La comisión interdepartamental creada para esclarecer los casos de supuestas adopciones irregulares hace balance de sus primeros seis meses de actividad

La consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia; la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto; la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu; el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Eduardo Gárate; y varios representantes del Departamento de Interior se han reunido esta mañana con responsables de S.O.S. Bebés Robados. Lo han hecho como integrantes de la Comisión Interdepartamental creada en el Gobierno Vasco para avanzar en el esclarecimiento de los casos de supuestas desapariciones de recién nacidos en hospitales vascos, y sus posteriores adopciones irregulares. La Dirección de Derechos Humanos coordina esa comisión que tiene la encomienda de intensificar el trabajo conjunto ya existente entre los diferentes departamentos del Gobierno, y entre éste y los distintos estamentos del Poder Judicial.

Durante el encuentro de hoy se ha hecho balance de estos seis primeros meses de actividad y se ha informado a las asociaciones de las distintas actuaciones puestas en marcha por el Ejecutivo vasco. Este año el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) de Justicia ha realizado 70 entrevistas y la Ertzaintza ha contabilizado 40 denuncias. Osakidetza ha facilitado ya información de al menos 519 historias clínicas y el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) ha realizado seis exhumaciones.

Entre enero y junio del presente año, el SAV de Justicia, que es el que procura ayuda psicológica y/o asesoramiento jurídico a las personas afectadas, ha atendido 142 llamadas y ha realizado 70 entrevistas. Desde el SAV se les informa también de las posibles actuaciones legales, sin perjuicio de que las mismas se ejerciten por profesionales del derecho, de los beneficios que les puedan asistir por ley (justicia gratuita si se cumplen los requisitos legales, prácticas de pruebas de ADN si las solicita el Ministerio Fiscal, etcétera) y de las diferentes posibilidades de intervención a lo largo del proceso judicial.

Dada la propia complejidad de los procesos judiciales, en algunos casos de difícil comprensión para gran parte de la ciudadanía, y atendiendo a la alarma social generada, la Viceconsejería de Justicia consideró oportuno poner a disposición de las personas afectadas “todos los medios disponibles para facilitarles la información que necesitan para el ejercicio de sus derechos y proporcionarles orientación en cada una de las fases del proceso”, según se recogía en el primer protocolo relacionado con las adopciones irregulares aprobado por el Departamento de Justicia en junio de 2011.

El departamento aprobó también un segundo protocolo para operar en red con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Toxicología. De esta manera, se trabaja en coordinación con el Gobierno de España para centralizar los análisis de las muestras de ADN y establecer una base de datos única (banco de datos), merced a la articulación de un protocolo de actuación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para la identificación genética en los casos de adopciones irregulares y sustracción de recién nacidos en el conjunto del país.

Entre los meses de enero y junio de 2012, la Ertzaintza ha contabilizado un total de 40 denuncias por hechos (acaecidos entre 1950 y 1993) relacionados con la presunta sustracción de recién nacidos para su posterior entrega en adopción (31 de ellas interpuestas en juzgados de Gipuzkoa, nueve en Bizkaia y dos en Araba), instándose a la investigación de los hechos reflejados en las mismas. En 2011 contabilizó un total de 70.

Por su parte, a fecha 31 de mayo de 2012, Osakidetza había recibido 687 solicitudes para acceder a historias clínicas referentes a casos de supuestos bebés robados y adopciones irregulares.

Entre los motivos por los que no se ha entregado la documentación requerida a 168 solicitantes, cabe señalar que, mayormente, se debe a inexistencia de documentación sobre el nacimiento, porque no tuvo lugar en el centro en el que se recibe la solicitud o porque no se ha conservado, conforme a la legislación de la época o por diversas circunstancias ocurridas a lo largo de los años, como obras, traslados, inundaciones, etcétera.

Asimismo, el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), órgano dependiente del Departamento de Justicia y Administración Pública que presta apoyo a Juzgados, Tribunales y Fiscalías de Euskadi, ha realizado seis exhumaciones en virtud de orden judicial dictada en el seno de un procedimiento penal. Concretamente, las siguientes:

1.- Exhumación en Derio (Bizkaia). Ausencia de restos óseos. Solamente aparece pelo (humano), pero no se ha podido determinar de quién.

2.- Exhumación en Polloe (Donostia). Ausencia de restos óseos.

3.- Exhumación en Itsasondo (Gipuzkoa). Ausencia de restos óseos.

4.- Exhumación en Galdakao (Bizkaia). Presencia del esqueleto óseo. Se confirma pertenencia a la familia por estudio genético comparativo con el ADN de los padres.

5.- Exhumación en Polloe (Donostia). Presencia de esqueleto óseo.

6.- Exhumación en Irun (Gipuzkoa). Presencia de esqueleto óseo.