El Nuevo Plan Vasco de Inclusión Activa superará los 500 millones al año para luchar contra la pobreza
12 de Junio de 2012
El nuevo Plan Vasco de Inclusión Activa, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, destinará más de 500 millones de euros al año con el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social de los ciudadanos vascos más vulnerables. Este proyecto establece los retos y las prioridades a abordar en la prevención y el tratamiento de la exclusión social y aborda los cambios y las actuaciones que deberán acometerse para facilitar y ordenar los procesos de inclusión social y laboral en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El plan tendrá vigencia hasta 2016 y en cada ejercicio, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destinará un presupuesto aproximado superior a los 500 millones de euros. Esta inversión económica, además de las políticas activas de empleo (formación, orientación laboral, fomento a la contratación...), incluirá las prestaciones económicas, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
"El contexto de la durísima crisis económica que sufrimos obliga a asegurar aún más la acción protectora, pero también a mejorar su eficacia y eficiencia, entendiendo la inclusión social como una inversión y una oportunidad de crecimiento económico y de creación de empleo", ha subrayado la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.
El Plan Vasco de Inclusión Activa se estructura en nueve líneas u objetivos estratégicos, cinco de las cuales se corresponden con los sistemas de actuación que lo conforman, a saber, Empleo, Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Vivienda. Los otros cuatro objetivos estratégicos del Plan focalizan las actuaciones en elementos transversales, tales como la coordinación y cooperación entre los sistemas de actuación y las instituciones y agentes, la contribución de las entidades de acción social del llamado Tercer Sector; la realización de estudios e investigaciones acerca de la pobreza y exclusión social y, finalmente, el desarrollo del marco de normativa legal.
Las líneas estratégicas se despliegan, a su vez, en 26 objetivos generales y éstos en 146 medidas o actuaciones. Para poder evaluar el grado de realización, el resultado y el impacto de estas medidas en la población objetivo, se ha incluido una propuesta de más de 180 indicadores de evaluación del plan.
Niveles previos a la crisis
Asimismo, el plan establece una meta cuantitativa de reducción de la pobreza hasta 2016 a los niveles previos a la crisis económica, evitando que ésta se traduzca en un sustancial deterioro de las condiciones de vida en Euskadi.
Para establecer esta meta se ha tenido en cuenta el escenario macroeconómico previsto, el impacto del paro, el acceso a prestaciones de desempleo, la duración del paro, la dinámica demográfica, etc. De las mismas, se deriva una tendencia al alza en el impacto de la privación para los próximos años, debido en parte al empeoramiento de la situación de la población parada, incluso en el contexto de la caída final del paro prevista a partir de 2013.
Entre las líneas de actuación necesarias para llegar a la meta de reducir la tasa de pobreza y exclusión social destacan dos: por un lado, mantener en lo esencial el actual nivel de protección, incluidas las prestaciones económicas; y por otro lado, introducir una acción selectiva en los procesos de inserción por el empleo. Esto es, se trata de conseguir un impacto diferencial en los beneficiarios de prestaciones económicas que permita derivar a parte del colectivo hacia el empleo.
Destinatarios
Las personas destinatarias del Plan son personas con necesidades de inclusión relacional, social y/o laboral, en las que también pueden presentarse necesidades económicas, de salud, educativas o de vivienda y que, en definitiva, pueden encontrarse en situación o en riesgo de exclusión social. Concretamente, los grupos de población que sufren la tasa más alta de pobreza son los hogares encabezados por personas jóvenes menores de 35 años, los encabezados por mujeres monoparentales, los que sufren precariedad laboral y los encabezados por personas inmigrantes.
Respecto al anterior plan de inclusión social, se pueden destacar algunos elementos diferenciales:
- Incremento de su duración de 3 a 5 años.
- Aumento del número de actuaciones
- La empleabilidad y el acceso al empleo son aún en mayor medida el eje central para la inclusión social.
- Mayor énfasis en la coordinación entre los sistemas e instituciones implicadas y en la evaluación, así como la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi y la gestión centralizada de las prestaciones económicas y su vinculación a los servicios de activación laboral.
Así, el plan pone las bases para que la prestación de servicios de los sistemas de protección (empleo, servicios sociales, educación, salud y vivienda) se realice de forma coordinada entre los sistemas e instituciones, para generar sinergias entre sus actuaciones y centrarse en los problemas y dificultades específicas de las personas.
Evaluación anual
El plan se pone en marcha a partir de su aprobación, y su ejecución y resultados se evalúan anualmente. El Gobierno Vasco, principalmente a través del departamento de Empleo y Asuntos Sociales, es el organismo responsable de la aprobación y ejecución del plan. El Plan debe rendir cuentas de su contribución y, así, la Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, ha establecido la obligación de redactar informes anuales de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan.
Varios son los principios de actuación del Plan: la concepción multidimensional de los procesos de exclusión e inclusión social, la garantía del doble derecho a unos ingresos mínimos y a la inclusión social, la diferencia entre las situaciones de pobreza y las de exclusión social, el método de intervención de la inclusión activa mediante acuerdos escritos de corresponsabilidad respecto a los itinerarios individuales de inserción, entre otros.
