La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), han publicado un informe centrado en la financiación de los cuidados de larga duración en el que analiza las estrategias de diferentes países entre los que se encuentra España.

Según el informe la atención a largo plazo está constituida por un conjunto de servicios sanitarios (médicos y de enfermería), servicios de asistencia y cuidado personal, y servicios sociales, dirigidos a prestar apoyo para que las personas puedan desarrollar su proyecto vital de manera autónoma o bien, en centros residenciales cuando la autonomía disminuye.

Los cuidados formales de larga duración son un elemento central en las políticas públicas de los países desarrollados debido a la demanda creciente de este tipo de cuidados entre la población, principalmente, entre la población de más edad.

Responder a los desafíos demográficos exige organizar y realizar ajustes financieros en la atención a largo plazo a fin de asegurar unos servicios sociales y sanitarios acordes a las necesidades que presentan los grupos sociales, especialmente, en el colectivo de personas mayores. Y, al mismo tiempo, estos ajustes buscan provocar una disminución de los cuidados informales (prestados en su mayoría por mujeres), especialmente, en un contexto marcado por la incorporación de la mujer al mercado laboral y la disminución de las tasas de natalidad.

En este contexto, los gobiernos han dirigido su dotación presupuestaria a financiar la atención de larga duración básicamente, con tres objetivos. Primeramente, el proveer el acceso a los cuidados que las personas mayores requieren; en segundo lugar, garantizar la protección financiera frente al gasto corriente y, en tercer lugar, el proporcionar una red de seguridad social para los colectivos más vulnerables que no puede hacer frente al gasto de los servicios que necesitan.

Así, la estrategia de muchos países ha enfocado la financiación de cuidados a partir de la fijación de precios. Tal y como se señala en el informe “La fijación de precios no se trata solo de cubrir los costos de la prestación de servicios, sino que también es una herramienta de política importante que proporciona los incentivos adecuados para garantizar que se cumplan los objetivos presupuestarios, promover la calidad, aumentar la equidad y fomentar la coordinación y la integración con los servicios de salud”.

El informe analiza el comportamiento financiero de Australia, Alemania, España, Estados Unidos de América (EEUU), Francia, Holanda, Japón, República de Corea y Suecia.

En relación con los casos de estudio, muchos de los países estudiados adoptan un enfoque universal en lo que a la cobertura y acceso a los cuidados de refiere. Sin embargo, los modelos del gasto dedicado a los cuidados de larga duración se basan en gran parte en factores asociados a la disponibilidad de la oferta en lugar de en las cuestiones que se necesitan o demandan.

Otro de los elementos comunes en los casos de estudio analizados consiste en la evaluación del grado de necesidad. La evaluación de necesidades se aplica en todos los países estudiados en reconocimiento a la diversidad de los cuidados sanitarios, sociales y funcionales que puedan presentarse a lo largo de la vida de las personas. No obstante, el informe critica que el seguimiento y la monitorización de las necesidades evaluadas no se efectúa de manera rutinaria para informar de las necesidades insatisfechas que resultan de la aplicación de los distintos criterios de elegibilidad definidos.

En lo que a la financiación de los cuidados de larga duración (en adelante, CLD) se refiere, muchos de los países lo gestionan a partir de fondos separados; es decir, fondos específicos financiados al margen del presupuesto destinado a salud. Países como Alemania, Australia, España, Francia, Holanda, Japón y República de Corea han creado flujos de financiación separados para la atención a largo plazo. De éstos, Alemania, Holanda, Japón y Corea han creado programas de aseguramiento específicos (seguros dedicados a los CLD).

En EEUU, por ejemplo, la atención a largo plazo se financia con fondos públicos si bien opera a partir de criterios de elegibilidad específicos para personas con bajo nivel de ingresos y alto grado de necesidad.

Con todo, la heterogeneidad de los cuidados asociados a la atención a largo plazo se traduce en el establecimiento de diferentes mecanismos para la fijación de precios. En los países analizados, los precios son fijados en su mayoría, de manera unilateral por los compradores o, mediante la negociación colectiva entre compradores y proveedores. Este método ofrece como garantía la asequibilidad para los pagadores públicos a diferencia de otros procedimientos en los que los precios son determinados completamente por mecanismos mercantiles.

Fijados los precios, muchos países realizan ajustes de precios y pagos adicionales, dirigidos a abordar la variación del coste de los cuidados según las necesidades de las personas mayores o su ubicación geográfica. Estos ajustes buscan propiciar la equidad en el acceso y en la asignación de los recursos a fin de asegurar la asignación óptima del recurso; especialmente en aquellas situaciones en las que se precisa un alto nivel de coordinación entre los servicios sanitarios y los cuidados sociales.

Por último, el informe recoge una serie de lecciones aprendidas, entre las que se pueden destacar la necesidad de que la atención a largo plazo tenga su reflejo en la financiación y organización de dicho sistema (protección financiera y cobertura de los CLD, ligado a criterios de elegibilidad y la fijación de los precios de los servicios); la recomendación de establecer flujos de financiación separados (que contribuye a que el presupuesto dedicado a los CLD no se desvíe a otros fines); o, la determinación de financiar los CLD a través de una fuente segura de financiación que promueva la reducción de las desigualdades en el acceso a los recursos entre diferentes regiones.

Si desea acceder al informe completo, pulse en el siguiente enlace: 'Pricing long-term care for older persons (World Health Organization, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021)'.