El Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, publicado en el BOPV n.º 66, de 7 de abril de 1998, establece la regulación de dichos servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Este Decreto pretende perfilar y adecuar con mayor precisión los requisitos técnicos, materiales y funcionales mínimos a cumplir por los servicios sociales residenciales, con el fin de garantizar el correcto ejercicio de los derechos de las personas usuarias. Pone especial atención en el espacio físico que requiere cada persona residente, así como en la calidad asistencial que ha de recibir.

En el artículo 7 del Decreto 41/1998, de 10 de marzo, se regula la autorización de los servicios sociales residenciales para la tercera edad de titularidad privada por parte de la Administración competente y se señala que, para su obtención, dichos servicios deberán cumplir los requisitos materiales y funcionales que se establecen en los anexos I a IV del Decreto. Así mismo, se dispone que dichos requisitos deberán también ser cumplidos por los servicios de titularidad pública.

En la Disposición Transitoria Primera del Decreto, punto primero, se establece la previsión del plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, para que las entidades titulares de los servicios sociales residenciales para la tercera edad que se encuentren en funcionamiento soliciten a la Administración competente la preceptiva autorización de funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales que les sean de aplicación en atención a su clasificación.

Además, en el punto segundo de la citada Disposición Transitoria, se establece un plazo máximo de cinco años durante el cual la Administración competente podrá autorizar provisionalmente a los servicios sociales residenciales para la tercera edad, si por razones técnicas de construcción o de otra índole, éstos no cumplen alguno de los requisitos materiales y funcionales establecidos en el Decreto, siempre y cuando el informe de la inspección especifique que no afectan a aspectos sanitarios o de seguridad que puedan redundar gravemente en la calidad de vida de las personas usuarias.

El mismo punto segundo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto añade que si transcurrido ese plazo de cinco años los servicios sociales residenciales para la tercera edad no hubieran cumplido los requisitos técnicos aplicables en función de su tipología, o habiéndolos cumplido no hubieren solicitado la preceptiva autorización definitiva de funcionamiento, la Administración competente procederá al cierre del centro donde se estuvieran prestando esos servicios.

En el artículo 8 del Decreto 41/1998, de 10 de marzo, se regula la homologación de los servicios sociales residenciales para la tercera edad de titularidad privada, y se indica que, a tal efecto, deberán cumplir los criterios que se establecen en el anexo V del Decreto.

En la Disposición Transitoria Segunda del Decreto, punto primero, se establece el plazo de un año, desde su entrada en vigor, para que las entidades titulares de servicios sociales residenciales para la tercera edad referidas en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera del Decreto, caso de que estuvieren concertados con cualquier Administración Pública Vasca, soliciten a la Administración competente la preceptiva homologación, previo cumplimiento de los criterios que se establecen en el anexo V del Decreto.

En el punto segundo de la Disposición Transitoria Segunda se establece que, durante el plazo de vigencia de la autorización provisional de los servicios sociales residenciales, la Administración competente podrá homologarlos provisionalmente, caso de existir concertación previa.

En el mismo punto se indica que si cumplido ese plazo de cinco años las entidades titulares de los servicios sociales residenciales para la tercera edad no hubieran cumplido los criterios para su homologación definitiva o habiéndolos cumplido no la hubieren solicitado, la Administración competente rescindirá el régimen de concertación existente.

Por otro lado, con fecha 3 de abril de 1998, entró en vigor el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dictado, al igual que el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, en desarrollo de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales.

Con la entrada en vigor del Decreto 40/1998, de 10 de marzo, las Administraciones Públicas competentes pusieron en marcha los servicios de inspección de servicios sociales. El personal técnico de estos servicios ha venido realizando un análisis exhaustivo, documental, material y funcional de todos los servicios sociales residenciales para la tercera edad regulados por el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, con objeto de determinar su grado de adecuación a esa normativa. Por primera vez, se ha tenido un conocimiento exacto de la situación de los servicios objeto de inspección. El resultado de la actividad inspectora es la comprobación de que la aplicación estricta a servicios sociales residenciales en funcionamiento a la entrada en vigor del Decreto 41/1998, de 10 de marzo, de alguna de las condiciones técnicas incluidas en el anexo II del mismo, concretamente, la especificación técnica n.º 2 (barreras arquitectónicas y urbanísticas) y/o la n.º 6 (habitaciones) se traduce en una imposibilidad de cumplimiento en algunos supuestos en que, por lo demás, se detecta una observancia favorable del resto de los requisitos técnicos, superando, en algunos casos, los mínimos exigidos por el citado Decreto. Así mismo, se objetiva que en otros casos la ejecución de obras de adaptación es viable y que ello permitiría el cumplimiento de ciertos requisitos técnicos que de momento no se satisfacen, básicamente, los anteriormente apuntados.

Así pues, la práctica acumulada por los servicios de inspección de las Administraciones competentes desde la entrada en vigor del Decreto 41/1998, de 10 de marzo, aconseja la sustitución del enunciado de la Disposición Transitoria Primera, al haberse agotado su periodo de vigencia, por otro que resulte eficaz. Así, la nueva redacción de la Disposición Transitoria Primera, diferenciada en tres apartados, se refiere a la autorización de los servicios sociales residenciales en funcionamiento con anterioridad a que el Decreto en cuestión cobrara vigencia. La introducción en el texto de la necesaria sustitución de la Disposición Transitoria Primera, obliga, así mismo, y por idéntico motivo, a adoptar una medida similar con respecto a la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 41/1998, de 10 de marzo, que trata sobre la homologación y cuya nueva redacción se estructura en dos apartados, así como a añadir una Disposición Adicional, acerca de la concertación con las Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, oídos los órganos consultivos interesados, de conformidad con la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 31 de mayo de 2005,