Este informe elaborado por el Instituto de Equidad en Salud de la UCL a petición de The Health Foundation analiza y documenta el impacto de la epidemia causada por la COVID-19 en las desigualdades en salud en Inglaterra.

Sus autores, Michael Marmot, Jessica Allen, Peter Goldblatt, Eleanor Herd y Joana Morrison, manifiestan desde el título concedido al informe la necesidad de proyectar una reconstrucción social mejor y más justa en términos sociales, económicos y ambientales tras la COVID-19. En su opinión, el proceso de recuperación no puede devolver a Inglaterra a la situación previa a la COVID-19, y caracterizada no solo por un claro estancamiento de la esperanza de vida y de la salud de la población (y de determinadas áreas geográficas) sino también por el aumento de las desigualdades sociales en salud. Para ello proponen un proceso de reconstrucción fundamentado en una economía del bienestar y en la reducción de las desigualdades de ingresos y riqueza.

El informe examina la relación existente entre las condiciones socioeconómicas y ambientales de la sociedad inglesa antes de la epidemia por COVID-19 y los devastadores efectos de esta, especialmente en términos de coste desigual en los diferentes sectores sociales, particularmente en aquellos más desfavorecidos. Así, destacan cuatro efectos:

1. Los daños para la cohesión social y la inclusividad, resultado de la gobernanza y la cultura política, que han deteriorado la confianza y socavado la relevancia del bien común con decisiones políticas que no han reconocido a la salud y el bienestar de la población como áreas de acción prioritaria.
2. El incremento de las desigualdades sociales y, en definitiva, afectación de las condiciones de vida de determinados sectores de población que resultan en un aumento de las desigualdades sociales en salud en paralelo a la expansión de la pandemia.
3. Los efectos de las políticas de austeridad económica de la década previa, con efectos en la atención social para adultos, con incidencia negativa en el aumento del gasto requerido por la evolución demográfica o la necesidad de financiación de la Salud Ppública, son ejemplos de la reducción del gasto público con consecuencias para la salud y el bienestar de la población.
4. El incremento de las tasas de letalidad de la COVID-19, relacionado con un aumento de la prevalencia de las malas condiciones de salud.

El análisis de los factores de riesgo para la mortalidad por COVID-19 indica que los riesgos son mucho más elevados para quienes viven en áreas más desfavorecidas, hacinados en viviendas, desempeñando trabajos esenciales, perteneciendo a minorías como la negra, la asiática u otras etnias, con problemas de salud subyacentes, y siendo varones y mayores. No vivir en el sur de Inglaterra también supone un riesgo mayor. Y los riesgos son acumulativos.

Así, este informe concluye con la identificación de una serie de recomendaciones relacionadas con factores que inciden, en alguna medida, en la salud y el bienestar de la población:

• Condiciones previas de salud, que determinan un peor pronóstico y mayores tasas de mortalidad. La COVID-19 ha agravado estas condiciones en personas que residen en áreas desfavorecidas y pertenecen a grupos de ingresos bajos.
• Residencia en áreas desfavorecidas, que se asocia con mayor riesgo de mortalidad por COVID-19.
• Región, dada la estrecha relación existente entre el área de residencia, el estado de salud, el empleo, las privaciones materiales, el origen étnico y la tasa de mortalidad por COVID-19.
• Condiciones de vida, ya que el hacinamiento y la mala calidad de la vivienda se asocian a mayor riesgo de mortalidad por COVID-19.
• Ocupación, dado que el riesgo de mortalidad es mayor entre quienes no pueden teletrabajar o mantener el distanciamiento social en el desarrollo de sus tareas. El estudio indica que todas las ocupaciones con tasas de mortalidad superiores a la media están peor pagadas y tienen un estatus inferior. Las/os trabajadoras/es en el sector sanitario y de cuidados se encuentran especialmente en riesgo.
• Etnicidad, dado que determinados grupos étnicos experimentan tasas más elevadas de mortalidad por COVID-19, en parte como consecuencia de la exclusión y discriminación social vinculada al racismo estructural. Además, el informe evidencia que trabajadores/as de determinados grupos étnicos tienen ocupaciones altamente expuestas a la COVID-19 y, además, insuficientemente protegidos con las medidas necesarias.
• Religión, dado que se detecta una mayor mortalidad entre personas que practican una religión (especialmente entre determinados grupos étnicos) y que asisten a reuniones para la celebración de sus cultos.

Las recomendaciones se plantean en tres fases (para el corto plazo, el medio plazo y a largo plazo) y plantean intervenciones orientadas a: reducir las desigualdades en los primeros años de vida; a mejorar la educación; a reducir la pobreza infantojuvenil y a prevenir y mejorar el tratamiento de los problemas de salud mental infantojuvenil; a mejorar la formación y orientación profesional de los jóvenes y a reducir de la brecha en el acceso a los procesos de aprendizaje como puerta de acceso al mercado laboral; a mejorar las condiciones laborales (reducción de la precariedad, salario mínimo, etc.); a revisar el sistema impositivo; a reducir factores contaminantes en áreas desfavorecidas; a facilitar el acceso al alquiler social; a reducir el sinhogarismo; y a favorecer el fortalecimiento de la Salud Pública y la actuación estratégica en materia de determinantes sociales de la salud.

Si desea ampliar esta información, consulte el estudio 'Reconstruir de forma más justa: Revisión Marmot de la COVID-19. La pandemia, las desigualdades sociales y en salud en Inglaterra' (Build back fairer: The COVID-19 Marmot Review. The Pandemic, Socioeconomic and Health inequalities in England, Institute of Health Equity: 2020).