La navarra está teniendo unas semanas más que ajetreadas defendiendo los derechos y la pervivencia de un sector que crea cientos de miles de empleos directos e indirectos.

La productora Puy Oria ha sido la primera mujer en presidir una federación del sector audiovisual. Desde finales de 2018 está al frente de Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF), la entidad que más empresas de este ámbito reúne en el Estado, más de 180 de seis comunidades autónomas: Andalucía, Catalunya, Madrid, Valencia, la CAV y Navarra. Poner cifras al impacto económico que ha supuesto la paralización de cientos de rodajes de todo tipo –publicidad, cine, televisión, etcétera– está siendo muy complicado, ya que cada proyecto es diferente. Algunos acababan de estrenar y no pudieron ni estar una semana en cartel, otros han tenido que suspender rodaje, los hay que entraban en postproducción, los que estaban listos para acudir a festivales... Las casuísticas son muy diversas en un sector en el que, además, la contratación es intermitente y temporal, pero del que viven miles de familias en España, generando cientos de millones de euros de riqueza a la economía. Muchos más de los que recibe en ayudas públicas, por si alguien tiene la tentación de recurrir a la gran mentira que dice que estos profesionales viven de las subvenciones.

Como presidenta de PIAF, Oria, al igual que el resto de sus colegas, está en contacto con el Ministerio de Cultura y otras instituciones desde el primer momento para aportar y consensuar medidas que den un respiro a las empresas y autónomos que trabajan en el audiovisual. En ese sentido, la semana que comienza mañana será clave para ver cuántas y cuáles de estas propuestas aprueba el Gobierno.

En las últimas semanas han contado las principales problemáticas a las que se enfrenta el sector, comenzando, seguramente, por la paralización de rodajes.

–Se calcula que se pudieron llegar a parar unos 300 rodajes, de los que alrededor del 40% serían internacionales y algo más del 50%, nacionales. En publicidad comentan que cesaron unas 200 grabaciones. Pero, claro, no hay que hablar solo de los rodajes que se paralizaron, sino también de los que ni siquiera empezaron. Y también de las películas que estuvieron solo un fin de semana en cartel o ni eso. Así que hay que retomar rodajes, acabar películas, estrenar algunas, reestrenar otras, si es que se puede...

En muchos casos esos proyectos habrán recibido ayudas públicas y, por tanto, deben cumplir unos plazos. ¿Qué han pedido a las instituciones en este sentido?

–Estamos trabajando con el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) desde el primer día para conseguir la flexibilización de plazos. Nosotros estamos condicionados a montones de plazos por la Ley de Cine, por órdenes ministeriales, por reales decretos y por las convocatorias de ayudas. Por ejemplo, tenemos plazo para calificación, para reconocimiento de coste, para la nacionalidad, para el estreno... La flexibilización de plazos a nivel administrativo es fundamental y esperamos que se conceda y que salga en breve. Todo el sector cultural ha ido mandando medidas al Ministerio y nos comentan que es posible que el 5 de mayo se lleven al Consejo de Ministro varias de ellas. Estamos muy atentos para ver qué pasa ese día y, por otro lado, el ministro también nos está contactando para una próxima reunión ya relacionada con la desescalada, aunque no hay fecha aun. La semana próxima para a ser importantísima para todos los sectores, no solo para nosotros.

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