Educo, Organización No Gubernamental dedicada a la educación y a los derechos de la infancia, ha publicado recientemente un informe en el que se pone el foco en la necesidad de invertir en el acceso a la educación y a los cuidados de la primera infancia como estrategia para revertir las situaciones de pobreza y desigualdad social.

Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2022 la población de cero a tres años en España era de más de un millón cuatrocientos mil niños y niñas. Este segmento poblacional conforma lo que el informe denomina primera infancia, periodo en el que se sientan las bases para el desarrollo cognitivo a lo largo de la vida siendo así de suma importancia garantizar los derechos básicos de los/as niños y niñas a fin de minimizar las desigualdades sociales a futuro. Dicho de otro modo, “para que niñas y niños disfruten plenamente de sus derechos y de una vida plena debemos centrarnos de inmediato en la raíz de las desigualdades, aquellas que impiden el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo desde los primeros años”.

Según el informe, es en estos primeros años de vida donde las desigualdades sociales pueden ralentizar, entorpecer o menoscabrar las oportunidades de desarrollo de los/as niños y niñas, produciendo (o reproduciendo), situaciones de pobreza y exclusión social.

Invertir primera infancia es pues clave para luchar contra estos fenómenos y sus resultados son altamente positivos para el futuro de los niños/as, de sus familias y del conjunto de la sociedad. Tal y como señalan los/as autores/as del estudio, “la educación y cuidado de calidad antes de los 3 años forman parte del derecho a la educación de la infancia y tienen importantes beneficios para su desarrollo y bienestar, para sus familias y para la sociedad”.

Con este objetivo, el informe propone un conjunto de acciones o recomendaciones para la intervención en este colectivo donde los centros educativos y a las familias juegan un papel relevante.

En primer lugar, se recomienda priorizar el acceso de los grupos vulnerables (niños/as con discapacidad, familias monomarentales, familias numerosas o víctimas de violencia de género, familias migrantes, minorías étnicas, familias con algún miembro desempleado, entre otros); a las plazas públicas de manera que se garantice una cobertura suficiente para los/as niños/as en situación de vulnerabilidad. En este punto se remarca la necesidad de buscar criterios comunes entre los requisitos de acceso a las plazas educativas puesto que se producen diferencias significativas entre comunidades autónomas, generándose situaciones de desigualdad y desequilibrio territorial.

En segundo lugar, más allá de la priorización en el acceso, se señala fundamental asegurar un primer ciclo de educación infantil gratuito para los niños/as en situación de vulnerabilidad. Según datos del INE (2016), la mayoría de las familias con rentas más bajas (el 73,7 %) no puede acceder a una plaza de educación infantil. Aunque con diferencias entre comunidades autónomas, se precisa mayor inversión pública para la financiación de los programas educativos en la primera infancia a fin de garantizar el acceso de los/as niños/as provenientes de familias desfavorecidas en condiciones de igualdad.

En tercer lugar, se remarca la necesidad de caminar hacia la gratuidad del acceso a un sistema de plazas equitativo y de calidad. Tal y como se señala el informe: “El reconocimiento de la importancia educativa de los primeros años y su papel en la prevención de la exclusión y la pobreza exige que el acceso a educación y cuidados de calidad durante la primera infancia se garantice como derecho, algo que solo puede conseguirse a través de la gratuidad”. En este contexto, existen ejemplos que promueven la gratuidad de ciertos ciclos de educación infantil (Galicia, País Vasco o Comunidad de Madrid, por ejemplo); sin embargo, el gasto público para el acceso a estas plazas es de competencia municipal, siendo muy desigual entre los diferentes territorios.

Otro de los aspectos remarcados en el estudio hace referencia a la calidad de las plazas ofertadas. La ayuda de los fondos europeos para la puesta en marcha de programas de educación infantil debe invertirse en mejorar la calidad de los centros y ampliar la oferta de plazas gratuitas; sin embargo, es necesario realizar un seguimiento de la ejecución de los mismos y evaluar si están contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales entre los menores en situación de vulnerabilidad.

En este punto, para la evaluación de la calidad también se hace necesario la producción y publicación de estadísticas que permitan el análisis desagregado de la población de 0 a 3 años. Según señalan sus autores/as, la mayoría de los datos de este segmento poblacional se encuentran aglutinados en otras cohortes poblacionales lo que dificulta la evaluación de las medidas implementadas y, en consecuencia, la definición de políticas educativas y familiares más dirigidas.

Sensibilizar sobre la importancia de la educación infantil desde las administraciones públicas es otra de las recomendaciones propuestas para favorecer la igualdad de oportunidades de los menores y “fomentar el reconocimiento de la educación y cuidados de calidad durante la primera infancia como derecho y como oportunidad de desarrollo por parte de los distintos agentes sociales, y en especial de las familias”. Se propone una promoción a partir de campañas dirigidas a las familias, a los/as profesionales de distintos ámbitos (educativo, sanitario, comunitario y de protección social), así como a las administraciones públicas y a la sociedad en general.

Promocionar espacios de encuentro y de participación para las familias, propiciar entornos seguros y programas de apoyo a la crianza que desarrollen el apego y favorezcan la creación de “comunidades de aprendizaje” en las que las familias puedan intercambiar experiencias y desarrollar redes de apoyo; es otra de las recomendaciones señaladas para impulsar el bienestar de los menores de 0 a 3 años con especial atención a las familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se recomienda también proporcionar una atención integral para los/as niños/as de 0 a 3 años que coordine a los/as profesionales que intervienen en su educación y bienestar, es decir, profesionales de los centros educativos, profesionales de los servicios sociales y comunitarios y profesionales de salud, entre otros. Esta coordinación se concreta en la figura de “la coordinadora o coordinador de bienestar y protección en entornos educativos”.

Finalmente, la última de las recomendaciones hace referencia a las/os profesionales de la enseñanza y concretamente, a la necesidad de impulsar la formación y de mejorar las condiciones laborales de este colectivo para mejorar en última instancia la calidad ofertada.

Para más información, puede consultar el informe íntegro en el siguiente enlace: “No todo vale. Recomendaciones para la mejora de la calidad de la educación y los cuidados hasta los 3 años (Educo, 2022)”