El consejero Arriola presenta el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible en el Parlamento Vasco
17 de mayo de 2022
El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Parlamento Vasco para exponer las líneas estratégicas del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que fue aprobado el pasado 29 de marzo en el Consejo de Gobierno, cuyo fin es crear un marco para impulsar la movilidad sostenible en Euskadi.
“Esta norma –ha destacado el consejero– responde a la necesidad de un planteamiento integrado que resuelva adecuadamente las necesidades de la ciudadanía en materia de transportes, asegurando una red de transporte que sea accesible para todas las personas y que tome en consideración la perspectiva de género. También que contribuya a reducir o minimizar el impacto de carácter ambiental y social que se deriva del modelo de transporte actual”.
El proyecto de ley se centra en incentivar la movilidad activa (a pie, en bicicleta, patinete…), el impulso del transporte público frente al vehículo privado, la interoperabilidad de los títulos públicos de transporte, la promoción del tren y el favorecimiento de la movilidad sostenible desde el ámbito de la planificación autonómica, foral y municipal.
El texto incorpora, además, derechos y obligaciones de la ciudadanía, su participación en la elaboración de los planes de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. El fin es reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso de las personas al transporte público. Entre las medidas se incluye un plazo de dos años para que los títulos de transporte existentes sean plenamente interoperables en todos los modos de transporte de la Comunidad Autónoma Vasca.
El proyecto aborda también la fiscalidad del transporte, abriendo a diputaciones forales y ayuntamientos la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible. Concretamente, el articulado recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones. Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.
Con el fin de poner en práctica el concepto de movilidad activa, el impulso de los desplazamientos a pie, en bicicleta, patinetes y similares, el proyecto incorpora la obligatoriedad de que los edificios de servicios públicos y las estaciones cuenten con aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios residenciales incluyan espacios para este medio de transporte.
El texto plantea asimismo la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y provincial con una vigencia de 10 años. Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán contar con estos documentos –los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes podrán solicitar la colaboración de la diputación foral correspondiente para realizarlos–. El proyecto incluye planes de movilidad en los centros de trabajo.
