- Ha intervenido en el XXVI Foro de Ciudades por el Empleo
El Departamento de Trabajo y Empleo ha presentado hoy en Barcelona el anteproyecto de la futura Ley Vasca de Empleo que prevé ordenar a todos los agentes que trabajan en las políticas activas en esta materia, y cuya principal novedad será el reconocimiento del derecho subjetivo a la formación y a la activación laboral.
El director de Empleo e Inclusión, Francisco Pedraza, ha intervenido hoy en el XXVI Foro de Ciudades por el Empleo, una red de cooperación local orientada a fortalecer la dimensión local de las políticas activas de empleo mediante el intercambio de buenas prácticas, la cooperación entre las administraciones y el conjunto de la sociedad. En este marco, que tiene como objetivo mejorar de las capacidades de los servicios locales de empleo para incrementar el impacto y los resultados de sus actuaciones, ha presentado el anteproyecto de la Ley Vasca de Empleo que impulsa el departamento que dirige la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, y que se espera se apruebe este mismo año.
En su intervención ante el foro, Pedraza ha destacado la importancia de que Euskadi “vaya a tener por primera vez una Ley de Empleo que ordene todas las acciones que impulsan todas las administraciones y agentes formativos, sociales y económicos para ser más eficaces”, y ha insistido en que con ella se va a incorporar un nuevo derecho ciudadano por el que desde lo público se garantice a todas las personas tener formación adecuada que le permita encontrar un trabajo o acceder a otro mejor.
En este sentido, ha recordado que esto es algo acordado hace seis años por los países europeos en el Pilar Social y que esta ley va a hacer posible a través de Lanbide, que con las herramientas de que dispone pueda ser ágil tanto cuando los ciudadanos reclamen esa oferta formativa, como cuando con las empresas soliciten determinados perfiles adecuados a las necesidades que les van surgiendo.
Asimismo, el director de Empleo ha apuntado la necesidad de garantizar que los ayuntamientos, que son las instituciones más pegadas a la realidad de la calle, participen activamente en el diseño de las políticas públicas de empleo y cuenten con la financiación necesaria para ello.
