El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el 21 de octubre de 2009 dos actos legislativos que modifican profundamente la normativa antes vigente en materia de comercialización y utilización de productos fitosanitarios, incorporando los postulados de la estrategia para el uso sostenible de plaguicidas y atendiendo a lo establecido en el VI Programa Comunitario de Acción Medioambiental. Estos actos son el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, y la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.

La Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, contiene las disposiciones básicas relativas a la racionalización del uso de los productos fitosanitarios para reducir los riesgos y efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente. Contiene, asimismo, las disposiciones básicas del Plan de Acción Nacional que se precisa para la consecución de dicho objetivo. Todo ello necesitado de su incorporación al ordenamiento jurídico interno, lo que ya se ha hecho parcialmente, como es el caso de las inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios mediante el RD 1702/2011, de 18 de noviembre que traspone al ordenamiento jurídico el artículo 8 y el anexo II de la citada Directiva.

El ámbito de aplicación de la nueva normativa comunitaria y la amplitud del término «producto fitosanitario», definido en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, determinan que afecta tanto a los productos utilizados en las actividades agrarias como a los utilizados en otros ámbitos. Este Reglamento deroga las anteriores Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, que regulaban la comercialización de los productos fitosanitarios, lo que supone que también quedan derogadas las disposiciones objeto de trasposición de dichas Directivas. En su lugar se aprueba el Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Al tratarse de normativa básica las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán desarrollar el citado Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, especialmente en aquellas materias que precisen de desarrollo normativo para un correcto funcionamiento del sistema y en aquella áreas en las que el propio RD 1311/2012, de 14 de setiembre, incluya una previsión de desarrollo y encaje por parte de las Comunidades Autónomas. Tal es el caso del Registro Oficial de Productores y Operadores, que sustituye al anterior Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, creado por la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, del que ya se ha segregado el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas, creado por el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre.

En cuanto a la incorporación de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico de la CAPV, la Orden de 8 de marzo de 1990, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se establecen normas para la Inscripción y funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, somete a inscripción en el Registro que regula a las empresas y profesionales cuya actividad consiste en ejecutar tratamientos de plaguicidas como servicios a terceros. Dicha Orden se ve modificada por la Orden de 27 de febrero de 1995, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, que tiene en cuenta las modificaciones normativas comunitarias que exigen la adquisición de un nivel de capacitación a los aplicadores y al personal de las empresas que prestan servicios de tratamientos con plaguicidas.

Los artículos 42 a 45 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, crean y regulan el Registro Oficial de Productores y Operadores, en el que se integra, como una sección del mismo, el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. Los mencionados artículos definen el Registro, su ámbito, las actividades que comprende, sus distintas secciones, los efectos de la inscripción, su estructura y funcionamiento, la propia inscripción y la revisión de las inscripciones.

El artículo 42.5 del Real Decreto 1311/2012 señala que la gestión del Registro corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales, que podrán establecer, si así lo consideran necesario, una red territorial de oficinas del Registro. La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de «Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos» establece en su artículo 7.b.1 que corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de sanidad vegetal. A tal efecto, habida cuenta de la normativa europea sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, su incorporación al ordenamiento jurídico estatal mediante normativa básica contenida en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, que crea y regula el Registro Oficial de Productores y Operadores, así como la distribución competencial entre Instituciones Comunes y Territorios Históricos que determina la Ley 27/1983, de 25 de noviembre.

En su virtud,