Azpiazu considera "notable" el crecimiento potencial de la economía vasca por encima del 2% y prevé un superávit cercano al 0,2% para 2019

24 de julio de 2019

En 2018, Euskadi logró la convergencia con la UE-15 tras haber sufrido la crisis más duramente
La creación de empleo, la reducción del paro y el crecimiento del PIB por habitante suponen una mejora general considerable
La verdadera brecha salarial se da en la evolución dispar de los salarios en los extremos de la distribución salarial
Euskadi se encuentra a la cabeza de los países con mejores registros en el índice de desarrollo humano y mantiene niveles claramente superiores a los de la media de los países de la OCDE en el índice de bienestar regional

El Departamento de Hacienda y Economía ha publicado hoy el Informe Anual 2018 en el que se constata el modelo virtuoso de crecimiento económico de Euskadi, con unas tendencias estructurales a medio plazo que son:

Solidez de su modelo económico
Competitividad
Cohesión
Estabilidad del sector público y de sus políticas.

El Consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha estado acompañado en la presentación por el Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, y por el Director de Economía, Jordi Campás.

Tal y como han indicado, si bien es cierto que las incertidumbres que se apoderaron de la economía global a finales de 2018 remitieron algo en el comienzo de 2019, la economía vasca se encuentra instalada en un nuevo periodo de crecimiento potencial algo por encima del 2%, “lo que es notable”, según el Consejero Azpiazu.

En 2018, Euskadi logró la convergencia con la UE-15 “recuperándonos de forma brillante en los últimos años”, según Alberdi, y alcanzó un PIB per cápita de 35.130€ corrientes muy cerca de los 35.375€ de la UE 15, pero por debajo de los 40.851€ de Alemania o los 52.853€ de EEUU. “Volvemos a los niveles del corazón de Europa tras haber sufrido la crisis más duramente”, ha enfatizado el Viceconsejero.

Bienestar, distribución de la renta y cohesión

La creación de empleo, la reducción del paro y el crecimiento del PIB por habitante suponen una mejora general considerable. El Informe Anual 2018 indica que la recuperación económica también se ha trasladado al mercado de trabajo, quedando reflejada en el incremento de la población activa en un 0,7% que se produce en 2018, poniendo fin a los registros negativos de los tres años anteriores y elevando la tasa de actividad al 56,6%. Las personas activas son 1.042.600.

Este incremento de la población activa ha ido acompañado de una disminución de la tasa de paro que se situó en torno al 10%. La tasa de empleo se incrementa en todos los tramos de edad, destacando el 20,8% en la población más joven, fruto del incremento de su ocupación en un 10,6%, dato que por otro lado, no impide que nuestra población activa esté cada vez más envejecida y que las necesidades de sustitución por jubilación, valoradas en 19.000 puestos de trabajo en 2018, crezcan hasta los 25.000 para 2030.

Ha de destacarse el incremento de la ocupación registrada en el sector de la construcción, con un 3,6%, los servicios 2,1% y la industria 1,7%. La afiliación a la Seguridad Social se incrementó igualmente en un 2,1% en 2018, destacando en este caso el incremento del 10,6% en la afiliación de población extranjera, superando este colectivo las 60.000 personas afiliadas.

En cuanto a los salarios, el documento recoge que la verdadera brecha salarial se está dando en la evolución dispar de los salarios en los extremos de la distribución salarial, esto es, la evolución del salario de la población con los salarios más bajos, frente al de la población con los salarios más altos, dándose la brecha salarial de género en mayor medida en niveles de renta bajos.

Estas desigualdades en la distribución primaria de la renta, condicionan la evolución de las desigualdades sociales y por lo tanto de la cohesión. Las causas que pueden estar detrás de este empeoramiento con respecto a 2016 se encuentran en el deterioro que se ha producido en las familias monoparentales y en las personas solas, así como los hogares con población inmigrante, cuya evolución, en los tres casos, es creciente en la estructura demográfica del país.

Aun con todo, los indicadores que permiten medir el bienestar más allá del PIB, sitúan a Euskadi a la cabeza de los países con mejores registros en el índice de desarrollo humano (puesto 14 entre EE.UU. y Reino Unido) estando España en el puesto 26.

El índice de bienestar regional, publicado por la OCDE el pasado mes de noviembre, muestra cómo Euskadi se encuentra en niveles destacados en ámbitos como la comunidad, la seguridad o la salud, aspectos todos ellos que se encuentran estrechamente relacionados con el nivel de cohesión, situándose Euskadi en niveles claramente superiores a los de la media de los países de la OCDE.

Análisis del sector público

El Gobierno Vasco salió de la senda de déficit en 2017. Ese año, las cuentas del Gobierno sin considerar el perímetro de consolidación, se saldaron con un superávit del 0,3 del PIB, debido a la regularización de los flujos con el Estado, y registraron otro mayor, del 0,5 en 2018. Por lo tanto, la consolidación fiscal que se iba a cerrar en 2020 con déficit cero se ha logrado tres años antes y ha sido un valor a preservar en el presupuesto de 2019.

El nivel de deuda a finales de año se situaba en el 13,6%, frente a la prevista en el acuerdo con el Estado del 14,2%, con la perspectiva de alcanzar el objetivo del 13% previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para 2020, algo que ninguna otra administración está en condiciones de conseguir. El Consejero Azpiazu ha reiterado la estrategia del Gobierno Vasco de déficit 0, y ha estimado que dada la evolución prevista de la recaudación se va a poder cerrar 2019 con un pequeño superávit del 0,2 del PIB, aproximadamente.

Esta evolución es consistente con una economía cuyo crecimiento real se acerca a su potencial y en este contexto, cualquier llamada a una reducción de la presión fiscal sería expresión de una “mala política económica y presupuestaria”. “Hay que tener en cuenta que queda mucho por hacer en la recuperación de los efectos del ajuste a la crisis, por más que hemos hecho avances significativos, especialmente en este año 2019”, ha señalado. Durante la crisis el Gobierno priorizó la protección de las personas y los servicios públicos fundamentales, en especial la salud, que debido al progreso tecnológico y al envejecimiento de la población demanda crecientes recursos.

El ajuste descansó en buena medida en la pérdida de peso de las retribuciones del personal al servicio público que representan más del 40% del gasto y en la inversión que ofrece una mayor discrecionalidad para su reducción. “Debe quedar claro que lo mismo que los ingresos que se perdieron con la crisis y se sustituyeron por deuda no volverán, no es posible recuperar aquellos gastos en los no se incurrió”, ha explicado Azpiazu.

“No podemos perder el tiempo mirando a un pasado que no puede volver, tenemos que mirar el presente y proyectar futuro. A lo que es posible, esto es, tenemos que aprovechar la recuperación económica para, sin perder de vista el objetivo de los servicios esenciales y de las personas, realizar mejoras en las retribuciones y recuperar los niveles de inversión. Esto es lo que el Gobierno ha venido haciendo y de manera muy destacada en este año 2019”, ha concluido.