Cáritas y la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada (FOESSA) publican un informe realizado por más de 30 investigadores pertenecientes a más de 10 universidades y entidades de investigación social al objeto de tratar el estado actual de la cohesión social en España tras la irrupción de la COVID-19 y las consecuencias para la actividad económica, el empleo, o la vulnerabilidad social por causa de factores de exclusión como la edad, el género o el acceso a las nuevas tecnologías, entre otros.

Ambas entidades son responsables de elaborar una detallada radiografía social de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, en la que se incluyen, también, los efectos de todas las medidas de excepcionalidad social y sanitaria desarrolladas por los poderes públicos en la gestión de esta.

El informe centra su atención en los efectos de la pandemia en la situación social de las personas y los hogares, para analizar la crisis surgida y sus particularidades, con atención a una serie de tendencias de fondo, preexistentes e intensificadas por esta crisis, entre las que destacan una dinámica de trabajo flexibilizada que se traduce en precariedad e inestabilidad laboral en los sectores más vulnerables, al tiempo que aumentan las dificultades (con tendencia a la cronicidad) para la empleabilidad de las personas desempleadas.

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en el proceso de recuperación económico iniciado tras la crisis de 2008, afectando negativamente a la tendencia de reducción de la desigualdad en la distribución de la renta. Se ha precarizado más la situación del elevado número de personas que viven al día, 'con grandes dificultades ante gastos imprevistos y con severos problemas para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda'. El llamado 'efecto amortiguador de las políticas públicas' (ERTEs, etc.) ha paliado el efecto de la crisis, pero con efectos limitados, por ejemplo, por la demora en los cobros de algunas ayudas y las dificultades de acceso a estas en el caso de los colectivos más vulnerables.

Se ha constatado un aumento de la pobreza y la vulnerabilidad económica en hogares que con el propósito de superar la crisis del 2008 han agotado sus recursos enfrentando una situación de precariedad prolongada. El riesgo de pobreza se proyecta para un considerable número de hogares que se enfrentan a situaciones persistentes de privación material, de ahí que el reto de las estrategias de intervención se centre en evitar que las situaciones de vulnerabilidad se transformen en estados crónicos. En este sentido el estudio destaca como 'la pobreza se ha extendido y lo ha hecho, casi sin excepción en la mayoría de las categorías sociodemográficas de la sociedad española. Su incidencia también ha aumentado en la mayoría de los territorios, aunque con mayor crudeza en aquellos donde las actividades presenciales tienen un peso mayor'. 

El informe subraya la importancia de los procesos de desventaja social acumulativa, resultado de la exacerbación por efecto de la pandemia de las situaciones de desigualdad social y precariedad y/o pobreza, especialmente alarmante en los hogares con menores de edad, dado que la vivencia de las situaciones de pobreza severa en la infancia puede tener efectos adversos a largo plazo al alcanzar un menor nivel educativo y/o de sufrir condiciones de pobreza y privación material en la vida adulta.

De hecho, se apunta a un aumento notable de la exclusión social, especialmente para las personas que enfrentan situaciones de mayor gravedad y que debieran ser destinatarias prioritarias de las políticas de inclusión social (en materia de salud, vivienda, empleo, educación, etc.). La extensión del fenómeno a distintos sectores de la población conlleva que solo menos de la mitad de los hogares españoles se encuentren en una situación de integración social plena. Por tanto, la exclusión severa presenta un componente multidimensional (por la acumulación de problemáticas diversas) que exige, en definitiva, una alineación en la formulación de las diversas políticas públicas con la inclusión social como eje y que trasciendan los servicios sociales, es decir, que se fundamenten en la colaboración de los distintos sistemas de protección.

Factores de exclusión

El informe señala la brecha social vinculada a la dimensión digital como un nuevo factor de exclusión social, que se fundamenta en dos fenómenos: el analfabetismo digital, resultado de la carencia de habilidades necesarias para el uso de nuevas tecnologías de la información; y la dificultad o imposibilidad de acceso a servicios digitales (el apagón digital).

En cuanto a la variable género, la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en sectores muy feminizados (hostelería, comercio, cuidados, etc.), aumentando notablemente la exclusión social en hogares con mujeres como sustentadoras principales frente a aquellos en los que la mayoría de los ingresos los aporta un varón.

La edad también es una variable explicativa de las diferencias que en materia de inclusión social afectan a los grupos sociales. Existe un grupo etario (18 años en 2008 y 30 años en 2030) que ha vivido dos crisis en momentos cruciales de transición al empleo, la emancipación del hogar familiar, etc. y que previsiblemente portarán secuelas permanentes en sus itinerarios laborales y vitales. Cabe señalar que la exclusión de mayor intensidad y más multidimensional afecta a 2,7 millones de jóvenes entre los 16 y los 34 años, que enfrentan graves problemas de empleabilidad, falta de recursos formativos, ausencia de experiencia laboral o dificultades para acceder a una vivienda.

Si a la variable edad añadimos género, entonces se confirma que las mujeres más jóvenes ven empeorar su situación de exclusión, en la que el factor étnico también se convierte en un condicionante negativo.

En cuanto a las diferencias territoriales, el mapa de la exclusión dibuja diferencias significativas según la incidencia de esta: en el caso de País Vasco o Asturias el informe sitúa a esta en el 16%, mientras que en Cataluña o Canarias la exclusión social alcanza cifras en torno al 29%.

La crisis derivada de la pandemia por COVID-19 ha puesto una vez más a prueba la red de seguridad básica que conforman los hogares en calidad de elementos mitigadores o amplificadores del impacto de cualquier situación crítica. Así el informe analiza de forma pormenorizada las tres estrategias fundamentales empleadas por los hogares para afrontar las necesidades materiales: uso de ahorros propios, búsqueda de ayuda externa o reducción de gastos habituales. Esto permite determinar los efectos que la crisis ha tenido para que los hogares continúen ejerciendo su capacidad de protección y ayuda. De hecho, estas estrategias han afectado de modo diferente a los diferentes tipos de hogar: los de personas mayores pensionistas han soportado mucho mejor los ajustes de la crisis frente a aquellos en los que hay menores de edad o son familias monoparentales, en los que se agravan las situaciones de exclusión severa.

En lo que respecta a los cuidados, la pandemia ha obligado a su reorganización en el seno de los hogares, generando mayores dificultades de conciliación entre empleo y cuidados, especialmente para la población femenina, lo que evidencia la acentuación de la desigualdad en la asunción de cuidados y tareas domésticas que perjudica a las mujeres.

La pandemia ha supuesto, también, un debilitamiento de las relaciones sociales, tanto en la frecuencia como en la calidad de estas. Por el contrario, el hogar mantiene su condición de agencia de socialización ante cualquier circunstancia. En los hogares en situación de exclusión social se confirma el aumento de personas que dejan de tener contacto diario (o casi diario) con personas ajenas al hogar. La pandemia no ha provocado “un deterioro de las relaciones sociales dado que este proceso ya se había iniciado y esta simplemente lo ha agravado, aunque de manera diferente”, según el nivel de exclusión social que afecta a los hogares.

Por último, el informe hace una mención a las estrategias activas de intervención ejecutadas por el sector público, con dos dimensiones fundamentales: la de protección social y la de refuerzo de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencias, apoyo a la vivienda y servicios sociales), pese a que estas no solo han sido una combinación de iniciativas novedosas con las ya existentes, sino resultado de la conjugación de esfuerzos de comunidades autónomas y entidades locales. En materia de protección social, las actuaciones de estas han amortiguado los impactos más duros de la crisis sociolaboral sobrevenida por causa de la COVID-19: las administraciones locales y el Tercer Sector Social de Acción Social han jugado un papel fundamental en la protección de los colectivos más vulnerables y aislados y que, por otra parte, han resultado los más perjudicados en materia de salud y bienestar.      

En el contexto de esta crisis, los servicios sociales se enfrentan al desafío de diseñar nuevas formas de intervención social para el siglo XXI, tras la visibilidad alcanzada durante la pandemia, y con el objetivo de ampliar su relación con otros servicios de bienestar con los que 'a veces compiten y habitualmente colaboran'.

Si desea ampliar esta información, puede consultar el informe 'Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España', publicado por Cáritas y la Fundación FOESSA (2022).