El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España publica un documento en el que profundiza en la relación existente entre la pandemia de la COVID-19 y las situaciones de vulnerabilidad relacionadas con las condiciones de vida, que no afectan por igual al conjunto de la población.

Partiendo de la identificación de tres tipos de vulnerabilidad -la clínica, la social y la epidemiológica-, el documento propone un análisis del impacto de las desigualdades sociales sobre la vulnerabilidad epidemiológica, y concluye con un conjunto de recomendaciones para su abordaje en el marco de la epidemia causada por la COVID-19.

Se entiende por vulnerabilidad epidemiológica “un mayor riesgo epidemiológico por una mayor exposición a la infección, retraso en el diagnóstico e identificación de contactos o mayor dificultad para seguir las medidas de aislamiento o cuarentena” por causa de dos factores:

1. Las condiciones de vida de la persona
2. La limitada efectividad que las estrategias de prevención, detección de casos y estudio de contactos, y control de la transmisión presentan en ellas

En consecuencia, el concepto de vulnerabilidad epidemiológica se encuentra estrechamente relacionado con el de vulnerabilidad social, entendido como concepto multidimensional y dinámico, que se refiere a situaciones de “privación total o parcial de recursos y estructuras públicas y comunitarias, que puede llevar a individuos y a comunidades a sufrir desprotección material, emocional y relacional”. Por tanto, la vulnerabilidad social es el resultado de determinados ejes de desigualdad y su interacción (situación económica, condiciones laborales, estatus migratorio, género, etnia, diversidad sexual o diversidad funcional, entre otros) que resultan en “dinámicas sociales de no reconocimiento de plenos derechos e igualdad entre personas y colectivos”.

De entre los determinantes sociales que influyen en vulnerabilidad epidemiológica a la COVID-19, este documento destaca la importancia de: 

• Las condiciones de empleo y trabajo, con mención a los mayores riesgos de exposición a la infección por parte de empleos sujetos a presencialidad; en aquellos en los que se desconoce la aplicación de medidas de prevención (en particular los carentes de marco regulatorio: prostitución, economía sumergida, etc.); en los que se las medidas de prevención se ven dificultadas o impedidas por las condiciones laborales; en los que la actividad económica (personas temporeras, prostitución, etc.) dificulta el diagnóstico y estudio de casos
• La vivienda y la situación material, referida a condiciones precarias de habitabilidad que comprometen tanto el adecuado mantenimiento de las medidas de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 como las situaciones de confinamiento, aislamiento o cuarentena, con especial incidencia para grupos poblacionales como la población migrante, personas sin hogar, residentes de viviendas colectivas (personas mayores y personas con diagnóstico de trastorno mental grave) y, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad relacionadas con la violencia de género.
• Los ingresos y la situación económica, en relación con el vínculo existente entre desempeño de trabajos precarios y un mayor riesgo de exposición a la infección por mor de las dificultades para el acceso y seguimiento de medidas preventivas. La precariedad laboral se convierte en obstáculo para el acceso a herramientas telemáticas y a su vez para la obtención de información, para la conexión social o la empleabilidad, y un factor disuasorio para comunicar síntomas ante la posibilidad de pérdida de la fuente de ingresos.
• El entorno residencial, la distribución del espacio público y el acceso a servicios esenciales y preventivos en dicho entorno, como condicionantes, junto a otros factores (renta, empleo, condiciones de habitabilidad, etc.) de una mayor incidencia y gravedad de la infección en determinados barrios desfavorecidos.
• Las dificultades para la coordinación de los servicios sociosanitarios y las barreras asociadas a la prestación telemática de la asistencia en áreas con una mayor proporción de personas en situación de vulnerabilidad (personas con adicciones, con patología de salud mental o personas que reciben ayuda a domicilio).
• El trabajo doméstico y los cuidados constituyen situaciones de riesgo en condiciones habitacionales no adecuadas, con bajos ingresos, y en las que los cuidados se desarrollan en redes familiares extensas (que puede provocar varias cadenas de transmisión) o sin la existencia de dichos apoyos, suponiendo una dificultad añadida para la conciliación y un aumento de la carga doméstica de cuidados, fundamentalmente para el colectivo femenino.
• Otros determinantes sociales, entre los que destacan el estigma y discriminación, las situaciones administrativas irregulares, las situaciones de privación de libertad o las dificultades para el acceso físico a herramientas digitales, que pueden constituir barreras para el acceso a información y a medidas de prevención y control para la transmisión de la COVID-19.

En situaciones de vulnerabilidad social se identifican tres áreas críticas para el abordaje de la vulnerabilidad epidemiológica y, en consecuencia, para el logro de una mayor efectividad de las medidas de prevención, detección y control de la transmisión del SARS-CoV-2: 

1. Exposición a la infección
2. Diagnóstico, estudio y seguimiento de los casos y contactos
3. Cumplimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena

Este documento subraya la importancia de la identificación y tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad social para el logro de un control epidemiológico eficaz, al tiempo que se incorpora la dimensión de equidad en la elaboración e implementación de medidas, para que no aumenten las desigualdades o produzcan nuevas situaciones de vulnerabilidad, de modo que resulten universales e inclusivas.

Con este objetivo, este documento plantea una serie de recomendaciones generales:

1. La identificación y análisis de situaciones de vulnerabilidad social y epidemiológica, que entre otras cuestiones plantea la conveniencia de desagregar y analizar los datos epidemiológicos por variables sociodemográficas o el papel de los determinantes sociales en la aparición de brotes, adopción de medidas y seguimiento de estas.
2. La coordinación efectiva entre los agentes implicados, que establezca y o refuerce las estructuras y mecanismos de coordinación sociosanitaria entre los ámbitos de servicios sociales y de salud, o los mecanismos de coordinación intersectorial, entre otros.
3. La comunicación, con el diseño de estrategias que fomenten la accesibilidad universal, sensibles a las barreras de comprensión y accesibilidad de los diferentes grupos poblacionales a los diferentes formatos, mensajes y canales de comunicación (incluidos los medios digitales y los obstáculos vinculados a su acceso).
4. El refuerzo de las capacidades de los sistemas de salud y bienestar social, en particular para el abordaje de situaciones de vulnerabilidad social.
5. La respuesta cercana al territorio, mediante el refuerzo y la capacitación de los servicios públicos en contacto directo con las personas en situaciones de vulnerabilidad; el refuerzo y la reorganización de los recursos con un enfoque de equidad, de modo que se priorice cubrir las necesidades de la población más vulnerable; o potenciando las redes comunitarias locales, reconociéndolas como agentes e integrándolas en el diseño e implementación de las medidas de prevención y control, entre otras posibles actuaciones.
6. La cobertura sanitaria universal, garantizando la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud como un derecho subjetivo de todas las personas.
7. La evaluación de la efectividad y equidad de las medidas de respuesta a la pandemia por COVID-19 y de mitigación del impacto socioeconómico en las situaciones de vulnerabilidad social.

Como se señala en el documento, estas recomendaciones se encuentran en continua revisión, en base a la evolución y la información disponible de la infección por SARS-COV-2.

Si desea ampliar esta información, con acceso a recomendaciones específicas de prevención, detección y control de la COVID-19 o a recomendaciones intersectoriales para mejorar las condiciones sociales con medidas estructurales, consulte el documento: Equidad en Salud y COVID-19. Análisis y propuestas para abordar la vulnerabilidad epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales (Ministerio de Sanidad, Gobierno de España: 2020)