¿Qué consecuencias tiene esto para el Departamento?

El presupuesto del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se incrementa un 7,2% y cuenta este año con 205,9 millones de euros.

En lo que se refiere al área de Vivienda, el presupuesto del Departamento asciende a 126,98 millones de euros, lo que representa un incremento del 4% en relación a 2017. Pero, para determinar la capacidad presupuestaria de las políticas de gasto directo en materia de vivienda para este ejercicio, debemos incorporar al análisis los presupuestos de las sociedades públicas Visesa y Alokabide. Así, para 2018, Visesa dispone de un presupuesto de gastos de 122,7 millones de euros, y Alokabide de 77,8 millones de euros.

En conjunto, el presupuesto de gastos en vivienda, sumando el Departamento y sus sociedades públicas adscritas, se sitúa en 327,5 millones de euros.

¿En qué va a gastar la Viceconsejería de Vivienda este presupuesto?

De esta cifra total, el 62% es gasto directamente imputable a políticas de alquiler y el 26% es gasto imputable a políticas de rehabilitación. Y descontando este último, el 84% del gasto directo del programa de vivienda se asigna a políticas de alquiler: es decir, por encima de los términos fijados en la Ley de Vivienda. El programa de Vivienda se centra en tres objetivos:

• 1. Desarrollar reglamentariamente la Ley de Vivienda y garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda. Para satisfacer este derecho, en 2018 se adjudicarán viviendas en alquiler mediante la rotación del parque público gestionado por Alokabide, las nuevas captaciones de Bizigune, la adjudicación de nuevas viviendas sociales y alojamientos dotacionales, y el pago de prestaciones económicas de vivienda (PEV). Se estima en 2.500 el número de hogares que tendrán reconocido el DSV al cierre de ejercicio. La partida destinada a cubrir esas prestaciones económicas se ha dotado con una partida ampliable de 2 millones de euros.
• 2. El impulso del alquiler, a través de la nueva edificación, la captación de viviendas deshabitadas y las ayudas directas al pago del alquiler. El objetivo para 2018 es alcanzar las 5.400 viviendas captadas por el programa Bizigune (la partida sube un 8%, hasta los 26 millones, y la renta máxima a abonar a los propietarios sube a 600 € desde los 525 actuales) y otras 400 viviendas a través del programa ASAP.
• 3. Impulsar la rehabilitación del parque residencial. El próximo año casi 1 de cada 3 euros de gasto en vivienda se destinarán a políticas de rehabilitación urbana. Con ellas se pretende renovar nuestro envejecido parque de vivienda, mejorando la accesibilidad, sus condiciones de energéticas y de habitabilidad, y favoreciendo la integración social de las personas que viven en los barrios más degradados.

Se va a reforzar el impulso a las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs), dando apoyo a los ayuntamientos en esta tarea, realizando un mayor esfuerzo en materia de accesibilidad. Así, el Plan Renove Rehabilitación concentrará todas las actuaciones en accesibilidad y rehabilitación urbana, con el objetivo de incidir, con efectos multiplicadores, en la actividad económica del sector y en el mantenimiento y creación de empleo vinculado a este nicho de mercado.

En 2018 contará con 21 millones de euros para ayudar a  propietarios y comunidades de vecinos en la rehabilitación de 15.000 viviendas. Para la mejora específica de la eficiencia energética de grupos de edificios se recogen 6,4 millones de euros, con el objetivo de alcanzar 1.322 viviendas. Otros 6,4 millones de euros irán destinados a financiar 140 nuevos proyectos que desarrollen los ayuntamientos en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en espacios urbanos. Sestao Berri recibirá 1,9 millones euros para actuaciones de regeneración en Sestao. Y Visesa, 5,9 millones de euros, en gastos comprometidos hasta 2019, para la rehabilitación integral del barrio de Coronación de Vitoria-Gasteiz.

La Viceconsejería de Vivienda lleva tiempo trabajando con la movilización de vivienda vacía privada para alquiler público. ¿Continúa en esta línea el presupuesto de 2018?

Continúa y se incrementa todavía más la apuesta por la movilización de viviendas usadas hacia el alquiler público, a través de los programas de intermediación Bizigune y ASAP.

Vamos a intensificar la comunicación de estos programas públicos, ofertarlos como alternativa de uso residencial a los pisos turísticos, acercarnos, proactivamente y colaborativamente, a los ayuntamientos vascos que están desarrollando medidas de presión fiscal para movilizar las viviendas deshabitadas hacia su uso residencial y avanzar en este tiempo para tener todo preparado para activar los registros de vivienda deshabitada cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la suspensión decretada, o, en el peor de los escenarios, tener listas medidas alternativas.

El objetivo marcado para 2018 es alcanzar las 5.400 viviendas captadas por el programa Bizigune (con un incremento del 8% de sus dotaciones, hasta los 26 millones de € y una renta máxima a abonar a los propietarios que sube a 600 € desde los 525 euros actuales) y otras 400 viviendas captadas a través del programa ASAP.

El programa ASAP que será objeto de profunda revisión en 2018 se debe convertir en una alternativa complementaria a Bizigune y concentrará mayores niveles de renta posible a propietarios, y segmentos de inquilinos de ingresos más elevados que los de Bizigune.

En este programa el Gobierno asume el coste de los seguros por impagos de rentas y desperfectos en las viviendas, lo que hace que consuma pocos recursos públicos.

Las viviendas que pretendemos movilizar, en una parte, son las llamadas viviendas gestionables (unas 35.000 viviendas en Euskadi con datos de 2015), que son un subconjunto de las viviendas deshabitadas (unas 56.000 viviendas con datos de 2015), por lo tanto no incluyen las viviendas de segunda residencia, no están en estado ruinoso y no están ya en el mercado en oferta de venta o alquiler.

Sabemos que las viviendas gestionables presentan problemas de habitabilidad en un 60% de los casos, que requieren alguna pequeña o mediana reforma previa en un 21% de los casos y que precisan una reforma importante previa en el 12% de los casos. Sabemos que son más antiguas que el resto de viviendas vacías y que 9 de cada 10 viviendas gestionables están en manos de propietarios particulares, no de grandes inmobiliarias o sociedades de inversión ni en manos de la propia administración pública.

Por ello el reforzamiento de la apuesta por la movilización de viviendas usadas hacia el alquiler público pasa por establecer una nueva vinculación entre la rehabilitación previa de esas viviendas con ayudas públicas a cambio de su puesta a disposición por parte de los propietarios en los programas públicos de intermediación Bizigune y ASAP.