EL Gobierno autoriza la celebración del contrato para la prestación del Servicio Vasco de Gestión de Penas (Consejo de Gobierno 2019-07-30)
30 de julio de 2019
El Departamento de Trabajo y Justicia tiene previsto el inicio del expediente de contratación de la prestación del Servicio Vasco de Gestión de Penas (SVGP), consistente en la ejecución de las medidas alternativas a prisión impuestas por los Juzgados y Tribunales de Euskadi: trabajos en beneficio de la comunidad, suspensiones de la ejecución de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
El contrato tendrá una duración de 32 meses, sin que quepa posibilidad de prórroga alguna ni su división en lotes, y su importe total ascenderá a cinco millones trescientos ochenta y un mil noventa y dos euros (5.381.092).
El Pliego de Condiciones Técnicas del contrato determina que el Servicio Vasco de Gestión de Penas estará compuesto por un equipo multidisciplinar de un total de 40 profesionales entre: criminólogos/ juristas, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo: 6 en Álava, 24 en Bizkaia y 10 en Gipuzkoa.
El Servicio Vasco de Gestión de Penas realiza las funciones encaminadas a la gestión, seguimiento y control del cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, y de las suspensiones y sustituciones de la ejecución de las penas privativas de libertad. Entre otras:
- Informar al penado sobre las circunstancias que concurren a su persona respecto a la ejecución.
- Realizar la valoración del caso para determinar el itinerario individualizado más adecuado o, en su caso, para determinar si existe alguna circunstancia que haga difícil o imposible la ejecución de la pena.
- Elaborar el plan de ejecución y el plan de intervención y seguimiento que mejor se ajuste a las circunstancias del penado y le permita una mejor reinserción social.
- Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las penas, suspensiones y de las medidas de seguridad.
- Dar traslado al Juzgado competente del informe de aquellas incidencias relevantes que condicionen la ejecución de la pena, de los planes desarrollados y del informe final sobre el cumplimiento de la pena.
- Elaborar los informes sociales requeridos por los jueces y tribunales sobre las diversas circunstancias del caso que permiten una mejor valoración de las medidas que deben adoptarse.
