– La Junta de Gobierno podrá delegar sus competencias propias en cualquier otro órgano del Colegio. Los demás órganos también podrán delegar sus competencias propias en cualquier otro órgano, con autorización previa de la Junta de Gobierno.

2.– Dicha facultad podrá ejercerse, también, en relación a competencias atribuídas a determinados órganos en virtud de los presentes Estatutos, para atribuírselas a otros distintos, con las siguientes excepciones:

a) Aquéllas respecto a las que estos Estatutos hayan indicado expresamente que no son atribuibles a otro órgano.

b) Las de la Junta Electoral.

c) Las del Presidente o Decano, Vicepresidente o Vicedecano, Secretario y Tesorero de la Junta de Gobierno.

TÍTULO IV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 85.– Potestad disciplinaria.

1.– El Colegio podrá imponer sanciones a los colegiados por actos u omisiones realizados con motivo de su ejercicio profesional o de su pertenencia colegial, que sean contrarios a la regulación contemplada en el artículo 7.

2.– El régimen disciplinario, a que se refiere este Capítulo, se establece con independencia de la responsabilidad penal o civil, así como de la potestad sancionadora administrativa sobre los funcionarios u otro personal público.

Artículo 86.– Faltas leves.

Son faltas leves:

a) El incumplimiento de las obligaciones colegiales, reglamentarias, estatutarias o profesionales, o de los acuerdos dictados por la Junta de Gobierno dentro de su competencia, cuando no ocasionen perjuicio para el Colegio o para otros Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales, para el cliente o para terceras personas.

b) La falta de respeto hacia el cliente o hacia otros Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales que no conlleve publicidad o no sea de gravedad.

c) La comunicación a terceros sin causa justificada de datos conocidos con ocasión del ejercicio profesional, cuando no se derive de ello perjuicio alguno para el cliente o para otros.

d) La emisión de facturas o minutas notoriamente desproporcionadas o excesivas.

e) La realización de actividades publicitarias que por suponer perjuicio para la imagen del Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social hayan sido prohibidas expresamente por los órganos colegiales.

f) La vulneración de cualquier otro precepto que regule la actividad profesional o la relación con el Colegio y el resto de las organizaciones colegiales, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Artículo 87.– Faltas graves.

Son faltas graves:

a) La vulneración de lo dispuesto en el artículo 5.1.d) de la Ley 18/1997 (las normas de colegiación).

b) El incumplimiento de los deberes profesionales, cuando resulte perjuicio para quienes soliciten o concierten la actuación profesional.

c) La vulneración del deber de comunicación dispuesto en el artículo 11 de la Ley 18/1997 (sobre intrusismo y otras actuaciones profesionales y regulares).

d) El incumplimiento del deber de aseguramiento.

e) El incumplimiento del deber de ejercicio profesional a que se refiere el artículo 13 de la Ley 18/1997 (sobre ejercicio profesional forzoso), salvo existencia de causa justificada que imposibilite la prestación del servicio, cuando hubiese sido debidamente requerido al efecto.

f) La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales de su misma profesión o de los órganos de gobierno de ésta, y de las personas o instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional, así como la agresión física a los mismos.

g) Los actos constitutivos de competencia desleal.

h) Los actos que impidan o alteren el normal funcionamiento de los Consejos o Colegios Profesionales o de sus órganos.

i) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.

j) La emisión de minutas o facturas por conceptos inexistentes o por actuaciones profesionales no realizadas y la firma de informes o trabajos no realizados por el Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social que suscriba los mismos cuando se produzca perjuicio al cliente.

k) La actuación profesional sin el cumplimiento de los requisitos establecidos según el caso para el ejercicio por cuenta propia o ajena, cuando se produzca perjuicio al cliente.

l) Las actuaciones profesionales constitutivas de faltas según las leyes penales, o de ilícito con perjuicio para el cliente según las leyes civiles.

m) El incumplimiento de las obligaciones colegiales, reglamentarias o estatutarias, o de los acuerdos dictados por la Junta de Gobierno dentro de su competencia, cuando ocasionen un perjuicio no grave para el Colegio o para otros Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales, para el cliente o para terceras personas.

Artículo 88.– Faltas muy graves.

Son faltas muy graves:

a) El ejercicio de la profesión sin estar en posesión del título a que se refiere el artículo 5.1.a) de la Ley 18/1997.

b) Incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para quienes soliciten o concierten la actuación profesional.

c) La vulneración del secreto profesional.

d) El ejercicio de una profesión en situación de inhabilitación profesional o incurso en causa de incompatibilidad o prohibición.

e) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.

f) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años. Se exceptúa de lo dispuesto en esta párrafo la infracción señalada en la letra j) del apartado 2 del artículo 15 de la Ley 18/1997 (recogida en el artículo 87-i) de estos Estatutos).

g) El ejercicio de la profesión sin pertenencia al Colegio.

h) El incumplimiento de las obligaciones colegiales, reglamentarias o estatutarias, o de los acuerdos dictados por la Junta de Gobierno dentro de su competencia, cuando ocasionen un perjuicio grave para el Colegio o para otros Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales, para el cliente o para terceras personas. En todo caso, la falsedad, inexactitud o falta de veracidad en las comunicaciones e informaciones realizadas a cualquier órgano o servicio del Colegio, a cualquier efecto.

Artículo 89.– Sanciones.

1.– Las sanciones serán las previstas en el artículo 16 de la Ley 18/1997, que se transcriben a continuación.

2.– Las infracciones muy graves podrán ser objeto de alguna de las siguientes sanciones:

a) Inhabilitación profesional, por un tiempo comprendido entre un año y un día y veinte años, en los términos del artículo 17 de la Ley 18/1997.

b) Multa comprendida entre 500.001 y 5.000.000 PTA.

3.– Las infracciones graves podrán ser objeto de alguna de las siguientes sanciones:

a) Inhabilitación profesional, por un tiempo que no exceda de un año, en los términos del artículo 17 de la Ley 18/1997.

b) Multa comprendida entre 50.001 y 500.000 PTA.

4.– Las infracciones leves podrán ser objeto de alguna de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.

b) Multa que no exceda de 50.000.PTA.

5.– Cuando el infractor hubiere obtenido beneficio económico a consecuencia de la infracción, la multa se incrementará en la cuantía que exceda la evaluación de dicho beneficio económico de los límites máximos previstos en los números anteriores con un mínimo del equivalente de dicha evaluación y un máximo del doble de ésta.

6.– Las sanciones se graduarán en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.

7.– Las sanciones anteriores se entienden sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en hubieren podido incurrir los sancionados.

8.– El producto de las multas que el Colegio perciba en ejercicio de su potestad disciplinaria será destinado íntegramente a promover programas de formación profesional permanente. A tal efecto, se adoptarán y ejecutarán, en virtud del procedimiento que corresponda, las medidas pertientes de acuerdo con la normativa establecida en cada caso.

Artículo 90.– Prescripción de las faltas y de las sanciones.

1.– La prescripción de las faltas y de las sanciones será la establecida en el artículo 18 de la Ley 18/1997, que se transcribe a continuación.

2.– Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

3.– El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

4.– Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto infractor.

5.– Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año. No obstante, en las sanciones de inhabilitación profesional por tiempo igual o superior a tres años, el plazo de prescripción será igual al período de sanción.

6.– El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

7.– La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.

Artículo 91.– Publicidad.

Los acuerdos de imposición de sanciones serán dados a conocer por medio del tablón de anuncios, revista, circular u otra forma de publicación o comunicación del Colegio. Cuando se trate de sanción por falta muy grave, el acuerdo de imposición será publicado también en la revista de la corporación.

Artículo 92.– Organos sancionadores y Comisión de Deontología.

1.– La Comisión de Deontología, a que se refiere este artículo, participará en la actividad sancionadora del Colegio, junto a los demás órganos que se establezcan, y en los términos en que se disponga.

2.– Corresponde a la Junta de Gobierno la creación de la Comisión de Deontología, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de estos Estatutos en todo lo que no se oponga a lo establecido en este artículo.

3.– La Comisión de Deontología estará compuesta por un mínimo de tres colegiados ejercientes con antigüedad de al menos tres años, elegidos a este efecto por la Junta de Gobierno, para un mandato de cuatro años.

4.– Si no se hubiere creado la Comisión de Deontología, todas las competencias atribuídas a la misma en estos Estatutos serán ejercidas por un órgano que designará la Junta de Gobierno para cada caso, a fin de cumplir el principio de separación entre el órgano instructor y el órgano decisor a que se refiere el artículo 19-2-d) de la Ley 18/1997.

Artículo 93.– Procedimiento sancionador.

En el marco del artículo 19 de la Ley 18/1997, el procedimiento sancionador será el establecido en el Anexo al presente texto articulado de los Estatutos, participando también de la naturaleza de los mismos.

Artículo 94.– Ejecución y efectos de las sanciones.

1.– La ejecución y efectos de las sanciones se regirán por lo dispuesto en el presente artículo, en el marco del artículo 20 de la Ley 18/1997. En su virtud:

a) El Colegio procederá, por sí mismo, a la ejecución forzosa de sus propias resoluciones sancionadoras de acuerdo con las normas aplicables a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Las sanciones serán ejecutivas desde el acto o resolución que agote la vía administrativa.

2.– Las sanciones disciplinarias, una vez que sean firmes en vía administrativa, se ejecutarán por la Junta de Gobierno del Colegio en los propios términos de la resolución que acuerde su imposición. La Comisión de Deontología velará, también, por el buen término de dicha ejecución.

3.– No obstante, la Junta de Gobierno del Colegio podrá acordar la suspensión de la ejecución, de oficio o a solicitud del interesado, y previo informe preceptivo de la Comisión de Deontología, cuando se acredite la interposición del pertinente recurso contencioso-administrativo y mientras se sustancia, sin perjuicio del derecho del interesado a solicitar tal suspensión en el ámbito del propio procedimiento contencioso-administrativo conforme a la legislación vigente.

4.– Las sanciones disciplinarias pueden ser hechas públicas, en los términos previstos en el artículo 91 de los Estatutos del Colegio, una vez que sean firmes en vía administrativa, con independencia de su ejecución. En caso de que el acuerdo sancionador sea luego judicialmente revocado, deberá darse análoga publicidad a tal revocación.

5.– Las sanciones que impliquen inhabilitación, habrán de ser comunicadas al Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, así como al Consejo Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales del País Vasco.

Artículo 95.– Extinción de la responsabilidad disciplinaria.– Rehabilitación.

1.– La extinción de la responsabilidad disciplinaria se regirá por las siguientes reglas:

a) La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiado, la prescripción de la falta y la prescripción de la sanción.

b) Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere el fallecimiento del inculpado, se dictará resolución declarando extinguido el procedimiento sancionador.

c) La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, aunque determinará la imposibilidad de ejecutar la sanción que se acuerde. En tal caso se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en el Colegio.

2.– La rehabilitación se regirá por las siguientes reglas:

a) Los sancionados podrán pedir su rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:

– Si la falta es leve, a partir de los seis meses siguientes.

– Si la falta es grave, a partir de los dos años siguientes.

– Si la falta es muy grave, a partir de los cuatro años siguientes.

b) La rehabilitación se acordará de no haberse acreditado en el expediente la comisión de hechos análogos a los que motivaron la sanción, durante el tiempo transcurrido desde la imposición de la misma, procediéndose a la cancelación de la anotación de la sanción en el expediente del colegiado.

c) La cancelación corresponde a la competencia de la Junta de Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión de Deontología, la cual realizará, además, las actividades de instrucción que la Junta de Gobierno le encomiende.

TÍTULO V

DESENVOLVIMIENTO. MEDIOS Y ACCIONES

COLEGIALES

Artículo 96.– Recursos.

1.– Los actos emanados de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno, y del Presidente o Decano, serán susceptibles de Recurso ante el Consejo Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales del País Vasco, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Los actos emanados de cualesquiera otros órganos del Colegio serán susceptibles de recurso ante la Junta de Gobierno, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Los actos dictados en ejercicio de una delegación de competencia, serán susceptibles del recurso que proceda contra los actos del órgano delegante.

4.– Cuando se trate de impugnar los acuerdos de los órganos colegiados por quien participe en los mismos, el plazo de recurso se computará desde la celebración de la reunión en que aquéllos se hubieren adoptado, en todo caso.

5.– La resolución del recurso agota la vía colegial, y frente a ella podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo con arreglo a las normas de dicha jurisdicción.

6.– Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que se haya notificado la resolución expresa, se entenderá desestimado por silencio administrativo. El acto presunto se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 97.– Derechos económicos.

1.– El Colegio tiene plena capacidad jurídica y de obrar en el ámbito económico y patrimonial para el cumplimiento de sus fines.

2.– Los derechos económicos del Colegio están integrados por:

a) Las cuotas ordinarias de incorporación, en su caso, y de carácter periódico, así como las extraordinarias, unas y otras en la cuantía y frecuencia que se establezca por la Junta de Gobierno al aprobar los presupuestos anuales de la corporación. No obstante, la Junta de Gobierno podrá revisar la cuantía de las cuotas, debiendo ser sometida dicha revisión a ratificación de la Asamblea General en los presupuestos del año siguiente.

b) Los derechos por expedición de documentos, legalización de firmas, dictámenes, laudos y otros análogos.

c) Los derechos por expedición de impresos que se faciliten a los colegiados, así como los ingresos de ediciones y publicaciones del Colegio.

d) Los honorarios por informes, dictámenes o actuaciones periciales directamente asumidos por los órganos colegiales a solicitud de entidades públicas o de particulares.

e) Los intereses y rentas de los distintos elementos del patrimonio corporativo.

f) Las subvenciones, herencias o donaciones que pueda recibir de todo tipo de personas físicas o jurídicas.

g) Cualesquiera ingresos que corresponda percibir a la corporación.

Artículo 98.– Presupuestos.

1.– El Colegio dispondrá de su propio presupuesto anual, de carácter estimativo, comprensivo de todos los ingresos y gastos previstos para cada año natural, que será elaborado por la Junta de Gobierno y aprobado por la Asamblea General.

2.– El presupuesto de un ejercicio se considerará prorrogado para el ejercicio siguiente si llegado el momento no hubiera sido objeto de aprobación el nuevo presupuesto, teniendo en cuenta las adaptaciones que sean consecuencia de disposiciones aplicables en materia de personal o acuerdos de la Junta de Gobierno, y en todo caso con carácter de provisionalidad hasta la aprobación de los nuevos presupuestos colegiales.

Artículo 99.– Auditoría.

Las cuentas del Colegio deberán ser sometidas anualmente a fiscalización económica realizada por dos colegiados ejercientes elegidos mediante sorteo realizado a tal efecto por la Junta de Gobierno, presentándose el informe emitido a la primera Asamblea General Ordinaria del año siguiente.

Artículo 100.– Mediación del Presidente o Decano.

1.– El colegiado al que le sea encargado promover o preparar actuaciones de cualquier tipo en contra de otro colegiado sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, se dirigirá simultáneamente al Presidente o Decano del Colegio para que lleve a cabo una labor de mediación, si éste lo considera oportuno.

2.– Con independencia del deber señalado en el apartado anterior, el Presidente o Decano actuará como mediador en aquellas diferencias que ambas partes sometan a su consideración.

TÍTULO VI

REFORMA DE LOS ESTATUTOS. DISOLUCIÓN

Y LIQUIDACIÓN.

CAPÍTULO 1

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 101.– Requisitos.

Para la reforma de los presentes Estatutos, será necesario cumplir todos los siguientes requisitos:

a) Que lo proponga indistintamente o bien la décima parte de los colegiados, o bien la Junta de Gobierno de este Colegio.

b) Que se indique el precepto o preceptos que se propongan reformar, así como su nueva redacción.

c) Que se apruebe por mayoría absoluta de los presentes en la Asamblea General convocada al efecto.

Artículo 102.– Procedimiento.

1.– La Junta de Gobierno convocará, en el plazo de un mes a partir de la presentación del proyecto de reforma ante la Secretaría del Colegio, la Asamblea General Extraordinaria para la modificación de los Estatutos, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo anterior.

2.– Además del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo precedente, la reforma requerirá la observancia de todos los demás que establezca el ordenamiento jurídico.

Artículo 103.– Ambito territorial.

La modificación del ámbito territorial del Colegio constituye uno de los supuestos de necesaria reforma de los Estatutos.

CAPÍTULO 2

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 104.– Régimen jurídico.

1.– El procedimiento de disolución y el régimen de liquidación serán los previstos en los artículos 31 y 32, y concordantes, de la ley 18/1997.

2.– La Junta de Gobierno ejercerá todas las facultades propias de la liquidación, dando cuenta a la Asamblea General, salvo que la Ley de disolución disponga otra cosa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Supletoriedad de la regulación estatal.

En lo no previsto expresamente en la regulación contemplada en el artículo 7 de estos Estatutos, se aplicarán supletoriamente las disposiciones estatales referentes específicamete a la profesión u organización colegial de los Diplomados en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales.

Segunda.– Encaje de la Junta de Gobierno en estos Estatutos.

1.– La Junta de Gobierno existente a la entrada en vigor de estos Estatutos, continuará vigente, aunque se regirá por lo dipuesto para la misma en ellos.

2.– La renovación parcial de la Junta de Gobierno, se realizará en la mitad y momento que derive de la expiración de la vigencia de los miembros de la Junta de Gobierno existente a la entrada en vigor de estos Estatutos. Y así, sucesivamente.

3.– En el supuesto de que la Junta de Gobierno cesare en su totalidad, la Junta de Gobierno que se elija seguidamente tendrá la siguiente duración:

a) La mitad que comprenda al Vicepresidente o Vicedecano, Secretario y mitad de los Vocales, tendrá una duración de dos años.

b) La otra mitad que comprenda al Presidente o Decano, Tesorero y la otra mitad de los Vocales, tendrá la duración de cuatro años prevista en estos Estatutos. En el supuesto de que el número de Vocales fuese impar, se imputará un Vocal más a esta mitad.

c) La mitad señalada en la letra a), que se elija con posterioridad, tendrá la duración de cuatro años prevista en estos Estatutos; salvo que la Junta de Gobierno cese en su totalidad.

4.– Se faculta a la Junta de Gobierno para resolver cuantas dudas, lagunas o interpretaciones pudieran plantearse en relación a esta Disposición Adicional.

Tercera.– Recursos en ausencia del Consejo Profesional del País Vasco.

En tanto no esté creado el Consejo Profesional del País Vasco, los Recursos que proceda interponer ante el mismo según estos Estatutos, se interpondrán ante el Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

Unica.– Entrada en vigor.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de la publicación, en el Boletín Oficial del País Vasco de la Orden aprobatoria prevista en el artículo 33-5 y 6 de la Ley 18/1.997.

ANEXO

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, AL QUE SE

REFIERE EL ARTICULO 93 DE LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE GIPUZKOA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Ámbito.

1.– El presente Anexo, al que se refiere el artículo 93 de los Estatutos del Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa, y con la misma naturaleza de éstos como parte inseparable de los mismos, será aplicable en las actuaciones que realice el Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Gipuzkoa, para la exigencia de las responsabilidades disciplinarias en las que puedan incurrir los colegiados, con ocasión del ejercicio de su profesión o su actividad colegial, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudieran incurrir.

2.– La imposición de sanciones por faltas graves o muy graves requiere la tramitación del expediente en la forma expresada en el presente Anexo. La imposición de sanciones por falta leve requiere previa audiencia del interesado por término de ocho días, sin perjuicio de que también puede llevarse a cabo mediante la tramitación señalada en el presente Anexo, si así se acordare; no obstante, le será de aplicación en todo caso lo dispuesto en los artículos 1 al 7, y 16 al final de este Anexo y, si no hubiere información previa, también los artículos 8, 9, 13 y 15

Artículo 2.– Responsabilidad penal y disciplinaria.

Aún cuando los mismos hechos puedan determinar responsabilidad penal y disciplinaria, si se tiene conocimiento de que sobre los mismos hechos objeto de la presunta responsabilidad disciplinaria se siguen actuaciones penales, se continuará la tramitación del expediente disciplinario pero se suspenderá su resolución hasta que se conozca la resolución judicial firme recaída, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción.

Articulo 3.– Suspensión preventiva en caso de procesamiento.

La Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Deontología, podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional en el ejercicio de la profesión de los colegiados sometidos a procesamiento, mediante resolución fundada. El acuerdo de suspensión habrá de ser notificado al afectado, quien podrá recurrirlo conforme al artículo 17 de este Anexo. La suspensión podrá prolongarse mientras dure el procesamiento.

Artículo 4.– Tramitación, comunicaciones, notificaciones y prórrogas de plazos.

1.– El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, que se ajustarán al presente Anexo y, en lo no previsto en el mismo, a la legislación del procedimiento administrativo, que será supletoria con carácter general.

2.– La tramitación, comunicaciones y notificaciones se ajustarán igualmente a lo establecido en el presente Anexo y, en su defecto, a lo dispuesto en la legislación del procedimiento administrativo.

3.– Las notificaciones podrán ser hechas en el domicilio profesional que el colegiado tenga comunicado al Colegio con plena validez, y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse de no haber comunicado reglamentariamente su eventual traslado. Si no pudiese ser verificada la notificación en los términos previstos por la legislación del procedimiento administrativo, se efectuará la entrega de la misma por empleado del Colegio; y si, a pesar de ello, no pudiera efectuarse la entrega en dicho domicilio a persona alguna relacionada con el inculpado por razón de parentesco o de permanencia en el mismo, la notificación se entenderá efectuada a los quince días de su anuncio en el tablón de edictos del Colegio.

4.– Los plazos establecidos en este Anexo serán prorrogables, salvo disposición expresa en contrario, a propuesta razonada del ponente o instructor, aprobada por la Comisión de Deontología antes de su vencimiento. El acuerdo sobre la prórroga, que se notificará al colegiado afectado o al recurrente, no será recurrible, sin perjuicio de las alegaciones que procedan al respecto en actuaciones o recursos ulteriores.

Artículo 5.– Derecho de los colegiados a no declarar ni alegar en las actuaciones seguidas en su contra.

Los colegiados respecto de quienes se sigan procedimientos en materia disciplinaria podrán abstenerse de declarar en los mismos, así como de formular alegaciones en los plazos establecidos al efecto, sin que tal conducta implique por sí misma nueva responsabilidad disciplinaria, pero sin que ello impida ni suspenda la continuación de las actuaciones.

CAPÍTULO II

INICIACIÓN DE LAS ACTUACIONES E

INFORMACIÓN PREVIA

Artículo 6.– Iniciación de las actuaciones.

1.– El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio, por acuerdo de la Comisión de Deontología, ya sea de propia iniciativa o de orden de la Junta de Gobierno, ya a virtud de denuncia o comunicación de otras personas u organismos.

2.– El denunciante o comunicante de los hechos a que se refiera el procedimiento disciplinario no tendrá la condición de parte en el mismo, pero tendrá derecho a que se le dé traslado del acuerdo de iniciación del procedimiento y a que se le notifiquen los acuerdos de archivo de las actuaciones o de imposición de sanciones, contra los que podrá formular los recursos pertinentes.

Artículo 7.– Información previa.

1.– La Comisión de Deontología podrá acordar la realización de una información previa. En tal caso, en el acuerdo de incoación del procedimiento de información previa se designará un miembro de dicha Comisión para que, como ponente, la practique.

2.– La información previa se iniciará con la ratificación del denunciante, salvo que en el acuerdo de incoación se exprese que no sea necesaria. El denunciante habrá de ratificar o denegar la ratificación en el plazo de diez días desde que se le comunique la apertura de la información previa, transcurridos los cuales sin hacerlo se darán por conclusas las actuaciones y se archivarán sin más trámites, mediante la correspondiente diligencia del ponente, salvo acuerdo en contrario adoptado por la Comisión de Deontología.

3.– Producida la ratificación o en los casos en que no se considere precisa, el ponente notificará al colegiado afectado la incoación de la información previa y le dará traslado de la denuncia o hechos a que la misma se refiera, para que, en el plazo improrrogable de diez días, formule las alegaciones y presente los documentos que estime convenientes.

4.– El ponente podrá practicar las diligencias que considere convenientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la posible responsabilidad disciplinaria y habrá de concluir la información previa en el plazo de dos meses desde su apertura, formulando alguna de las siguientes propuestas:

a) Propuesta de sobreseimiento definitivo o provisional de las actuaciones, cuando de las mismas no resulten indicios de responsabilidad disciplinaria, se hubiere extinguido ésta o en la presunta infracción no resulte participación del inculpado.

b) Propuesta de sanción, como falta leve, de acuerdo con los trámites que señala el artículo 1 de este Anexo.

c) Propuesta de instrucción de expediente disciplinario en la forma expresada en el presente Anexo, cuando se deduzcan indicios de responsabilidad disciplinaria de mayor gravedad, imputables a un colegiado determinado, que no estuviere extinguida ni prescrita.

5.– Dichas propuestas habrán de ser debatidas por la Comisión de Deontología, la cual elaborará las suyas propias en los casos de los apartados a) y b) del epígrafe 4 anterior, y las elevará a la Junta de Gobierno para la adopción del acuerdo pertinente. En el caso del apartado c), la Comisión de Deontología actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 y siguientes de este Anexo.

6.– Los acuerdos señalados en el epígrafe 5 precedente serán notificados al colegiado afectado en todo caso. Cuando el acuerdo le imponga sanción por falta leve, se le expresará su derecho a recurrir en los términos previstos en este Anexo.

7.– También se notificarán al denunciante o comunicante dichos acuerdos, cuando archive las actuaciones o imponga sanción por falta leve, expresándole su derecho a recurrir en los términos previstos en este Anexo.

CAPÍTULO III

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS

Artículo 8.– Apertura de expediente disciplinario y competencia para su instrucción y resolución.

La apertura del expediente disciplinario será acordada por la Comisión de Deontología en los términos del artículo 6 de este Anexo. Cuando dicha Comisión estime que no procede tal apertura, lo comunicará a la Junta de Gobierno, la cual, no obstante, podrá ordenarla.

Artículo 9.– Del instructor y del secretario del expediente disciplinario.

1.– El propio acuerdo de apertura del expediente disciplinario designará el instructor y el secretario del expediente, tanto si estuvieren nombrados con carácter general, cuanto si lo hubieren sido con carácter especial para ese caso, pudiendo ser sustituídos con posterioridad si se considerase oportuno. El instructor habrá de ser necesariamente miembro de la Comisión de Deontología.

2.– La apertura del expediente disciplinario con el nombramiento de instructor y de secretario, así como la eventual designación de unos nuevos, se notificará al colegiado sujeto a expediente, así como a los designados para ostentar dichos cargos.

3.– La excusa para la aceptación de los nombramientos de instructor y secretario de un expediente disciplinario será apreciada y aprobada en su caso por la Comisión de Deontología.

4.– El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de la indentidad del instructor y del secretario designados, sobre lo que resolverá en su caso la Comisión de Deontología.

5.– Las resoluciones sobre la abstención y recusación del instructor o del secretario no serán recurribles, sin perjuicio de las alegaciones que al respecto procedan en las actuaciones y recursos ulteriores.

6.– El instructor, bajo la fe del secretario, ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y, en particular, de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.

7.– Serán de aplicación al instructor y al secretario las normas relativas a abstención y recusación de la legislación del procedimiento administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 10.– Pliego de cargos.

1.– En plazo de un mes desde la apertura del expediente disciplinario y a la vista de las actuaciones practicadas, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos.

2.– El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso; comprenderá los hechos imputados al inculpado, en párrafos separados y numerados por cada uno de ellos; y se expresará, en su caso, la falta presuntamente cometida y las sanciones que puedan ser de aplicación, con referencia concreta a los preceptos correspondientes.

Artículo 11.– Contestación al pliego de cargos.

1.– El pliego de cargos se notificará al inculpado, concediéndole un plazo improrrogable de diez días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere pertinentes y la aportación de los documentos que estime de interés.

2.– El inculpado podrá proponer, en su contestación al pliego de cargos, la práctica de cualquier medio de prueba admisible en Derecho que crea necesario y acompañar los documentos que considere convenientes.

Artículo 12.– Período de prueba.

1.– El instructor dispondrá del plazo de un mes para la práctica de las pruebas que estime pertinentes, sean o no de las propuestas, plazo que se computará desde que se conteste el pliego de cargos o transcurra el plazo establecido para ello sin hacerlo.

2.– El instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas que considere innecesarias, en resolución motivada no recurrible, sin perjuicio de las alegaciones que al respecto procedan en las actuaciones y recursos ulteriores.

3.– Para la práctica de las pruebas que haya de practicar el propio instructor se notificará al inculpado el lugar, fecha y hora, a fin de que pueda intervenir.

Artículo 13.– Propuesta de resolución.

1.– El instructor, dentro de los diez días siguientes, someterá a la Comisión de Deontología el texto para una propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos; motivará en su caso la denegación de pruebas; hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que considere cometida y señalará la responsabilildad del inculpado, así como la sanción a imponer.

2.– Dicho texto habrá de ser debatido por la Comisión de Deontología, la cual elaborará la propuesta de resolución del expediente con los mismos requisitos expresados en el epígrafe 1 anterior.

Artículo 14.– Alegaciones del inculpado.

La propuesta de resolución se notificará al inculpado para que, en el plazo improrrogable de diez días, con vista del expediente, pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa.

Artículo 15.– Elevación del expediente para resolución.

1.– La Comisión de Deontología, oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, sin ulteriores trámites remitirá el expediente completo a la Junta de Gobierno, para que, en plazo de un mes, acuerde la resolución pertinente o, en su caso, ordene a aquella Comisión la práctica de las diligencias complementarias que considere necesarias.

2.– Cuando acuerde devolver el expediente para la práctica de nuevas diligencias, la Comisión de Deontología, antes de remitirlas de nuevo, dará vista al inculpado para que alegue cuanto estime conveniente en el plazo improrrogable de diez días.

Artículo 16.– Resolución del expediente.

1.– La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. En la adopción del acuerdo no intervendrán quienes hayan actuado en la fase instructora del expediente como miembros de la Comisión de Deontología, instructor o secretario.

2.– La resolución que se dicte deberá ser notificada al inculpado y al denunciante o comunicante de los hechos, en su caso, con expresión de los recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos.

CAPÍTULO IV

RECURSOS Y RELACIONES ORGÁNICAS

Artículo 17.– Recursos.

1.– No serán recurribles los acuerdos de apertura del expediente disciplinario, ni los adoptados durante su tramitación, sin perjuicio de las alegaciones que procedan en el recurso que se interponga contra el acuerdo que resuelva el expediente disciplinario y en las actuaciones y recursos ulteriores.

2.– Los acuerdos de la Junta de Gobierno que sean recurribles, lo serán en los términos establecidos en el artículo 96 de los Estatutos del Colegio.

3.– Los actos de la Comisión de Deontología u otros órganos competentes en materia disciplinaria, que sean recurribles, lo serán dentro del mes siguiente ante la Junta de Gobierno del Colegio.

Artículo 18.– Relaciones orgánicas.

1.– La Comisión de Deontología y demás órganos competentes en materia disciplinaria actuarán bajo la dependencia jerárquica de la Junta de Gobierno.

2.– No obstante, cuando la Junta de Gobierno aprecie grave discrepancia entre su criterio y el de la Comisión de Deontología en relación a algún expediente concreto, podrá acordar motivadamente sustituir a la misma en todas o parte de las funciones que le correspondan en relación a dicho expediente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Unica.– Inexistencia de la Comisión de Deontología.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92-4 de los Estatutos del Colegio, en el caso de ienxistencia de la Comisión de Deontología, todas las competencias atribuídas a la misma en este Anexo serán ejercidas por el órgano previsto para su sustitución en dicho artículo.