Departamento de Seguridad

Autorización de instalación en establecimientos de hostelería

La regulación de la instalación de máquinas de tipo B y máquinas auxiliares se encuentra en la Sección 4ª ( artículos 51 y siguientes) del Reglamento de máquinas y sistemas de juego por el que se aprueba el Decreto 600/2009 , de 17 de noviembre. , modificado por el Decreto 25/2012 de 28 de febrero y por la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios de mercado interior. (BOPV, nº 84 cd 30 de abril).

  • El número máximo de máquinas que se puede instalar en un establecimiento de hostelería es de 3 que podrán ser:
  • Una máquina de tipo B.
  • Dos máquinas de tipo A.
  • Indistintamente, una máquina auxiliar de apuestas, boletos o de combinaciones aleatorias.
  • Para poder explotar una máquina de tipo B o auxiliar deberá suscribirse la correspondiente autorización de instalación entre la empresa operadora, titular del permiso de explotación que ampara dicha autorización de instalación, y el titular del establecimiento de hostelería. No obstante, el propietario o propietaria del establecimiento podrá reservarse para sí la facultad de suscribir la autorización de instalación, previo acuerdo con la persona física o jurídica que explota la actividad. Dicho acuerdo deberá presentarse en la Dirección de Administración Electoral, Juego y Espectáculos.
  • La autorización se suscribirá por un tiempo mínimo de 3 años y máximo de 6. En caso de no existir una denuncia de vigencia, las autorizaciones con una duración inferior a 6 años se prorrogarán automáticamente por un año hasta cumplir el máximo de 6 años. Una vez transcurrido el período de 6 años de vigencia de la autorización de instalación, ésta se considerará prorrogada hasta que cualquiera de las partes formule denuncia ante la Dirección competente en materia de juego. En este supuesto, la autorización de instalación perderá su vigencia en el plazo de quince días desde la realización de la denuncia
  • La denuncia de vigencia para evitar la prórroga automática podrá ser presentada por cualquiera de la partes en la Oficina Territorial correspondiente, dentro del tercer mes anterior a su vencimiento.
  • El cambio de titularidad del establecimiento o de la empresa operadora no supone la extinción de la autorización vigente, quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y obligaciones del anterior hasta que se cumpla el período de vigencia. No obstante, el nuevo titular podrá denunciar la validez de la autorización de instalación ante la Dirección de Administración Electoral, Juego y Espectáculos, en cuyo caso la subrogación tendrá efectos por un período máximo de tres años, a partir de la fecha de la denuncia.
  • No se entenderá producida la subrogación cuando la autorización de instalación haya sido suscrita por el titular del establecimiento con una antelación inferior a 6 meses respecto a la fecha del cese de actividad. En este caso, recobra la vigencia por el plazo que tuviere la autorización de instalación previa a la suscripción de la nueva autorización de instalación.
  • En caso de que el titular del establecimiento se niegue a la explotación de una máquina instalada por medio de una autorización de instalación vigente, se producirá la inhabilitación del mismo para el sellado de nuevas autorizaciones de instalación hasta que se cumpla el plazo de la autorización de instalación rechazada. En caso de que sea responsable la empresa operadora la misma no podrá disponer del permiso de explotación hasta tanto concurra el mismo plazo.
  • Las causas de extinción de una autorización de instalación son:
  • Cumplimiento del plazo.
  • Mutuo acuerdo.
  • Resolución judicial
  • Inexactitudes sustanciales en la autorización de instalación.
  • Extinción del permiso de explotación que ampara la autorización de instalación.
  • Sanción que conlleve la extinción o suspensión del permiso de explotación que ampare la autorización de instalación.
  • Falta de rentabilidad económica.
  • Si el establecimiento permanece cerrado durante 9 meses initerrumpidos salvo pacto en contrario de las partes.