Azpiazu defiende un presupuesto europeo ambicioso para dar respuesta a los retos a los que se enfrenta la UE
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El Consejero de Hacienda y Economía ha propuesto a la Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea situar el presupuesto de la UE en el 2% del PIB de los veintisiete (una vez materializada la salida del Reino Unido), bajo una estricta aplicación del criterio de subsidiariedad. De esta forma, el presupuesto tendría capacidad de inversión en proyectos estratégicos y de mantener políticas orientadas a tener efectos redistributivos. El Consejero ha defendido un presupuesto ambicioso que pueda dar respuesta a los retos a los que se enfrenta la UE.
Sólo de esta forma se podrán desarrollar políticas con la envergadura suficiente para impulsar una Europa Social y reconducir las inversiones que han sido fuertemente castigadas en la periferia europea como consecuencia de las políticas de austeridad.
Con el propósito de impulsar estas últimas se ha defendido la creación de un Fondo de Estabilización Regional para el desarrollo de inversiones en políticas sociales y medioambientales, generadoras de riqueza, que por su efecto multiplicador contribuirían de forma decidida al crecimiento y el empleo en las regiones europeas más castigadas por la crisis, y que permitan acompasar las eventuales reformas estructurales orientadas a la búsqueda de una mayor productividad en dichas regiones.
El Consejero ha mostrado igualmente el compromiso de Euskadi a apoyar y coadyuvar a la concreción de una mayor Europa social, para lo que habrá que destinar recursos y medidas que garanticen mecanismos europeos de carácter social, como pueden ser un seguro de desempleo europeo, un salario mínimo europeo o una renta mínima garantizada o de inserción. A su vez, ha dejado claro que nos encontramos en una etapa vital para apoyar la reactivación económica. Así mismo, Azpiazu ha trasladado la necesidad de disponer de un presupuesto europeo con una orientación hacia un sistema basado más en los recursos propios que en las aportaciones estatales. Para ello, apuesta por nuevos impuestos de ámbito europeo como un impuesto sobre las transacciones financieras e impuestos medioambientales.
