El informe elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) aborda los desafíos sanitario, social, económico y fiscal que la pandemia de COVID-19 ha supuesto para los gobiernos de todo el mundo en los diferentes niveles de gobernanza (local, regional y estatal), ofreciendo claves para gestionar el impacto territorial del COVID-19.

Más allá de la tragedia humana y para la salud de COVID-19, el informe muestra cifras mediante las que se evidencia la grave crisis económica provocada por la pandemia, no vista desde la desencadenada por la Segunda Guerra Mundial. Dicha crisis tiene repercusiones en todos los sectores económicos (industria, turismo, servicios, etc.), afectando a las cadenas de suministros mundiales y provocando menor demanda de las importaciones y de los activos económicos y con ello, un incremento de las tasas de desempleo y del número de solicitantes de ayudas.

Según estimaciones realizadas por la OCDE (septiembre de 2020), el PIB mundial real disminuirá un 5% en 2021 y se prevé que el desempleo en los países de la OCDE aumente casi al 10% (9,4%).

El informe evidencia también que impacto de la crisis de COVID-19 tiene un enorme peso territorial y difiere notablemente no solo entre países, sino también entre regiones y municipios dentro de los países, tanto en lo que se refiere a los datos detectados como a los datos de defunciones. Y lo mismo sucede dentro de los núcleos poblaciones, con diferencias significativas entre sus las áreas o barrios.

Así, el informe señala que entre las causas que originan estas diferencias se encuentran los determinantes sociales en salud, y no tanto a cuestiones relacionadas con la densidad poblacional de los territorios como inicialmente se consideró. En este sentido, se señala que la densidad poblacional per se, no es el problema; si no, la densidad poblacional asociada con la pobreza, las malas condiciones de la vivienda y el acceso limitado a la atención médica; destacando particularmente la pobreza y el acceso a los hospitales como indicadores más importantes que la densidad. Así por ejemplo, se explicaría que según los datos facilitados por Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, Manhattan, el distrito con la mayor densidad de población, no fue el más afectado y sin embargo, sí lo fueron otros de ingresos más bajos, como el Bronx.

El riesgo de muerte por COVID-19 muertes se concentran en los distritos caracterizados por situaciones hacinamiento en los hogares, pobreza, y participación forzosa o precaria en el mercado laboral.

Asimismo, si bien la mayoría de los países, regiones y ciudades no estaban preparados para una crisis de tal envergadura, no todos los países y las regiones estaban igualmente equipadas para combatir la crisis. Tomando como ratio el número de camas por habitantes o el gasto en atención médica provisto por los países también se resaltan disparidades importantes.

Las respuestas de los gobiernos regionales y locales para ayudar a mitigar los efectos territoriales de la crisis pasan por intervenciones locales específicas en el ámbito de salud (confinamientos perimetrales y micro confinamientos), el mantenimiento de los servicios esenciales ajustados a la disponibilidad de recursos, junto con estrategias enfocadas a un mayor desarrollo y acceso a los servicios telemáticos (el impulso del teletrabajo, las consultas de tele-salud, o la tele-educación en el ámbito escolar y docente), apoyo fiscal para proteger empresas, hogares y poblaciones vulnerables así como la reasignación de fondos públicos a las prioridades de la crisis, entre otras.

Finalmente, el documento recoge diez conclusiones relativas a la gestión del impacto territorial de COVID-19 y sus implicaciones para la gobernanza multinivel, que pretenden servir de reflexión para la toma de decisiones políticas y que de manera resumida son las siguientes:

1. Introducir o reorientar los órganos de coordinación multinivel existentes que reúnen a representantes de los gobiernos nacionales y regionales para disminuir el riesgo de ofrecer una respuesta fragmentada a la crisis.
2. Apoyar la cooperación entre municipios y regiones en la gestión de los recursos, especialmente en situaciones de emergencia. Promover el uso de herramientas digitales para acelerar la contratación pública.
3. Apoyar la cooperación transfronteriza (por ejemplo, cierre y reapertura de fronteras, medidas de contención, estrategias de salida, trabajadores migrantes).
4. Adoptar un enfoque territorial adaptado a las necesidades concretas de cada territorio en la lucha contra la pandemia.
5. Fortalecer las políticas de apoyo a los grupos vulnerables en todos los niveles de gobierno implicados en la provisión de recursos.
6. Propiciar el consenso entre los gobiernos nacionales y regionales en torno a las medidas fiscales y presupuestarias impulsadas para hacer frente a la COVID-19.
7. Favorecer otros mecanismos fiscales dirigidos a la financiación de deuda nacional y regional o el control de la efectividad del gasto y los ingresos.
8. Incluir la dimensión territorial en los planes nacionales de recuperación presupuestaria y de las inversiones.
9. Aprender de la crisis de 2008 en la implementación de estrategias de recuperación de inversiones para no cometer los mismo errores.
10. Incluir objetivos sociales y climáticos en los planes de recuperación así como el fomento de la resiliencia para la asignación de fondos de inversión.

Para consultar el informe completo pulse el siguiente enlace: https://www.euskadi.eus/web01-a2zesosa/es/contenidos/documentacion/doc_sosa_territorial_impact_co/es_def/index.shtml