Nº. 22. - Junio - 2019 | eus | es

 

Iker San Román Ayala 

Es licenciado en Derecho, y especialista en proyectos de Ciudad Sostenible.
Socio fundador de las Cooperativas CASA ALTERNATIVA y CASA GESTIO.
Ha sido Director de Planificación de Vivienda del Gobierno Vasco.

 

Ha participado en dos proyectos piloto de viviendas compartidas promovidos por la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco con el fin de dar cumplimento a las medidas previstas en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 para mejorar el acceso a la vivienda de las personas más jóvenes, uno de ellos entre personas jóvenes, y el otro, entre personas mayores y jóvenes. El objetivo es que estos proyectos sean implementados por la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, y que puedan generar para las personas jóvenes nuevas soluciones habitacionales en régimen de alquiler asequible, que permitan su más temprana emancipación, y que sean espacios estables y seguros.

 

¿Cuáles son las principales características, rasgos y señas de identidad de ambos tipos de proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos, alcance, principales colectivos de destinatarios y los motivos por los que se optan por estos perfiles (según la edad, nivel de ingresos, etc.?

Se han analizado dos fórmulas de acceso a la vivienda con uso compartido, las de convivencia entre personas jóvenes y las de convivencia intergeneracional -entre personas jóvenes y mayores- con un nuevo enfoque que posibilite su gestión por parte de las administraciones públicas, autonómicas o locales.

Entendemos personas jóvenes como aquellas que presentan menores tasas de emancipación, hasta los 30 años y sin cargas familiares, y como personas mayores aquellas a partir de 65 años, de manera orientativa, y que vivan solas.

En el caso de las viviendas compartidas entre jóvenes, se trata de prolongar el ya clásico modelo de viviendas de estudiantes a un escenario en el que se comienza a trabajar, y no se dispone de ingresos suficientes para acceder a una vivienda completa en régimen de alquiler. De este modo, varias personas jóvenes conviven en una misma vivienda, cada uno en su habitación, y comparten las zonas comunes (aseos, cocina, comedor, sala de estar, etc…).

El segundo supuesto es de las viviendas de convivencia intergeneracional, compartidas entre una persona mayor que vive anteriormente sola, y otra joven que entra a vivir con ella. En este caso se pretende no sólo facilitar un alojamiento a una persona joven, sino sobre todo conseguir que la persona mayor reactive sus relaciones y contactos sociales, primero con su nueva compañía en el piso, y después con otras personas mayores que participen en el proyecto.

Los programas de convivencia intergeneracional también han sido dirigidos preferentemente a estudiantes. El reto también es que lleguen a personas que necesitan una vivienda mientras trabajan y el alquiler de una vivienda completa en alquiler resulta inaccesible.

 
¿Cuáles son las claves diferenciadoras de estos proyectos respecto a otros similares existentes en la actualidad?
 

La clave está en garantizar una relación respetuosa entre los convivientes, factor que posibilitará el éxito de estos programas. Ello se consigue permitiendo que las adjudicaciones de las habitaciones se realicen entre personas que, además de cumplir con la normativa de Etxebide, presenten unos requisitos de compatibilidad entre ellos.

En el caso de viviendas compartidas entre jóvenes, se puede cumplir tal fin permitiendo que se realicen solicitudes colectivas, esto es, asimilando a las unidades de convivencia a grupos de jóvenes que ya se conozcan previamente y que deseen convivir juntos. De este modo, por ejemplo, 3 jóvenes podrán registrar una solicitud colectiva y optar a una vivienda de 3 habitaciones.

La administración es la que adjudica, obviamente, pero las posibilidades de éxito de estos programas son mucho mayores si se combinan los requisitos de adjudicación con entrevistas personales que garantizan que no va a haber problemas de convivencia.

Por otra parte, el contrato de arrendamiento de habitación -y uso de zonas comunes- se realizaría entre la administración y cada joven por separado. Además, entre los convivientes se debería suscribir un acuerdo de convivencia que recoja las reglas de respeto comunes.

En el caso de las viviendas intergeneracionales, además, es muy importante entender que la persona joven no entra a asistir a la persona mayor. Hablamos de una relación entre dos personas adultas, y entre las que rige un acuerdo de convivencia similar al de cualquier otra vivienda compartida.

Por ello, es fundamental cuidar el proceso de selección de las personas jóvenes y mayores, que tengan perfiles compatibles, un régimen de horarios similar, consensuar las visitas… También es imprescindible contar con un acompañamiento social cualificado que arrope a la persona mayor, con el fin de que progresivamente recupere o mejore su actividad, relaciones y contactos sociales.

En este último caso podemos decir que ofrecer un alojamiento a una persona joven, más que un fin en sí mismo, es un instrumento para conseguir la reactivación social de una persona mayor.

 
¿Cuáles considera que son sus principales ventajas y el valor añadido que aportan estos dos tipos de proyectos a los retos demográficos y socioeconómicos de Euskadi para los próximos años? (sostenibilidad, equilibrio intergeneracional, apuesta por determinados valores colectivos, etc.)

En el caso de las personas Jóvenes es necesario hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda asequible, que retrasan de manera muy significativa la edad de emancipación. Se pretende facilitar el acceso a jóvenes de hasta 30 años, que según el Diagnóstico de la Situación de la Juventud de Euskadi (2017), del Departamento de Empleo, es el colectivo que presenta una tasa de emancipación de sólo el 40%, mientras que a partir de esa edad, hasta los 34 años, la tasa sube hasta el 75%.

Para ello se requiere disponer de soluciones habitacionales dignas y adecuadas, más flexibles en su procedimiento de adjudicación y con la implicación de los inquilinos, de modo que puedan crear un espacio propio de colaboración y convivencia. La posibilidad de acceder a estas habitaciones debería tener un carácter temporal, habilitando así un recurso residencial que actualmente casi no existe en el ámbito de la gestión pública.

Respecto al tipo de viviendas que pueden ser compartidas, se considera que son idóneas las viviendas vacías que se pueden captar en los programas Bizigune o ASAP, con lo que se contribuye a disminuir el índice actual de desocupación. El alquiler por habitaciones hace más factible satisfacer una renta adecuada a los propietarios que ceden sus viviendas.

Para las personas mayores que participen en un programa de viviendas intergeneracionales las ventajas son muy evidentes, y coadyuvan a dar contenido al conocido como envejecimiento activo. Para estas personas se constata que se pueden entablar relaciones sociales y emprender nuevos proyectos a cualquier edad.

Para las personas jóvenes, además de acceder a una vivienda asequible, la posibilidad de compartir su día a día con personas mayores y recibir parte de su conocimiento vital se convierte en una gran experiencia.

 

¿En qué medida estos proyectos se integran y son coherentes con las líneas estratégicas de la política de vivienda vasca para los próximos años (PDV 2018-2020), así como con la propia Ley 3/2015 de 18 de junio de vivienda, etc.?

En la ley de vivienda, aprobada en el año 2015, se establecen los principios rectores que orientan la acción pública en materia de vivienda. Entre ellos, cabe destacar que los poderes públicos deben planificar de acuerdo con las necesidades reales de los ciudadanos y de sus circunstancias personales, sociales, económicas y laborales. También se menciona la promoción de la libertad de elección del modo legal de acceso y permanencia en la vivienda que mejor se adapte, en cada ciclo vital, a las circunstancias de las personas moradoras.

Por ello, es lógico que el Plan Director estudie, aunque sea de manera experimental, fórmulas alternativas de acceso a una primera vivienda para los jóvenes, que disponen de menores recursos iniciales para emanciparse.

En este sentido, que las administraciones comiencen a ver que existe una realidad difícil para las personas jóvenes, tanto en el acceso de alquiler como en el de compra, permite acometer posibles proyectos más innovadores, como el modelo de viviendas compartidas.

Obviamente las viviendas compartidas no son “la solución”, sino simplemente una medida adicional a evaluar para contribuir a una mejor tasa de emancipación de la juventud, junto a otras herramientas como los alojamientos dotacionales, las ayudas al alquiler o la promoción de un parque público que se aproxime progresivamente a los estándares europeos.

 

¿Considera que este tipo de proyectos puede tener un recorrido a futuro en Euskadi? ¿Cuáles los factores críticos y retos que plantea su implantación en Euskadi (¿barreras culturales, tradición, viabilidad económica, etc.?

Si miles de jóvenes vascos y vascas viven en viviendas compartidas cada año, durante su etapa de estudiantes, y no lo hacen cuando empiezan a trabajar y quieren emanciparse, el problema no reside en inercias culturales sino en que no hay suficiente oferta asequible y confiable.

Alquilar viviendas por habitaciones no es viable si se dan precios prohibitivos o abusos, como ocurre ahora en buena parte del mercado privado. Sin embargo, la perspectiva cambia si el gestor del programa es una entidad pública, que garantiza un cumplimiento de los derechos y obligaciones de cada inquilino, si el alquiler no supera el 15% de los ingresos, por ejemplo, y si las condiciones de las viviendas son buenas.

Además, en Euskadi ya se da la existencia de programas públicos que permitirían gestionar con éxito este tipo de proyectos: unas sociedades públicas solventes, unos programas de movilización de vivienda vacía (Bizigune y ASAP) referentes a nivel estatal, y una tradicional integración entre las políticas de vivienda y las políticas sociales que han permitido crear la única ley que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda.

Por todo ello, es factible pensar que las condiciones existentes para desarrollar estos proyectos son buenas, y que una vez estructurados bajo el paraguas de una administración pública, autonómica o local, tendrán buena acogida ciudadana y mejorarán las opciones de emancipación de muchas personas jóvenes.

 

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