Decíamos en otro post que la planificación estratégica inteligente vinculada a la planificación económica y presupuestaria; esto es, la planificación estratégica vinculada a una presupuestación orientada a resultados, que se evalúa y de la que se rinde cuentas, es esencial de en la Gobernanza Pública y que la evaluación de la actuación pública sólo puede llevarse a cabo con rigor en el marco de un proceso planificador.

La evaluación se va abriendo camino en las administraciones públicas vascas, pero todavía no hemos conseguido introducirla de forma sistemática como un instrumento al servicio de la gestión pública, fundamentalmente porque suscita recelos entre los gestores y responsables políticos.

A pesar de que contribuye de forma decisiva a la eficacia, eficiencia y transparencia en las intervenciones públicas, el hecho es que todavía es escasa la implantación de la evaluación en la elaboración, gestión, ejecución y valoración de las actuaciones a diferencia de una considerable, aunque mejorable, acción planificadora. A este respecto, se perciben las siguientes carencias en los instrumentos de planificación:

• Ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación desde el momento de la puesta en marcha de los planes y programas.
• Escasa utilización de los resultados de las evaluaciones practicadas y del desarrollo de la cultura de la rendición de cuentas interna, institucional e interinstitucional sobre la base de los resultados de la evaluación. La evaluación cuando ha sido utilizada se ha hecho más como proveedora de información de lo realizado que como base para futuras planificaciones.

La visión de la evaluación como algo puntual e independiente del resto de fases del ciclo de programación y ejecución de las intervenciones públicas, impide el enriquecimiento interadministrativo puesto que no existe un marco común que articule las experiencias abordadas por las organizaciones y dificulta el uso de los resultados de las evaluaciones. Se necesita una institucionalización transversal de la cultura planificadora y evaluadora, institucionalización que pasa por la implantación de un sistema de planificación y evaluación de las intervenciones públicas, objeto fundamental de uno de los proyectos del eje 2 del Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020.

• Un sistema público de evaluación es el conjunto de elementos que permiten la integración de la evaluación como una práctica rutinaria y reglada dentro de la gestión pública y que ha de ser implementada por todas las instituciones y organismos de titularidad pública adscritos a un ámbito determinado, en nuestro caso la Administración General de la CAE y su Administración Institucional.
• Se entiende por intervención pública, cualquier norma, política, plan, programa, proyecto o cualquier otra forma de planificación impulsada desde el sector público, diseñada para producir efectos beneficiosos en la sociedad, mejora de un determinado grupo social o situación de interés general.
• La institucionalización es el proceso de decisiones que refrenda y consolida la creación del sistema público de planificación y evaluación.

Un sistema de evaluación de las intervenciones públicas se configura como el marco común para la actuación en materia de evaluación que articule los trabajos llevados a cabo en este ámbito mediante la creación de una estructura jurídica, organizativa y técnica que sienta las bases a partir de las cuales se desarrolla la actividad evaluadora, aunque su implementación requiere un cambio de valores de la cultura administrativa. Para todo ello es imprescindible un alto compromiso y motivación por parte de los actores con responsabilidad política y decisoria, en definitiva, un fuerte liderazgo político y una implicación de las trabajadoras y trabajadores públicos.

La capacidad de la evaluación se refiere a la suficiencia y facultad de una organización para incluir la función de la evaluación como parte integrante de su estructura, asegurando el apoyo y el impulso de la misma por parte de las personas con capacidad de decisión, y está ligada indisolublemente al avance de la cultura de la evaluación, la necesaria consideración de la evaluación como una forma de entender la Administración y la gestión pública.

Hemos de considerar, por lo tanto, dos tipos de factores:

• Factores de carácter estructural: conjunto de elementos y recursos necesarios para poder llevar a cabo la práctica evaluadora por parte de una persona y de la organización. Se refiere a la disposición de personal capacitado y competente para realizar evaluaciones de rigor y calidad con los recursos disponibles por la organización y de acuerdo a las reglas y mecanismos de coordinación establecidos. Son los factores de la visión de la evaluación como una técnica o herramienta.
• Factores de tipo cultural:  conjunto de normas, directrices, valores, hábitos, foros, etc., que potencien e impulsen la evaluación.

En resumen, el sistema requiere:

• Marco jurídico

Constituye el soporte legal y normativo del sistema e incluye, tanto disposiciones normativas generales (establecen los principios, las obligaciones, y las garantías y los desarrollos normativos requeridos), como los Acuerdos de Consejo de Gobierno sobre líneas orientadoras, pautas y criterios que guíen de manera reglada los trabajos de evaluación.

• Modelo organizativo

El sistema público de evaluación ha de estar respaldado por la existencia de algún(os) organismo(s) que se encargue de su supervisión, toma de decisiones sobre el mismo y planteamiento de líneas de actuación. Estos organismos han de atender a las necesidades de las organizaciones públicas que se encuentran bajo el ámbito referencial del sistema, centralizándolas y articulando todas las prácticas de evaluación, procurando la transferencia y el aprovechamiento de aprendizajes adquiridos.

Así mismo, podrían desempeñar funciones de evaluación y/o metaevaluación a demanda de las organizaciones públicas a las que ofrezcan soporte.

Un modelo organizativo con:

• Unidades descentralizadas generadoras de evaluaciones, en nuestro caso en los departamentos del Gobierno Vasco y en los organismos y entes de la Administración Institucional. Ello no presupone la determinación con carácter general de evaluaciones siempre internas, por los propios gestores públicos de las intervenciones, programas y  planes. Motivos de objetividad, credibilidad, y también prácticos, llevarán a evaluaciones externas o mixtas (colaboración con grupos de evaluadores externos); y ya sean uno u otro tipo a evaluaciones participativas con los diversos agentes (grupos objetivo, beneficiarios finales, terceros…) que se han visto involucrados en la política o programa, como las autoevaluaciones participativas.
• Unidad central de impulso y coordinación de la evaluación de las intervenciones públicas y el seguimiento de los avances y resultados.
• Procedimientos establecidos que pauten la nueva forma de trabajar. La administración electrónica permite definir los flujos de trabajo, conectar a toda la organización con perfiles y responsabilidades bien establecidas, digitalizar toda la información pública que se maneja (guardándola de forma segura, protegiendo lo que resulte de acceso limitado) y publicar de forma continua y actualizada la información que resulte precisa en entornos webs u otros canales de interacción con la ciudadanía.
• Mecanismos de coordinación intra e interadministrativa

• Infraestructura de apoyo

Se debe contar con los instrumentos o herramientas: tecnologías de la información y de la comunicación, los sitios webs, repositorio común de consulta abierta las guías y manuales orientativos, los procesos de aprendizaje, las redes colaborativas….

• Metodología

Elaboración de directrices y pautas de carácter metodológico destinadas, en primer término, al personal de las Administraciones Públicas encargado de aplicar los programas de actuación y medidas establecidas por la legislación.

• Cooperación

Creación de vínculos y redes de colaboración con el fin de canalizar la presencia e intervención en las principales instituciones en materia de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos.

Busca el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la constitución de redes de apoyo para el impulso de la labor institucional de por ejemplo el Consejo Vasco de Políticas Locales.

• Difusión

Contempla las acciones de información y comunicación, tanto de ámbito interno (proporciona a las personas la información necesaria para que tengan conocimiento general y contribuye a lograr el compromiso de los órganos transversales), como externo (publicidad activa y transparencia), de las actuaciones llevadas a cabo para configurar el sistema y de sus resultados.

• Gestión del cambio

La puesta en marcha de actuaciones dirigidas a:

• Liderazgo: Ampliar el liderazgo de las personas con responsabilidad tanto política como técnica generando influencia en sus equipos y en las personas con quienes trabajan y colaboran.  Involucrar a las personas con capacidad de impacto e influencia.

• Participación, motivación / sensibilización: Generar condiciones que potencien el compromiso de las personas creando las condiciones adecuadas de confianza y participación, empoderamiento, trabajo colaborativo y reconocimiento que faciliten la consecución de los objetivos:

• Impulso de creación de asociaciones y redes que favorezcan el intercambio de experiencias entre profesionales.
• Promoción de eventos (jornadas, congresos…).
• Edición de publicaciones especializadas.

• Capacitación y formación: Se trata de proporcionar conocimientos y habilidades que se requieren para el cambio, la colaboración y la innovación en materia de evaluación de intervenciones públicas. Formación de profesionales capacitados para realizar evaluaciones útiles, de calidad y rigurosas.

Puede ser interesante la definición de procedimientos de acreditación o certificación de profesionales dedicados a la evaluación.

• Despliegue y soporte a usuarios: Facilitar la utilización de herramientas.

• Presupuestos

Las evaluaciones conllevan un gasto y su coste debe contemplarse en las previsiones presupuestarias de los programas.

La institucionalización de la evaluación de las intervenciones públicas  conlleva la definición y estructuración de espacios e instancias de las Administraciones a las que encargar la función de evaluación; configurar un modelo permanente de análisis que defina los principios y valores en los que sustentar la evaluación; definir recursos técnicos, normas, metodologías, etc. que hagan de la evaluación de tales intervenciones un proceso riguroso, transparente y de calidad, al servicio de los ciudadanos.

Para facilitar la puesta en marcha de una verdadera estrategia corporativa de evaluación es imprescindible en primer lugar abordar el modelo institucional y organizativo en esta materia, una estructura organizativa responsable de liderar el proceso. Una vez implementado el mismo se podrán abordar las numerosas y diversas líneas de trabajo necesarias.

Así, la implantación del sistema de planificación y evaluación de las intervenciones públicas, es objeto fundamental de uno de los proyectos del eje 2 del Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020 (PEGIP 2020), cuya misión es la institucionalización de la evaluación de las intervenciones públicas promoviendo la cultura y la práctica de la evaluación de las intervenciones públicas en el Gobierno Vasco y su Administración Institucional.

La finalidad y propósito general del proyecto es implementar un sistema corporativo y transversal para la evaluación sistemática y periódica de las intervenciones públicas en la Administración General de Euskadi y su Administración Institucional con enfoque colaborativo como instrumento para la transparencia, rendición de cuentas y mejora continua, estableciendo procedimientos de evaluación rutinarios y reglados bajo un marco común normativo-metodológico, de forma que la acción del Gobierno Vasco se adecue a las necesidades sociales determinando la eficacia de las intervenciones públicas y el grado de satisfacción de la ciudadanía con las mismas.

La construcción de este sistema forma parte de un esfuerzo por mejorar la gestión y el rendimiento de la acción pública. En ese sentido supone innovación en cuanto que se pretende, por un lado, implantar la función de evaluación como parte del proceso de gestión de las políticas públicas (ayuda a la toma de decisiones) y, por otro, consolidar la rendición de cuentas y la transparencia a través de la publicitación de indicadores y de resultados de los estudios de evaluación. Todo ello contribuirá a una mejora en la Gobernanza y, consiguientemente, a la consecución de una mayor legitimidad social de la acción pública.