La Comisión Europea publica un informe sobre la desinstitucionalización de los cuidados en los 27 países miembros a modo de evaluación de los cambios que se han producido en la última década en la transición de los cuidados institucionales a los cuidados familiares y de tipo comunitario.

Este documento se publica tras haber transcurrido una década desde el estudio encomendado en 2009 por Vladimir Špidla, Comisario de Empleo, Asuntos sociales e Igualdad de oportunidades de la Comisión Europea, para abordar los problemas de la reforma de los cuidados institucionales y encontrar fórmulas para la promoción de modelos de atención más humanos, centrados en la persona e individualizados.

En 2009 se realizó una definición sobre la atención residencial en espacios institucionales, en base a tres características: 

• Las personas usuarias se encuentran, habitualmente, aisladas de la comunidad y obligadas a vivir juntas.
• Sus usuarias/os no tienen suficiente control sobre sus vidas y sobre las decisiones que les afectan.
• Los requisitos de la propia organización frecuentemente se priorizan sobre las necesidades individualizadas de las personas usuarias.

Con un recorrido por el estado de situación de la prestación de cuidados institucionales en los 27 estados miembros, el documento ofrece información concisa sobre la situación en cada uno de ellos e identifica algunas tendencias referidas a la desinstitucionalización en seis colectivos diana (personas con discapacidad, con problemas de salud mental, sin hogar, menores -incluidos menores con discapacidad y menores migrantes no acompañados o separados- y personas mayores:

• Se estima que en Europa al menos 1.438.696 personas viven en instituciones, una cifra que no parece haber variado sustancialmente en los últimos 10 años.
• El número de menores en acogimiento residencial ha disminuido ligeramente, bien porque se han trasladado a vivir con sus familias, bien porque han sido acogidos/as, adoptados/as o bien porque han alcanzado la mayoría de edad.
• En los 27 países de la UE, las personas residiendo en instituciones lo hacen mayoritariamente en centros residenciales y tan solo una minoría reside en centros de pequeñas dimensiones de base comunitaria (integrados en la comunidad).
• En algunos de los países, las personas permanecen más tiempo del necesario en prisión y en hospitales por la falta de alojamiento en la comunidad. En otros países, el cuidado institucional es la principal forma de prestación de cuidados para menores que no se encuentran al cuidado de sus progenitores.
• En muchos países, y especialmente en aquellos que iniciaron procesos de desinstitucionalización, las personas con discapacidades intelectuales y necesidades complejas es muy probable que continúen residiendo en entornos institucionales.

Asimismo, el informe identifica soluciones y tendencias en el proceso de desinstitucionalización en la UE:

• La importancia del apoyo centrado en la persona y del individuo, también en el caso de personas con necesidades de apoyo complejas, se convierte en elemento clave para garantizar la inclusión y participación plena de estas en la comunidad. Sin embargo, existe una grave ausencia de datos (ya sean estadísticas oficiales o investigaciones) en los países de la UE sobre participación de las personas en los procesos de desinstitucionalización, su grado de aceptación por parte de la comunidad, el grado de elección sobre su situación vital o sus opciones de abandono de la institución en la que residen, la calidad de los apoyos que reciben o su percepción sobre el tratamiento recibido en aspectos referidos a la dignidad y el respeto, entre otras cuestiones.
• Los procesos de desinstitucionalización de cuidados se refieren también a la implementación del artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se dispone de escasa información sobre las experiencias vividas por las personas en términos de elección y control, inclusión y participación.
• La carencia de viviendas sociales y/o comunitarias asequibles se convierte en una barrera para la vida en la comunidad. En este sentido, son necesarias políticas, estrategias y prácticas de vivienda adecuadas para avanzar en el proceso de desinstitucionalización.
• Las infraestructuras residenciales de pequeña escala continúan acogiendo a grupos numerosos de personas, lo que dificulta la atención individualizada y la inclusión en la comunidad, perpetuando una cultura de segregación, en lugar de promover alternativas basadas en la comunidad. Pocos países de la UE proporcionan información de servicios residenciales para 6 personas o menos.
• En todos los países se proporciona atención residencial para todos los grupos, incluso para menores sin discapacidades, pero solo en Suecia toda la provisión residencial para adultos es a pequeña escala y de base comunitaria. Suecia es el único país que cuenta con asistencia personal como modelo predominante de prestación para los cuidados de base comunitaria.
• La percepción de que la desinstitucionalización es un proyecto financiado desde la UE dificulta la transferencia generalizada de responsabilidad del nivel nacional al local, no siempre acompañada de financiación, además de otros problemas potenciales en términos de coordinación, coherencia y competencia de los servicios. El liderazgo nacional es esencial para realizar cambios generalizados con coordinación multinivel e intersectorial. Las estrategias nacionales sobre desinstitucionalización deben incluir una financiación adecuada, medidas concretas de implementación y mecanismos de monitorización.

El informe refleja así la existencia de una sólida evidencia que demuestra los buenos resultados ofrecidos por las alternativas de cuidados de base comunitaria, además de subrayar las dificultades existentes para lograr hacer sostenibles grandes infraestructuras residenciales o para adecuar estas a divisiones y rediseños que logren reducir sus dimensiones. Sin embargo, el mayor obstáculo se encuentra en la permanencia de la cultura institucional y su resistencia al cambio, incluso una vez producida la transición a unidades residenciales de reducidas dimensiones.

Este informe ve la luz en un momento en el que los efectos de la COVID-19 evidencian algunos de los aspectos negativos de la institucionalización de los cuidados (privación de contactos sociales como medida de prevención frente a posibles contagios, congregación de personas en infraestructuras de cuidados) y factores asociados de la vulnerabilidad de sus residentes ante la COVID-19.

Si desea ampliar esta información, consulte el informe “Transición de los cuidados institucionales a los cuidados de base comunitaria en los 27 países miembros de la UE. Informe final” (Transition from Institutional Care to Community-Based Services in 27 EU Member States: Final report. Research report for the European Expert Group on Transition from Institutional to Community-based Care, EC: 2020)