Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector público vasco

El objeto de este proyecto de ley es regular:

1- la organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi como una compleja diversidad de entidades, con variadas personificaciones jurídicas y posible sometimiento al derecho público o privado, bajo el principio básico de tener que justificar su existencia por la satisfacción de intereses generales y la prestación de funciones públicas.

2- el concepto, los principios generales y las reglas integradoras del conjunto de entidades del denominado sector público vasco, que la Ley “del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas” cita exclusivamente para definir la extensión del control que ejerce el Tribunal.

3- los ejes fundamentales del funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con novedades en la tramitación administrativa y con una consolidación de nuestro modelo de Gobernanza, regulando los sistemas de gestión publica avanzada y su evaluación, la configuración de la administración electrónica, la interacción de la ciudadanía con la administración y la consolidación del uso de las lenguas en nuestra actuación, en coherencia con los otros elementos regulados en el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno (planificación y evaluación de políticas públicas, transparencia y participación ciudadana), como requisitos esenciales del gobierno democrático, la estabilidad social y el desarrollo económico.

Se recoge así la reivindicación expresada por aquellos grupos políticos que mostraron su rechazo por el proyecto de Ley de Administración Pública Vasca en el Parlamento Vasco, antecedente inmediato del presente anteproyecto, en el sentido de dar más importancia y visibilidad a la regulación del Buen Gobierno (transparencia, evaluación, participación) mediante la aprobación de un texto diferenciado y con entidad propia.

Regular todos aquellos aspectos que contribuyan a la configuración de una administración más abierta y accesible a la ciudadanía, más diligente y eficaz, como requisitos esenciales del gobierno democrático, la estabilidad social y el desarrollo económico.

Por otra parte, incorporar la mayor parte de las enmiendas propuestas por lo grupos parlamentarios -excluyendo aquellas inadmisibles legalmente- y en particular en lo que tiene que ver con la reorientación conceptual del término “sector público vasco” y, sobre todo, con un cambio de enfoque para que la ley resulte sustancialmente de aplicación en el ámbito de los sectores públicos forales y municipales. También en lo que respecta a asumir más explícitamente el objetivo de racionalización y dimensionamiento del sector público vasco, para todas las administraciones públicas vascas, y en lo relativo a la creación de una nueva estructura interinstitucional para la búsqueda de consenso técnico sobre la eficacia y eficiencia públicas en Euskadi.

Las previsiones estrictamente organizativas de esta ley serán aplicables en la forma que en cada caso se disponga, a:

a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Los entes, sociedades y personas jurídicas participadas, ya sea de manera directa o indirecta, por las anteriores.

d) Aquellas otras entidades de naturaleza pública en que así lo disponga su norma de creación o esta misma ley.

Los principios generales de actuación , derechos y deberes de la ciudadanía y estructuras inerinstitucionales de coordinación también resultarán de aplicación a los órganos forales de los Territorios Históricos y a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme dispongan sus propias normas de organización, régimen y funcionamiento institucional.