Departamento de Salud / Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Una reflexión sobre los sistemas de protección social de atención a la dependencia

Fecha de publicación: 

Equipo de la Coordinación Sociosanitaria

?La longevidad y dependencia. La nueva contingencia del siglo XXI? (imagen de archivo)

?La longevidad y dependencia. La nueva contingencia del siglo XXI? (imagen de archivo)

La revista Ekonomiaz publica en su número 96 un interesante trabajo de Gregorio Rodríguez Cabrero sobre la protección social frente a la dependencia, abordando los aspectos esenciales de los sistemas de protección como son: la gobernanza, la sostenibilidad financiera, la inversión en políticas de prevención y el equilibrio en el reparto de la carga de los cuidados.

El informe, titulado ‘Longevidad y dependencia. La nueva contingencia del siglo XXI’, parte de la premisa de que el envejecimiento poblacional es un éxito de las sociedades contemporáneas, en tanto que se vive más años y con mejor calidad. Sin embargo, este incremento en la esperanza de vida ligado a una mayor longevidad, incrementa también el riesgo de una progresiva pérdida de autonomía y de la necesidad de apoyos que hagan posible la realización de las actividades básicas de la vida diaria. En este sentido, longevidad y dependencia son las dos caras de la misma moneda y como tal, deben ser consideradas en el diseño de las políticas públicas.

No obstante, el riesgo de la dependencia es asumido en la mayoría de países europeos por las familias y, concretamente, por las mujeres. La voluntad de las personas que necesitan apoyos de ser cuidadas por familiares junto con el deseo de permanecer en su domicilio hasta que sea posible, ha hecho de éste ‘un riesgo extenso e intenso a lo largo de las últimas décadas en los países más desarrollados’ (G. Rodríguez Cabrero, 2019).

La contingencia de la dependencia requiere un impulso de los sistemas de protección social y una reformulación de las políticas de Cuidados de Larga Duración (CLD), que invierta en la mejora de la calidad de vida de las personas y de sus familias, en el impulso de la coordinación de los servicios sociales y sanitarios, en la construcción de empleo y en la cohesión social.

La inversión social en torno a la dependencia debe contemplar los distintos factores que hacen a esta contingencia singular frente a otras contingencias de la protección social.

Es decir, debe contemplar el marcado sesgo de género que acompaña al desempeño de los cuidados informales, a la complejidad institucional en la provisión formal de dichos cuidados (cuyos recursos y programas son provistos por instituciones municipales, provinciales y estatales), al amplio porcentaje que personas mayores que se encuentran en situación de dependencia (casi el 50% es población de 80 y más años), sin olvidar, la influencia de factores culturales que si bien varían entre países, avistan los cuidados como parte de sus tradiciones y compromisos generacionales.

Esta diversidad de políticas según países es observada por la Comisión Europea que aboga por el desarrollo de una estrategia europea integrada de protección social y Cuidados de Larga Duración, caracterizada por 3 rasgos:

  • Cobertura universal
  • Adecuación a las necesidades de las personas en situación de dependencia, asequibilidad y calidad
  • Sostenibilidad financiera

La definición de esta recomendación implica el reconocimiento de la dependencia y del derecho a la protección social en un sistema de cobertura universal, lo que hace necesaria la definición de una gobernanza eficaz, una fórmula que garantice una financiación sostenible y un sistema de protección conciliador e igualitario.

Estas cuestiones deben trasladarse al diseño de las políticas públicas y a la distribución del gasto público, apostando por el impulso de programas de prevención o la introducción de tecnologías e instrumentos innovadores de apoyo a los cuidados.

Con independencia del régimen de bienestar vigente en cada región de la UE, todos los modelos están transitando hacia recursos orientados a la atención domiciliaria (Servicio de Ayuda Domiciliaria –SAD- o servicios de teleasistencia) y la atención comunitaria (centros de día o centros de noche), limitando la institucionalización en centros residenciales a situaciones de dependencia moderada y severa.

Esta corriente coincidente en lo que a los recursos se refiere, lo es también en cuanto a los objetivos que perfilan los retos de futuro, a saber:

  • Una progresiva mejora de la calidad de la atención ofrecida y del empleo.
  • Alcanzar una sostenibilidad financiera.
  • Énfasis en la prevención a fin de incrementar la esperanza de vida libre de discapacidad.
  • Equidad en el reparto y la provisión de cuidados informales entre mujeres y hombres.

Estos retos son de aplicación al caso español en el que como se recoge ampliamente en el informe, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD) ha estado marcado por importantes avances y retrocesos y se encuentra, en este momento, en una fase de reconstrucción de la acción protectora con diferencias significativas entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Estas diferencias se producen atendiendo a la diversidad de modelos de gobernanza y gestión lo que repercute en aspectos como el copago de los servicios y programas, el grado de cobertura de la capacidad protectora o las listas de espera para el acceso a los recursos, entre otros. En palabras del autor: ‘La naturaleza y práctica del modelo de gobernanza es la clave explicativa por excelencia de estas disparidades’ (G. Rodríguez Cabrero, 2019). De ahí que, los retos de futuro del SAAD pasen por:

  • Un impulso al sistema de gobernanza que estreche el vínculo entre los diferentes niveles competenciales implicados para mejorar su funcionamiento interno, que concedan un mayor protagonismo a los entes locales (ayuntamientos y diputaciones) y que refuerce la coordinación de los servicios sociales y sanitarios
  • Incremento de la cobertura, eficacia y calidad de las prestaciones, desde un enfoque de protección centrado en la persona que promueve la atención y permanencia en el domicilio. Para ello será necesario acompasar servicios y prestaciones y potenciar el papel de la persona cuidadora mediante programas de formación y servicios de respiro. 
  • Y finalmente, asegurar una financiación suficiente y sostenible del SAAD, aproximando las cuantías del nivel mínimo de prestación a su coste real.

Puede acceder al informe completo pulsando el siguiente enlace: ‘Longevidad y dependencia. La nueva contingencia del siglo XXI’.