Instituciones, Tercer Sector y Gobierno Vasco analizan el primer diagnóstico para la futura Estrategia Vasca de Garantía Infantil

Una de las mesas de trabajo

29 de noviembre de 2022

  • La Garantía Infantil Europea es una Recomendación del Consejo de la Unión de 2021,
  • Irune Muguruza: “El objetivo es romper el ciclo de pobreza infantil y que niñas y niños puedan crecer y desarrollarse en igualdad de oportunidades”

Bilbao, 29 11 2022

Diversas instituciones públicas, entidades del Tercer Sector social y Departamentos del Gobierno Vasco se ha reunido esta mañana en Bilbao para analizar el primer diagnóstico y perfilar una primera propuesta de objetivos y criterios básicos para la Estrategia Vasca de Garantía Infantil.

Según Irune Muguruza, directora de Familia e Infancia del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, “la intención es que, realizados los diversos testajes y aportaciones, la Estrategia Vasca de Garantía Infantil cuente con el visto bueno en ocho meses. Hemos iniciado la elaboración de «la Estrategia Vasca de Garantía Infantil», siguiendo las recomendaciones establecidas por la Unión Europea”.

La Garantía Infantil Europea es una Recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada el 14 de junio de 2021, de unanimidad por los Estados miembro, cuyo objetivo es romper el ciclo de pobreza infantil y que niñas y niños puedan crecer y desarrollarse en igualdad de oportunidades.

Para ello, las Administraciones Públicas deben garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social el acceso a los seis derechos o servicios básicos siguiente:  Educación y cuidado infantil; Asistencia sanitaria; Educación y actividades extraescolares; Vivienda adecuada; Al menos una comida saludable por día lectivo; y Alimentación saludable.

Además, la Estrategia Vasca de Garantía Infantil aborda otras cuestiones relacionadas con el bienestar de la infancia como son la garantía de ingresos y la reducción de la pobreza infantil, el acceso a los servicios sociales, el derecho a la ciudad y a la movilidad sostenible, el acceso a la cultura y el deporte, o la justicia juvenil.

“Para la elaboración del documento hemos optado por un modelo participativo, con personal técnicos de instituciones y entidades” apunta Irune Muguruza.