Premio a la Dirección de Justicia
19 de enero de 2018
La Consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha recibido la Medalla al Mérito Profesional concedida a la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco en reconocimiento a “su alta aportación y compromiso en el fomento de la mediación intradudicial”.
En el acto, la Consejera San José ha destacado la importancia del nuevo Servicio de Justicia Restaurativa de Euskadi que ha sido diseñado para convertirse en el primer servicio intrajudicial de justicia restaurativa integral de Europa, insertado dentro del proceso penal. “A quienes en este momento tenemos la responsabilidad de continuar la labor iniciada hace una década nos mueve un interés por la mejora continua del servicio que ofrecemos a la ciudadanía”. Ha recordado que la Justicia Restaurativa aboga por una concepción de la justicia basada en la restauración de las relaciones sociales, la pacificación, la reparación y la responsabilización. “Una justicia –ha dicho- que tiene en cuenta las necesidades de las personas involucradas en el conflicto y que articula espacios de comunicación que fomenten la búsqueda dialogada de las controversias, la reparación del daño sufrido por la víctima, la inserción social positiva de su victimario/a y la pacificación de los conflictos en la comunidad”.
El acto organizado por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos y su digital Diario de Mediación se ha desarrollado, esta tarde, en el Centro de Eventos de Madrid y en el mismo también han sido galardonados, entre otros, el presidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España, Luis Aurelio González, el juez de menores de Granada Emilio Calatayud , el abogado-mediador Paulino Fajardo y el ex jugador olímpico de waterpolo y profesional de TV, Pedro García Aguado.
El jurado ha premiado la labor de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco en “reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y voluntad manifiesta de continuar implementando los métodos alternativos de resolución de conflictos”. En Euskadi, la experiencia se inició en el año 2007 con la creación del Servicio de Mediación Intrajudicial que interviene únicamente por derivación judicial y con el acuerdo de la fiscalía. Desde sus inicios ha venido colaborando con el Consejo General del Poder Judicial tanto en la elaboración de las memorias anuales como en el diseño de modelos y protocolos. Según datos del propio CGPJ, Euskadi supone el 60% de todas las mediaciones que se hacen en España. En este sentido Euskadi es modelo de referencia en materia de Justicia Restaurativa con el diseño del primer servicio intrajudicial de justicia restaurativa integral de Europa insertado dentro del proceso penal.
La primera virtualidad de la Justicia Restaurativa es que sitúa a la víctima en el centro del sistema, tal y como exige la Ley del Estatuto Jurídico de la Victima de 27 abril de 2015 que regula el acceso de la víctima a Servicios de Justicia Restaurativa para que pueda ser reparada, y que, también por primera vez, regula de forma integral la participación de la víctima en el proceso penal, adquiriendo un papel activo en el proceso y dotándola de un mayor protagonismo que le permite la reparación del daño no sólo en términos legales sino también morales y emocionales.
En el ámbito penal, pone a disposición de los órganos judiciales y de la ciudadanía un método complementario a la vía judicial para la gestión de los conflictos que llegan a los juzgados y tribunales. Con las diversas técnicas restaurativas (mediación, círculos u conferencias) la persona responsable de un delito y la persona que ha sido víctima pueden someterse de forma voluntaria al intento de solucionar su conflicto. A la persona infractora le ofrece la oportunidad de responsabilizarse de manera constructiva por el hecho cometido y por el daño causado o perjuicio infligido y a la persona víctima le dota de protagonismo en la transformación y resolución del conflicto.
En el ámbito familiar, es entendida como restaurativa de las relaciones familiares y sociales, así como responsabilizadora de las decisiones futuras de la familia tras una situación de ruptura de la convivencia o cambio de circunstancias personales y/o económicas de sus integrantes, existiendo hijos menores de edad o en situación de especial vulnerabilidad. En concreto, se centra en el ejercicio de la corresponsabilidad de la parentalidad; la distribución de los tiempos con los menores; la atribución del uso del domicilio familiar; la cuantificación y distribución de los gastos de los menores; y la compensación económica entre los miembros de la pareja.
